Destituye el Ayuntamiento de Tierra Colorada al director de Seguridad, acusado de colusión con la delincuencia

Zacarías Cervantes

Tierra Colorada

Luego de que policías del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de lo que era el movimiento de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ocuparan esta población en busca de los homicidas de su comandante de San Juan del Reparo, Guadalupe Quiñones Carvajal, la procuradora de Justicia del estado, Martha Elba Garzón Bernal se trasladó aquí y negoció la entrega del director de Seguridad Pública municipal, Oscar Ulises Valle García, detenido por el movimiento como cómplice de la delincuencia organizada que opera en esta cabecera municipal.
Debido a la intervención de la procuradora, la presidenta municipal, Elizabeth Gutiérrez Paz, ofreció que ayer mismo por la tarde pondría a consideración del cabildo la separación de su cargo del funcionario municipal, situación que se confirmó y ocurrió por la tarde.
Después de la una de la tarde, la funcionaria estatal se reunió con la alcaldesa y el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, en la presidencia municipal para tomar dichos acuerdos. Antes se habían reunido los tres en la casa de la presidenta Gutiérrez Paz.
Al final de la reunión en la presidencia municipal, los tres ofrecieron una conferencia de prensa en la que la procuradora justificó la presencia de los policías ciudadanos, unos mil, en ésta cabecera municipal.
El asesinato, detalló la procuradora, “fue lo que motivó que autoridades de la Procuraduría y policía comunitaria armaran un operativo para encontrar al homicida, pero hasta el momento, desgraciadamente, no se ha dado con él, sin embargo se hacen las actividades correspondientes a efecto de que hoy mismo se pueda dar con el homicida”.
La funcionaria explicó que en la reunión previa a la conferencia de prensa, el dirigente de la UPOEG le informó que el comandante asesinado había acudido en días pasados ante instancias  de la Procuraduría de Justicia “para presentar algunas denuncias de irregularidades, como el cobro de piso y extorsión”, de integrantes del crimen organizado.
Por eso, los efectivos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana presumen que el homicidio es por venganza, porque el comandante hizo las denuncias ante la autoridad.
En la misma reunión que se dio anteriormente a la conferencia, el dirigente de la UPOEG  habría hecho los señalamientos en contra de las autoridades municipales por su complicidad con los delincuentes, y en respuesta, en la conferencia de prensa fue la procuradora la que anunció el compromiso de la presidenta municipal de someter a consideración del cabildo la separación del cargo del director de Seguridad Pública retenido por el movimiento ciudadano.
“La presidenta municipal tomó la decisión de solicitar ante el cabildo la separación de su cargo del director de Seguridad Pública, Oscar Ulises Valle García, para que las investigaciones que se lleven se realicen sin ningún problema”, expuso.
Dijo que el cabildo sesionaría ayer por la tarde y lo hizo para destituir de su cargo al jefe policiaco, quien fue entregado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La alcaldesa confirmó que el funcionario municipal estaba retenido por la “policía comunitaria”, (la llamó así a pesar de que ya han habido varios deslindes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias para que no se confunda con su Policía Comunitaria).
Garzón Bernal informó que por el homicidio del comandante de la policía ciudadana, Guadalupe Quiñones Carvajal, la Procuraduría de Justicia integró la averiguación Col/SC/02/052/2013 por el delito de homicidio.
Aseguró la denuncia que había hecho el comandante ciudadano asesinado con relación al cobro de piso y extorsión, ya hay una coordinación con la autoridad federal para realizar las investigaciones.
Sin embargo, después reconoció que no tenía conocimiento de esa denuncia y que se enteró de ella hasta ayer en la reunión con el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido,  y se comprometió a revisar el caso.
Un reportero cuestionó a la procuradora, ya que es común que cuando alguien presenta una denuncia, el personal del Ministerio Público filtra la información a los delincuentes y por eso ocurren casos como el asesinato del comandante Guadalupe Quiñones, y a ello la funcionaria respondió que “hay puertas abiertas en la Procuraduría y yo les agradecería mucho que si ustedes tienen pruebas y pueden señalar a algún responsable pues adelante”.
-Pero los hechos de hoy son una evidencia-, se le insistió.
-Los hechos de hoy se están investigando, ya llevamos a cabo las diligencias correspondientes, pero aquí lo difícil será encontrar a los responsables- esquivó.
A pesar de la numerosa presencia de los policías ciudadanos que prácticamente tomaron la cabecera municipal en busca de los responsables del homicidio, la funcionaria negó que sean éstos los que están a cargo de la seguridad, “está muy claro que aquí nadie va a rebasar las competencias de nadie. Los señores están manifestando un respeto y vinieron con el único fin detener al responsable”, dijo.

Se deslinda la alcaldesa

La alcaldesa panista, Elizabeth Gutiérrez Paz, se deslindó de la acusación que le hizo el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, de que es cómplice de la delincuencia organizada en su municipio y dijo que si detuvieron a su director de Seguridad Pública “es porque solamente lo involucran a él”.
Reconoció que los elementos de la Policía Municipal no cubren el proceso de certificación de confianza que pide el Sistema Nacional de Seguridad, puesto que apenas se va a comenzar el procedimiento en este municipio.
La alcaldesa a veces se veía preocupada y en ocasiones molesta. Cuando salió de su casa para trasladarse al Ayuntamiento se le notaron los ojos húmedos.
Aseguró que el director  retenido tiene carrera policial, pues era policía municipal y que lo designó porque lo conoce, pues fue su compañero en la escuela secundaria.
Aun así se deslindó de él y de las acusaciones en contra de las autoridades municipales, en el sentido de que son cómplices de la delincuencia organizada, pues aseguró que no habían recibido ninguna denuncia de que se estuvieran presentando situaciones como el cobro de piso o extorsión, “y yo creo que si está retenido el director es porque lo están señalando directamente a él”.
Por su parte, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, dijo que habrá reuniones permanentes con las autoridades estatales y que de lo que venga después tomarán la decisión en colectivo en el movimiento.
“No queremos adelantar nada, es un asunto muy delicado, un asunto de seguridad y les pedimos tolerancia para que no hablemos a la deriva y sin elementos”, dijo en la conferencia de prensa.
Agregó que antes de tomar alguna decisión se reuniría con sus compañeros para definir la ruta del movimiento, “porque nosotros no andamos a las ciegas, cuando operamos es porque ya tenemos los elementos en la mano, solamente permítannos seguir trabajando y dar con el origen del por qué mataron a nuestro comandante”, insistió.
Adelantó que si los ciudadanos de este municipio deciden que el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana se constituya también aquí, “adelante, porque nuestro movimiento no tiene reversa, vendremos a poner orden, el peor miedo es no hacer nada”.
Criticó la simulación de las autoridades de todos los niveles, pues denunció que en lugares como Tierra Colorada, en pleno día se cobra pisaje y se extorsiona, “por lo que se debe trabajar también para terminar con la simulación”.
Y luego en relación a la postura del dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Andrés Bahena Montero, quien vino a darle su respaldo a la presidenta municipal y dijo en declaraciones que mete las manos por la alcaldesa, Plácido Valerio opinó que “no es instancia investigadora para que defienda al Ayuntamiento sin antes saber la realidad”, y en ese sentido pidió a los políticos “que no hablen si no tienen información” ni del movimiento, ni de la delincuencia.