Vencido el plazo legal, no informa la PGJE de la situación de los detenidos en Tierra Colorada, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares de los 12 policías municipales de Juan R. Escudero que operaban en la cabecera, Tierra Colorada, antes de ser detenidos por los policías del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana el martes 26 de marzo, denunciaron que a tres días de la detención, la Procuraduría de Justicia del estado no les ha informado de la situación jurídica en que están los uniformados.

En entrevista, ayer, coincidieron en que los agentes fueron detenidos “a la mala”, puesto que la mayoría son inocentes del señalamiento que les hace el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, el cual nació de la autodefensa en la región de la Costa Chica de la Union de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrrero (UPOEG).

Esa organización se mantuvo en hermetismo y que se negó a informar  de la situación en que están los municipales. Por lo tanto no se sabe cuántos de los elementos serán arraigados y cuántos serán puestos en libertad luego de que ayer se venció el plazo de 72 horas para que se definiera su situación jurídica.

Ayer, más de una decena de familiares de los policías se mantuvieron, por segundo día consecutivo, afuera de la Procuraduría de Justicia del estado, en espera de información de la situación legal de los agentes que fueron detenidos la tarde del martes en Tierra Colorada por policías ciudadanos y que esa misma noche fueron entregados a la Procuraduría de Justicia del estado, sin embargo nadie salió a atenderlos.

Una mujer que no proporcionó su nombre, dijo, “yo hablo por mi marido, lo detuvieron a la mala. Su padre es de origen campesino, le enseñó buenos principios, como dicen con los delincuentes, que vayan y visiten nuestra casa para que vean cómo vivimos, no puede ser que haya andado en otras cosas, vivíamos de su salario, lleva muchos años como policía, ¿por qué hasta ahora le vienen a decir eso?”.

Dijo que la presidenta municipal, Elizabeth Gutiérrez Paz, prometió a los efectivos municipales que los iba a apoyar en su defensa, pero ayer no les había ofrecido los servicios de algún abogado para que se encargue de defenderlos, “y nosotros no tenemos dinero para pagar un abogado”, dijo.

El resto de los familiares se mostraron reacios a hablar, incluso cuando vieron que se acercaron otros dos reporteros, la mayoría de ellos llamaron a la mujer que estaba declarando y le pidieron que dejara de informar, “luego publican otras cosas”, dijo uno de ellos.

Los 12 policías municipales fueron entregados a la Procuraduría estatal con el director de Seguridad Pública, Oscar Ulises Valle García, quien es acusado por el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG de tener vínculos y ser cómplice de la delincuencia organizada en esa cabecera municipal.

Está programado que entre el jueves y el viernes los policías detenidos rendirán su declaración para definir su situación jurídica y determinar quiénes serán arraigados y quienes serán puestos en libertad.

Mientras tanto, en Tierra Colorada, aunque disminuidos, todavía ayer se vieron las operaciones de los policías ciudadanos en busca de información para dar con los responsables del asesinato del comandante de la policía ciudadana de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, Guadalupe Quiñones Carvajal.

El homicidio de Quiñones fue lo que originó que el martes más de mil policías ciudadanos de los municipios de Tecoanapa, Ayutla, San Marcos, Florencio Villarreal, Copala, Marquelia y Cuautepec ocuparan esa cabecera municipal en busca de los homicidas. Según la UPOEG eran más de 2 mil efectivos.

En el primer día de las acciones, los civiles armados retuvieron al director de Seguridad Pública Municipal, Valle García, a 12 policías municipales y a seis integrantes de una familia en cuya casa encontraron droga, estos últimos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).

Ayer, los comandantes regionales y los policías ciudadanos que se mantuvieron en Tierra Colorada siguieron con sus reuniones con organizaciones, y en las colonias para levantar la opinión de los ciudadanos con respecto a si se constituye en esa población el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, para que se haga cargo de la seguridad en el municipio.