Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* El helicóptero y el gobierno: dos años

Restituir a su servicio original el helicóptero comprado por la Secretaría de Salud para trasladar enfermos en el gobierno de Zeferino Torreblanca, pero que éste usaba para sus traslados y para prestarlo en tareas particulares a sus amigos, es el compromiso que más le fue aplaudido al gobernador Ángel Aguirre en su toma de posesión hace dos años. Cuando se hizo público el uso que el ex gobernador dio al helicóptero, se produjo una generalizada ola de indignación, pero ni eso sensibilizó a Torreblanca, quien no renunció a su comodidad personal y mantuvo a su servicio la aeronave. Esa exhibición de mezquindad y desprecio por el interés público por parte de su antecesor le permitió a Ángel Aguirre presentarse como un político sensible a los reclamos sociales, de “izquierda”. En ese contexto pudo anunciar aquel 1 de abril: “He instruido que el famoso helicóptero que tanto debate y polémica ha generado, estará dedicado única y exclusivamente a atender casos de emergencia en los servicios de salud. Ni para uso del gobernador ni de sus colaboradores. Estará única y exclusivamente para estos propósitos”.
Pero la realidad es que el helicóptero marca Agusta, que costó 36 millones de pesos extraídos de los recursos del Seguro Popular, jamás transportó a ningún enfermo, ni con Zeferino Torreblanca ni con Ángel Aguirre. Se volvió a saber de él hace un año, en marzo de 2012, porque fue utilizado en la grabación de un video que la actriz Jennifer López filmó en Acapulco. Se supo entonces que después de que en marzo de 2011 fuera empleado por el ex regidor del PVEM, Fernando Reina Iglesias, para romper en la laguna de Coyuca un récord Guinness de esquí, la Secretaría de Salud tuvo que reparar el helicóptero, porque sufrió daños debido al contacto con el agua.
Con la reaparición del helicóptero en la filmación del video de Jennifer López, trascendió el destino que tuvo después de la promesa de Ángel Aguirre en su toma de posesión: era utilizado para transportar a funcionarios y amigos del gobernador. En él han viajado el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Salgado Leyva, y su esposa; el entonces diputado local Evodio Velázquez Aguirre; el senador Sofío Ramírez Hernández, cuando era secretario de Desarrollo Social; el ex subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide, y la secretaria de Educación, Silvia Romero. (Reforma, 14 y 15 de marzo de 2012).
Más recientemente, el pasado 1 de enero, indignó conocer que no solamente el helicóptero Agusta es empleado como medio de transporte para funcionarios, amigos y familiares del gobernador, sino también otros helicópteros de la flotilla del gobierno, y que entre los usuarios se encuentran el hermano del gobernador, Mateo Aguirre; el empresario Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), influyete amigo de Aguirre y hermano de la representante del gobierno del estado en la ciudad de México; el ex senador Silvano Aureoles, hoy coordinador de los diputados federales del PRD, y Carlos de la Colina, cuando era director de TV Azteca Guerrero. En esa lista también figura Lázaro Mazón Alonso, el titular de la SSA. (“Usan de taxis flotilla oficial”, Reforma, 1 de enero de 2013, publicada también en estas páginas de El Sur).
En conclusión: la solemne y aplaudida promesa del gobernador Ángel Aguirre fue miserablemente incumplida, y una sensación de fraude se esparció en la opinión pública cuando se confirmó que no sólo no había cumplido ese compromiso, sino que durante casi dos años había hecho exactamente lo mismo que Torreblanca. En enero de este año se puso a la venta el helicóptero, según dijo Aguirre con el objetivo de comprar otro más adecuado para servir de ambulancia aérea, sin que a la fecha se sepa si realmente fue vendido y si su reemplazo fue adquirido.
