Detiene la PGR a la agente del MP Rocío Cruz Méndez por el caso Ayotzinapa

Jesús Saavedra

Chilpancingo

Al menos 17 ex trabajadores y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tramitaron un amparo ante las órdenes de presentación y de aprehensión que ejecuta desde el viernes la Procuraduría General de la República (PGR).
La PGR ya detuvo a la agente del Ministerio Público Rocío Cruz Méndez, por haber dictado el acuerdo de libertad de un normalista de Ayotzinapa al que se acusaba de posesión de un AK-47 el pasado 12 de diciembre.
Oficialmente la delegación en Guerrero de la PGR no ha informado de las acciones que ha emprendido desde el viernes y ayer sábado, cuando se supo que varios grupos de la Policía Federal Ministerial (PFM) estuvieron en un operativo en Acapulco y Chilpancingo para detener a funcionarios, policías y trabajadores de la PGJE.
No se sabe oficialmente los motivos por los que se han liberado esas órdenes de presentación y de detención, que dio a conocer el viernes el ex procurador Alberto López Rosas, quien denunció que intentó ser detenido en su domicilio en Acapulco.
Este sábado un servidor público que trabaja en el Ministerio Público de la PGJE y que fue a declarar ante la PGR en enero pasado, aceptó que tienen conocimiento de que los juzgados primero y séptimo federal de esta capital obsequiaron órdenes de presentación y de detención contra varios de ellos por la evasión de reos.
La fuente dio a conocer que desde el viernes por la mañana fueron “alertados” de que la juez séptimo de distrito, Lucina Altamirano Jiménez, concedió siete órdenes de aprehensión al Ministerio Público Federal; en tanto que el juez primero de distrito, Jorge Porras Gutiérrez, ordenó la detención de diez servidores públicos de la PGJE.
“Lo que nosotros lamentamos es la falta de solidaridad en el gobierno de Ángel Aguirre, sólo cumplimos nuestra labor y en el gobierno federal protegieron a los policías federales, no hay ningún procedimiento contra ellos y aquí se nos persigue internamente, ahora tenemos estas órdenes de aprehensión y tenemos temor, porque en la federación no juegan y esta es una cuestión política”, dijo.
Se quejó que el gobierno del estado se comprometió a brindarles asesoría legal para atender la denuncia penal que inició la PGR contra los funcionarios en activo de la PGJE por los hechos de Ayotzinapa, pero “hasta la fecha no nos cumplen y tuvimos que recurrir a un abogado particular y pagar con nuestro propio dinero, ya nos dimos cuenta que nos van a dejar morir solos en el gobierno de Ángel Aguirre”.
El abogado dio a conocer que en sus declaraciones que rindieron el mes pasado en el Distrito Federal, cuando fueron requeridos por la PGR, pudieron constatar que estaban siendo investigados por los delitos de tortura, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, actuaciones irregulares y evasión de presos, dentro de la averiguación previa PGR/DGCAP/ZNE/VIII/114ª /2011 que inició el Ministerio Público Federal.
Confirmó la detención de la abogada Rocío Cruz Méndez, quien es auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común en esta capital y quien realizó varias diligencias después del desalojo de normalistas de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre, que dejó como saldo dos estudiantes muertos a tiros.
Cruz Méndez se encargó de dictar, por órdenes del subprocurador César de los Santos Mendoza, quien dijo que era por instrucciones del gobernador Ángel Aguirre, un acuerdo de libertad del estudiante de 19 años Gerardo Santiago Peña, a quien policías ministeriales le sembraron un cuerno de chivo para inculparlo en los hechos violentos.
“Sí detuvieron a la compañera, y la estrategia era dejarnos el fin de semana en la cárcel, darnos el sabadazo, esperemos que la compañera salga bajo fianza”, añadió.
Confirmó que son 17 órdenes de “presentación o aprehensión, no sabemos contra quiénes por los mismo que nos mandaron a traer, obviamente ya estamos amparados, no se alcanzó a amparar la compañera porque todavía la tienen trabajando en la averiguación previa del mismo asunto, no nos dejan comunicarnos con ella, y sí, efectivamente firmó un acuerdo para la liberación del estudiante detenido, ella lo firmó, no sabemos los delitos de los que se le acusa, estamos en busca de información”.
Añadió que desde este viernes decidieron esconderse y buscar información oficial, “pero ni para acercarnos al juzgado, si es delito grave el amparo no nos sirve, nos los quitarían y nos detendrían inmediatamente; por lo pronto estamos amparados contra la orden de aprehensión y de presentación; la idea primero era presentarnos y ahí mismo arraigarnos, pero estamos amparados, y el gobierno del estado hasta este día no nos ha respondido”.
Dio a conocer que agentes federales “nos están buscando a compañeros desde ayer a mediodía, ya sabíamos que iban por nosotros, al parecer son 17, es una información no corroborada, los compañeros están buscando información por distintos delitos y esperaremos el lunes a presentarnos en los juzgados para presentar el amparo y saber de qué se nos acusa”, añadió.
Versiones extraoficiales indican que en la lista de órdenes de aprehensión y de presentación se encuentran el ex procurador Alberto López Rosas y el ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente.
También el aún subprocurador César de los Santos Mendoza; los fiscales Esteban Maldonado Palacios, María Severiana Flores Peña y Pablo Alejandro Jasso Barrera; también los agentes del Ministerio Público María Eugenia Salgado Guzmán y el director de averiguaciones previas José Vélez Zapata; pero también el ex director de la policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdez.