Amenazan en un narcomensaje los asesinos del comandante de Tierra Colorada a la UPOEG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La subsecretaria para Asuntos Políticos del gobierno del estado, Rossana Mora Patiño, reveló ayer que la movilización de policías del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano realizado el martes en Tierra Colorada se adelantó, porque estaba planeado que iniciara en coordinación con la Policía Ministerial y la Preventiva estatal.
Reiteró que el origen de la acción fue el asesinato del “policía comunitario” de San Juan del Reparo de este municipio, Guadalupe Quiñones Carvajal, “quien, según la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), había hecho algunos señalamientos en contra de algunas personas, incluido el director de Seguridad Pública Municipal, (Óscar Ulises Valle García), en el sentido de que se estaban cometiendo algunos ilícitos”.
Agregó que según la UPOEG, el cuerpo de la víctima tenía tres balazos en la sien, y que a la organización le hicieron llegar un documento de manera anónima que dice que no se permitirán policías comunitarios en el municipio de Juan R. Escudero que le hagan contrapeso al gobierno municipal, y que los que se atrevan a ir correrán la misma suerte que Quiñones. Está firmado por una persona apodada La Potranca.
La funcionaria dijo que por estas circunstancias, la dirigencia del movimiento tomó el caso como una amenaza directa en su contra “y tomaron la decisión de entrar al municipio y buscar al responsable”.
Dijo que el gobierno del estado, en coordinación con la Procuraduría del estado, “tuvimos reuniones en las que acordamos que la UPOEG entraría a hacer pesquisas pero en coadyuvancia con la Procuraduría, pues la dependencia encabezaría las investigaciones”.
Agregó que “cuando nosotros habíamos alcanzado estos acuerdos (ellos) ya tenían retenido al director de la Policía Municipal con sus policías y después nos informaron que también tenían detenida a esta familia”, en referencia a los seis civiles detenidos en una casa en donde encontraron droga.
Manifestó que el gobierno del estado pactó con el movimiento la entrega inmediata de las personas retenidas, “y la presentación de las denuncias correspondientes, haciendo los señalamientos directos y entregando las evidencias que tuvieran para que la Procuraduría pueda integrar las averiguaciones previas correspondientes y darle seguimiento”.
Expresó que el caso y los detenidos ya se encuentran a disposición de la Procuraduría y que será ésta la instancia que deslindará la responsabilidad de los inculpados para determinar si incurrieron en algún delito. La funcionaria confirmó que los entregados a la Procuraduría son 19 personas, 12 policías municipales, el director de Seguridad Pública y los seis integrantes de la familia.
La subsecretaria dijo que las investigaciones del asesinato del comandante Quiñones, integrante de la policía ciudadana, se hará cargo directamente la Procuraduría y que los integrantes del movimiento solamente serán coadyuvantes.
Reconoció que porque, “ellos tienen ciertos mecanismos para obtener información de la gente, a través de sus contactos y de entrevistas que ayer (el martes) hicieron casa por casa”.
Dijo que por eso se tomó el acuerdo con ellos de que si tuvieran información que pudiera servir para encontrar a los responsables del homicidio se la darían a las autoridades correspondientes para la investigación.
–El gobernador había advertido que si los policías ciudadanos salían de su territorio se aplicaría la ley. Ayer se violentó esta disposición puesto que Tierra Colorada no es población indígena y no hay policía ciudadana- se le mencionó
–Existe esa disposición y el mensaje del gobernador, sin embargo, también hay que tener claro que el decreto que regularía a estas Policías Ciudadanas no ha sido enviado al Congreso y no ha sido aprobado, y el día de ayer lo que ocurrió fue un caso extraordinario porque había una gran inquietud entre los miembros de la organización, pues sentían que habían sido agredidos de manera directa y que el asesinato de esta persona había sido una venganza por haberse atrevido a hacer algunas denuncias.
“Además era una cantidad muy importante de policías comunitarios que se trasladaron, y en el transcurso de la mañana lo que pudimos hacer es irlos replegando para que no hubiera esa actitud que tenían al principio de estar envalentonados, y finalmente sucedió que hubo una gran madurez en los dirigentes y comprendieron que no podían asumir tareas que le correspondían al estado”, agregó.
Mora Patiño aseguró que ayer la tranquilidad ya se había restablecido en Tierra Colorada, “la actividad y la vida ya es normal y se han retirado la mayoría de ellos, y el resto se va a retirar en las próximas horas”.