Parecerá una simplificación excesiva, pero esa es la historia de los dos años del gobierno de Ángel Aguirre, pues el manejo fraudulento del caso del helicóptero se repite prácticamente en cualquier área. Por ejemplo, se comprometió a esclarecer y castigar el asesinato de Armando Chavarría, pero no ha hecho nada. Ofreció restablecer la tranquilidad social, destruida por la inseguridad y la violencia, y no ha podido. Denunció gigantescos desvíos de recursos cometidos en el gobierno de Zeferino Torreblanca, pero no ha levantado cargos contra él y se conforma con llamarle “pirrurris” y arrojarlo a las fauces de los medios, pero no a las de la ley.
Empujado por los compromisos que él mismo se impuso y las circunstancias creadas por su decisión de renunciar al PRI, Ángel Aguirre estaba obligado a ejercer un gobierno que se diferenciara de una manera perceptible del primer mandato que encabezó en carácter de interino, del fúnebre y nefasto gobierno de Torreblanca y también del que eventualmente habría puesto en práctica su primo, el priísta Manuel Añorve contra quien contendió en la justa de 2011.
Pero dos años más tarde, próximo ya el declive de su gestión de cuatro años y medio, los hechos confirman que las expectativas depositadas en su candidatura fueron una pura y simple ilusión óptica, y que dirige una prolongación del interinato que le fue adjudicado por la hegemonía priísta tras el derrumbe de Rubén Figueroa Alcocer. Si en su campaña se comportaba como candidato del PRI, en el poder se comporta como un gobernador del PRI, haciendo a un lado a la izquierda que lo catapultó al poder. El mayor de sus esmeros se localiza en los proyectos de infraestructura que demandan inversiones millonarias (el Acabús, el macrotúnel paralelo a la Escénica), para lo cual hizo aprobar en el sumiso Congreso local los cuestionados proyectos de pagos por servicio (PPS), que implican un pesado endeudamiento de largo plazo y llevan consigo una fuerte carga de corrupción.
Con el empresario Zeferino Torreblanca, el primer gobierno de la izquierda en Guerrero no pudo resolver ninguno de los viejos problemas de pobreza y marginación del estado, y terminó envuelto en una crisis de inseguridad y violencia como no se había visto nunca. El descrédito del gobierno zeferinista fue la plataforma en la que se montó Ángel Aguirre para abanderar el abatimiento de la violencia y la recuperación de la tranquilidad social, pero la situación hoy es todavía más crítica que en el sexenio anterior, pues la violencia se ha intensificado y en los hechos el gobierno ha perdido el control de amplios territorios en la Costa Grande y Tierra Caliente, mientras Acapulco es ahora la ciudad con mayor índice de homicidios de todo el mundo. En este delicado sector los datos demuestran el fracaso de Aguirre, y conviene tenerlos presentes. En el último año del gobierno de Torreblanca se contabilizaron en Guerrero mil 468 ejecuciones, cifra casi igual a la de los dos años anteriores. Pero en el primer año del gobierno de Aguirre, el 2011, fueron 2 mil 298, y en el 2012 esa cifra ascendió a 2 mil 350. La mitad, mil 170 homicidios, ocurrieron en Acapulco. Por otra parte, continúan las ejecuciones de líderes sociales y los grupos paramilitares permanecen intactos, como si los años no pasaran en Guerrero. Y en materia de justicia el asesinato de los dos estudiantes normalistas el 12 de diciembre de 2012 dejó en el gobierno una marca indeleble, distintiva del estilo truculento de Aguirre de ejercer el poder.
Como si algo faltara en esta enorme impostura, el priísmo manifiesto que domina las acciones de Aguirre se vio agudizado por el triunfo de su amigo Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales del año pasado, lo que podría traer como consecuencia la devolución (pactada o arrancada) de la gubernatura al PRI en los comicios de 2015. Quizás nada se perdería en ese posible desenlace, a la vista de las ruinas que han dejado los dos gobiernos del PRD. Qué le costaba cumplir su palabra.

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