Hasta el jueves de la próxima semana irá al pleno del Congreso la reforma pactada con la CETEG

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La iniciativa que el gobernador Ángel Aguirre Rivero envió el lunes al Congreso local, para reformar la Ley Estatal de Educación, será aprobada hasta el jueves de la próxima semana, pero antes se modificará en lo que contravenga a la ley federal, acordó ayer la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo.
El lunes, durante un receso que decretó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Antonio Gaspar Beltrán, el diputado por el PRD se reunió con los integrantes de la Comisión de Gobierno para ponerse de acuerdo en el “trato” que le darían a la iniciativa del gobernador.
La iniciativa de decreto que Aguirre Rivero envió fue realizada en una mesa de trabajo el sábado entre funcionarios estatales, en la que estuvieron la titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Silvia Romero Suarez; el de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, y el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, con decenas de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
El domingo el gobierno estatal firmó con la CETEG la iniciativa de decreto que el lunes a las 9 de la mañana envió al Congreso local, en la que se reforman los artículos 20, 21, 25, 29 y 65  de la Ley Estatal de Educación, y una hora después la Comisión de Gobierno del Congreso se reunió con los maestros inconformes con la reforma educativa federal, con quienes se comprometieron a aprobarla “lo antes posible”.
Pero un par de horas más tarde se reunieron para decidir; ahí el presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, pidió aprobar la iniciativa “tal como iba”, porque así se lo había solicitado el secretario de Gobierno en nombre del gobernador, informaron fuentes del Congreso.
La llamada de Humberto Salgado fue para dejar la responsabilidad del problema de la inconformidad magisterial en manos del Congreso local, porque les pidió que aprobaran la iniciativa como iba y les comentó que tras el acuerdo del estado con los maestros, “el turismo viene bien en Acapulco” y si no se aprobaba se vería afectado.
Sin embargo, uno de los señalados como operadores del gobernador en el Congreso, Antonio Gaspar, fue el primero en oponerse, negándose a aprobar la ley de decreto que envió Aguirre Rivero y pidió que la iniciativa fuera llevada a comisiones.
Esto después de que se planteó la posibilidad de que todos los diputados “acuerparan” la iniciativa y no se enviara a comisiones, además de que a los presidentes de éstas no los habían podido localizar ni vía telefónica, y son el de Educación, el perredista Víctor Salinas Salas; de Presupuesto y Cuenta Pública, otro perredista, Oscar Díaz Bello, y de Desarrollo Económico y Trabajo, el panista Marcos Efrén Parra.
A pesar de que en el pleno la Mesa Directiva envió la iniciativa a comisiones, ésta no fue remitida como tal, porque los presidentes de las comisiones no estaban presentes ni se logró comunicación con ellos.
Otro de los opositores fue el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) Mario Ramos del Carmen, quien definitivamente dijo que no se podría aprobar tal como la envió el gobernador, y el coordinador de los diputados del PRI, Héctor Apreza Patrón, dijo que podrían aprobar la iniciativa pero que varios diputados priistas estarían en contra porque argumentó que la reforma que se plantea tiene “muchas” inconsistencias.
El único que insistían en aprobar la iniciativa tal como la envió el gobernador era el perredista Bernardo Ortega, que finalmente fue mayoriteado por los que se negaron.
En esa reunión se argumentó por parte de algunos diputados que si se votaba a favor la iniciativa del gobernador, entonces el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en su función de abogado de la nación impugnaría la reforma local porque contraviene a la ley federal.
“Así como está diseñada la propuesta del gobernador, contraviene el espíritu de la reforma educativa federal”, afirmó la fuente, y la preocupación de los integrantes de la Comisión de Gobierno es que serán exhibidos por la federación como “una legislatura que no sabe legislar”.
Lo anterior además de que el 10 de enero pasado los diputados locales votaron a favor la reforma federal y esta vez la indicación o “solicitud” del gobernador es que se apruebe la ley que presuntamente contraviene las modificaciones que se hicieron a los artículos 3 y 73 constitucionales, y responsabilizaron al gobernador por “comprometerse y comprometer” al Poder Legislativo en la aprobación de una reforma que sólo evidenciará a los diputados como “desconocedores de la ley”.
La versión más burda que se conoció, es que el gobernador ofrecía 100 mil pesos por voto “a favor y rápido” de la iniciativa de decreto, sin que eso lo pudiera confirmar la fuente.
Finalmente el acuerdo fue que sería hasta la próxima semana cuando estará listo el dictamen de las comisiones unidas y el jueves se llevará al pleno del Congreso, una semana después del plazo que el lunes dieron los maestros al Congreso para aprobar la iniciativa, que de no cumplirse motivará que se movilicen nuevamente, según advirtieron.
En la reunión de la Comisión de Gobierno con el presidente de la Mesa Directiva se aclaró que la iniciativa de decreto que el gobierno del estado y el magisterio realizaron el fin de semana y que el Ejecutivo envió al Congreso local no será aprobada como está.
Ahí se aclaró que no se va a respetar la modificación planteada en el artículo 29 del capítulo dos de los servicios educativos, porque  los “requisitos escalafonarios para la otorgación de promociones a los cargos de dirección y supervisión” es la esencia de la reforma federal.
Y que el Congreso local no se arriesgaría a ser evidenciado por la federación al aprobar una ley que será impugnada por ir en contra de la legislación federal.