Sí establece la reforma la intervención de los padres en resolver problemas de escuelas, y lesiona la gratuidad de la educación

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presupuesto para educación en Guerrero sólo se destina al pago de salarios de los trabajadores, y la inversión para habilitar o restaurar la infraestructura educativa es insuficiente, y los padres de familia se encargan de cubrir, mediante cuotas, los servicios y necesidades de las escuelas. Pero las autoridades insisten en que la gratuidad de la educación no está en riesgo por la reforma educativa.
Pero esta intervención se elevó a rango constitucional en diciembre de 2012, con la reforma que ahora establece en el artículo 73 la autonomía de gestión, para “la compra de materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”.
Además, en el artículo tercero constitucional la gratuidad ya no es la característica principal de este derecho. En el primer párrafo dice: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación básica y media superior serán obligatorias”.
En la fracción sexta, reformada en 1993, de forma concreta reza: “Toda educación que el Estado imparta será gratuita”; lo cierto, es que hace mucho los padres pagan cuotas de inscripción, materiales didácticos, compran guías adicionales a los libros de texto gratuito, mantienen los servicios de agua, luz de las escuelas, arreglan desperfectos, construyen aulas y sanitarios, sumados a otros gastos de traslado y alimentación.
En Guerrero, el director del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), José Efrén López Cortes, reconoció que tienen ocho mil demandas de mejoras o construcción, de 10 mil 200 escuelas en total, pero sólo atienden alrededor de 300 demandas; pero cada día surgen más.
Por separado, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) coincidieron en que hay una intención privatizadora en el artículo 73, y para rechazar esta versión, el secretario de Educación del gobierno federal, Emilio Chuayffet, declaró que se van a prohibir las cuotas escolares, pero no dijo cómo se resolverán las necesidades escolares.
El artículo 73 señala que para brindar un servicio profesional, en términos del artículo tercero de la Constitución, se deben “establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales… (y) dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público”.
En el  transitorio quinto, se reglamenta la autonomía de gestión para, “establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural”.
Al respecto, un enviado el SNTE a Guerrero, Noé Rodríguez García, señaló que este apartado, implica la renuncia lenta del Estado a hacerse cargo de las escuelas, pero la iniciativa no se aplicará de facto, comenzará en las escuelas de tiempo completo, pero se extenderá al resto, mientras no se destine más financiamiento a la educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En el segundo párrafo del transitorio quinto dice: “En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos, a partir de microempresas locales”.
Rodríguez García advirtió que el suministro de alimentos a las escuelas a través de microempresas, es sin duda una estrategia de privatización de la educación pública, porque abre una puerta a la inversión de particulares en el sector.

La iniciativa de la CETEG

Tras un mes de movilizaciones, la CETEG acordó con el gobierno estatal la presentación de una iniciativa de adiciones a la Ley Estatal de Educación, que se debe adecuar a la Carta Magna en un periodo de 180 días hábiles a partir de la publicación de la reforma.
De entrada, señalan en el decreto que el gobierno estatal debe invertir 6 por ciento del Producto Interno Bruto de la entidad, para la “construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo, ya que es obligación y está a cargo de la SEG, como órgano de gobierno del estado y de la Secretaría de Educación Pública”.
Asimismo, prohíbe las cuotas escolares, de inscripción y de cualquier tipo que tenga que ver con las necesidades de las escuelas públicas, en virtud del artículo tercero constitucional, que aún señala la gratuidad de la educación.
En cuanto a la participación de padres, se especifica que “es obligación y responsabilidad de las autoridades educativas del gobierno estatal y federal, el sostenimiento de las escuelas, por mandato constitucional, y no de los padres de familia; sin menoscabo de la gestión que haga en otras instancias”.
Se concluye que los derechos y obligaciones de los padres de familia, “son participar en la comunidad escolar únicamente con fines de apoyo al proceso educativo de sus hijos. Las asociaciones de padres de familia vigilarán que los alimentos que expendan o se proporcionen en las instituciones educativas, cuenten con los requisitos mínimos de nutrición, que ayuden al sano desarrollo del educando, la de colaborar con las autoridades educativas para evitar la venta de alimentos con bajo o nulo valor nutricional”.