Niega PGR información sobre la situación legal de policía vinculado a la desaparición de Eva y Marcial

Hoy se cumplen 60 días desde que el comandante de la Policía Investigadora Ministerial del estado, Cesáreo Espinosa Palma fue entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los campesinos ecologistas de Petatlán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle y al momento las autoridades se han rehusado a dar información sobre la situación legal del implicado y si arrojó alguna pista para dar con el paradero de los luchadores sociales.
A su vez, hoy hace 81 días que no se sabe del paradero de los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), aunque el 17 de febrero fuentes extraoficiales filtraron a los medios de comunicación que un testigo implicado en el plagio, José Jhony López Galván, El Güero, aseguró que habían sido asesinados y luego incinerados.
Al día siguiente la OCESP en un comunicado desmintió la versión, respaldados en trabajos periciales que la PGR hizo a las cenizas que militares localizaron en el municipio de Tecpan, llevados al lugar por el informante arriba mencionado, pues según los estudios realizados, no correspondían a restos humanos. Por eso exigió a los gobiernos estatal y federal que redoblaran esfuerzos en la búsqueda de los ecologistas.
La madrugada del 7 de diciembre, Eva y Marcial fueron detenidos por hombres armados cuando viajaban en el autobús 2728, testigos han declarado que un retén militar detuvo el autobús, preguntó por Marcial y luego los dejó seguir. Más adelante, otro retén escoltado por una patrulla de la Policía del Estado volvió a detener el transporte público y a punta de armas de alto poder, bajó a los activistas por la ecología, los sicarios eran encabezados por el comandante de la Policía Ministerial Cesáreo Espinosa Palma.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ocultó desde entonces el paradero de Espinosa Palma pues ante la exigencia de la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), se argumentaba que gozaba de un permiso para ausentarse de sus labores por incapacidad.
Fue hasta el 28 de diciembre pasado, cuando lo entregó a la PGR y desde entonces la dependencia federal ha negado información al respecto, mientras que la fiscalía local se ha declarado incompetente para hacerlo.
A partir de esa fecha, las hijas de los ecologistas, Victoria Bautista Bueno y Coral Rojas Alarcón denunciaron que el secretario general de gobierno del estado, Humberto Salgado Gómez cortó todo tipo de comunicación con ellas y se cancelaron las reuniones del Consejo de Seguridad que les informaba de los operativos que realizaban y de los avances en las investigaciones.
En distintas visitas a la delegación de la dependencia federal ubicada en Chilpancingo, se negó la información bajo el pretexto de que “el delegado no da entrevistas, toda la información saldrá por boletines” pero no han emitido un solo boletín en cuanto al caso. (Rosendo Betancourt Radilla / Chilpancingo).