Recibe amenazas de muerte, denuncia ante visitador de la Codehum el dirigente mixteco preso en Ayutla

Rosendo Betancourt Radilla

Ayutla de los Libres

El dirigente indígena Maximino García Catarino relató al visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, que en su encierro en el penal de esta ciudad es víctima de amenazas de muerte, sus raciones de comida son mínimas y duerme en el suelo.
El dirigente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), también dio cuenta de que en su comunidad, Juquila, de este municipio, un hombre llegó y amenazó de muerte a los dos profesores que daban clases a 35 niños de primaria y 20 de prescolar, por lo cual desde hace dos semanas están sin clases.
El representante de la Codehum se comprometió a intervenir ante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para que mande personal cuanto antes.
De las amenazas, Hipólito Lugo charló con el director del penal, Isidro Gómez Rico y le pidió especial atención a las medidas de seguridad de Maximino; fue secundado por el coordinador regional de la Costa Chica de la Codehum, Juan Silva Santana, hasta que lograron arrancarle un “será mi prioridad”, al funcionario.
El 21 de enero Maximino García fue detenido por elementos de la Policía Investigadora Ministerial mientras se encontraba en su casa, en Juquila. Los ministeriales lo patearon en el transcurso a la cabecera municipal y le exigieron 20 mil pesos para dejarlo libre, describió.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo acusa del asesinato de Juan Teodoro García a pesar de que el día y a la hora en que se dieron los hechos Maximino estaba reunido con la regidora de Asuntos Indígenas del municipio, Guadalupe Castro Morales, según consta en las minutas de acuerdos.
Maximino cuenta además con medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que le fueron concedidas a raíz del asesinato de los dirigentes de la OFPM, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, el 20 de febrero de 2009.
Por estas medidas, la Procuraduría del estado tenía que haber realizado una investigación exhaustiva de las acusaciones, pero aceptó las declaraciones y se pasó por alto las medidas, explicó el abogado Rogelio Teliz García.

Hacinamiento y falta de
seguridad

Ayer el personal de la Codehum acudió al penal para escuchar las condiciones en que se encuentra el recluso, éste les dijo “primero quiero pedirle que llamen al gobierno a que deje de perseguir a los dirigentes, estoy aquí y mi único delito fue pedir beneficios para mi pueblo”.
“Aquí adentro hay otros internos, tres o cuatro que me han amenazado de muerte, son de los que están en contra de nuestra organización”, denunció.
Luego relató que cuando acuden a visitarlo sus abogados hay siempre un par de custodios escuchando todo lo que platican, “no me dan derecho a la privacidad y ni siquiera me dejan leer el periódico para informarme de lo que pasa afuera, los policías dicen que está prohibido”.
“Tampoco tengo cama, estoy durmiendo en el suelo y me dan muy poca comida, no tengo espacio para poner mis cosas que me trae mi esposa, tengo que cargarlas en la mano o molestar a alguno de los presos para que me deje ponerlas por ahí”, agregó.
En ese tenor, pidió al visitador “dígale al presidente de la Codehum que estoy encerrado por mi participación en el desarrollo de mi pueblo y que le pida al gobierno que deje de encarcelar a los defensores de los derechos humanos, quiero mi libertad y que se investigue a los que me acusan injustamente”.
En presencia de sus abogados Rogelio Téliz García, Santiago Aguirre Espinoza y Fidela Hernández Vargas se quejó “vinieron a visitarme de la comunidad para decirme que amenazaron a los dos maestros que había allá, que si volvían a dar clases los iban a matar”.
“A mí me tienen encerrado y a mi gente la tienen sin educación, eso ya es mucho”.
Explicó que los maestros llegaron a la comunidad por gestiones suyas ante la SEG, pertenecen a un módulo de la escuela Salvador Allende de Coapinola, daban clases a 35 niños de primaria y 20 de prescolar, “los maestros decidieron no ir para cuidar su integridad física y desde hace dos semanas los niños están sin clases”.
Hipólito Lugo le dijo que para la Codehum es preocupante que a él lo hayan encerrado 11 días después de que ocurrió el asesinato del que se le acusa y en los asesinatos de los también dirigentes indígenas de esa zona y con los que Maximino trabajó, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, aún no haya justicia luego de que han pasado tres años.
Tras la reunión con Maximino, el coordinador regional y el visitador de la Codehum entraron a la oficina del director del penal a quien Hipólito Lugo le planteó “pedimos que se privilegie su seguridad, nos avisó de unas amenazas, queremos que se pueda evitar cualquier situación de peligro, sólo pedimos sensibilidad de su parte”.
Charlaron un rato sobre los alimentos y las condiciones de hacinamiento de los reclusos pero ambas partes reconocieron que está fuera de su alcance resolverlas pues la prisión tiene 152 reclusos cuando está construida para 64.
Luego, Silva Santana, el coordinador regional de la Codehum insistió en el aspecto de la seguridad y el director contestó, “será mi prioridad, pero vamos a ser parejos porque si no, hay quejas de los otros internos”.

Postura de Codehum

Entrevistado al final, Hipólito Lugo aseguró que para la Codehum resulta preocupante que personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos de sus paisanos estén involucrados en la comisión de hechos delictivos por la imputación que hace el órgano investigador “hemos escuchado de Maximino que estaba precisamente realizando gestorías para beneficio de su comunidad como lo ha hecho antes”.
“Por casos como éste se instaló el Consejo de Protección y Defensa de los Defensores de Derechos Humanos; en Guerrero, el trabajo de los defensores es de riesgo y mayormente cuando por alguna situación del Estado, que no quisiera llamar justicia selectiva, pero lamentablemente se ven vulnerados en sus derechos humanos, como en este caso es el derecho a la libertad. En la mayoría de los casos son infundadas o realizadas por motivos político, tratan de involucrarlos en hechos que no cometieron, está el caso de Raúl Hernández Abundio de quien se acreditó que no participó en los hechos que le fincó el Ministerio Público”.
“Esperemos que las autoridades investigadoras realicen un trabajo más responsable, más serio y más profesional para evitar que en la cárcel estén personas inocentes, máxime si se trata de defensores de derechos humanos o luchadores sociales y que no hay pruebas contundentes que demuestren su responsabilidad”.
“Cuando se atenta en contra de los defensores que realizan gestiones para el mejoramiento de su comunidad, trasciende el actuar arbitrario del Estado hacia la familia, hacia la comunidad”, expuso.
Luego explicó, “la Codehum no puede incidir en las decisiones que tomen los jueces, los magistrados cuando están conociendo alguna causa penal. No podemos hacer pronunciamientos sobre su inocencia o sobre su culpabilidad, pero puede hacer un llamado para que se respeten las reglas del debido proceso, que se emita una resolución de manera pronta e imparcial, con base en las actuaciones que integran el expediente penal, si hay minutas que acreditan que no estaba en el lugar de los hechos, entonces la consecuencia lógica es que debe de recuperar su libertad de inmediato”.
En cuanto a la falta de maestros en Juquila se comprometió “nos toca tomar cartas en el asunto, buscaremos intervenir ante la Secretaría de Educación para que comisione profesores a esta comunidad y se evite el riesgo de perder un ciclo escolar, sobre todo porque es un sitio marginado”.