Ordenan a la PGR detener a López Rosas por el caso Ayotzinapa

Desalojan la Gran Plaza por narcoviolencia *** Presuntos sicarios incendiaron un vehículo con dos cuerpos decapitados en el estacionamiento del centro comercial a las 5:30 de la tarde, una hora pico en domingo día de cine. En otro automóvil estacionado en la Costera policías hallaron las dos cabezas. “Nadie nos dijo qué sucedía o qué hacer”, se quejan usuarios que salían apresurados y a empujones * Foto: Carlos Alberto Carbajal

 
* Se le acusa de actuar contra la administración de la justicia y desviar y obstaculizar la investigación
* La dependencia anticipa que indaga otros delitos como tortura
* Libera juez también orden de captura contra un subprocurador, un director general, un fiscal, tres agentes del MP, un auxiliar, otro servidor público y un civil

Tiene una orden de aprehensión contra López Rosas y nueve más, informa la PGR

Redacción

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que cuenta con una orden de aprehensión contra el ex procurador Alberto López Rosas por actuar contra la administración de la justicia, favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de justicia y por encubrimiento, en la hipótesis de desviar y obstaculizar la investigación del desalojo de la manifestación de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el que fueron asesinados dos jóvenes el 12 de diciembre .
La dependencia informó que en total son nueve los servidores públicos y un civil que tienen orden de aprehensión, entre ellos un subprocurador, un director general y un fiscal.
La dependencia advierte que continúa investigando otros delitos de competencia federal, como posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, abuso de autoridad y tortura contra quienes resulten responsables, sin distingo del orden de gobierno al que pertenezcan.
Luego que el pasado viernes el ex procurador López Rosas señaló que efectivos de la AFI fueron a su casa con la intención de detenerlo, porque se enteró que tenía una orden de presentación en su contra, ayer la PGR precisó que se trata de una orden de aprehensión que obtuvo de un juez desde aquél mismo día.
En un comunicado de prensa la PGR informa que el juez primero de distrito de Guerrero otorgó el 22 de febrero, 10 órdenes de aprehensión por diversos delitos  federales, contra un civil y nueve servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en relación con la indagatoria PGR/DGCAP/ZNE-VIII/114/2011 abierta con motivo de los hechos ocurridos en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011, en los que perdieron la vida dos estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
Las órdenes de aprehensión contra los servidores y ex servidores públicos de la PGJE son por los delitos contra la administración de justicia, por favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de justicia, delito sancionado en el artículo 225 mencionado código federal.
Aunque no menciona los nombres de las personas contra quienes giraron órdenes de aprehensión, sí menciona sus cargos. Los servidores son el ex procurador Alberto López Rosas; el subprocurador de Justicia que se entiende es César de los Santos; un director general, que se entiende es el teniente retirado Antonio Valenzuela; un fiscal, tres ministerios públicos, entre ellos la agente Rocío de la Cruz Méndez, quien fue detenida el viernes y salió libre tras pagar una fianza, y un auxiliar del MP y otro servidor público.
A López Rosas también se le señala por encubrimiento, en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo, causa prevista en el artículo 400 del Código Penal Federal.
Al civil, que al parecer es el testigo protegido que presentó la PGJE, que señala que los responsables de los disparos contra normalistas fueron policías federales, por los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad y por simulación de pruebas, conductas sancionadas en los artículos 274 y 2489 del Código Penal Federal, respectivamente.
El comunicado indica que las investigaciones realizadas por la PGR están en 48 tomos, con poco más de 33 mil fojas y comprenden actuaciones ministeriales y peritajes en áreas de medicina forense, criminalística de campo, retrato hablado, balística, video, fotografía, química, incendios y explosiones, valuación, tránsito terrestre y dactiloscopia entre otros.
Además la dependencia ha realizado 215 pruebas testimoniales e investigaciones a cargo de la Policía Federal Ministerial, que comprenden la comparecencia de personas, obtención de partes informativos y 280 declaraciones relacionadas con el caso. Enfatiza que el agente del MP de la federación acreditó la comisión de delitos de los órdenes federal y local, y consignó los de su competencia.
Agrega que envió a la Procuraduría de Justicia de Guerrero copia del expediente, para que proceda de conformidad a sus atribuciones legales a consignar por los delitos de “homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, encubrimiento por favorecimiento, falsedad de declaraciones ante una autoridad, contra la administración de justicia, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y objetos, lesiones, daño en propiedad ajena y abuso de autoridad, contra quien o quienes resulten responsables”.
El viernes pasado López Rosas en su casa señaló que se enteró un día antes que había una orden de presentación en su contra y que al volver de hacer ejercicio se percató que afuera de su casa había agentes de la AFI, así que de inmediato se metió a su casa. López Rosas canceló la conferencia de prensa que había convocado, en la que anunciaría que se registró como aspirante a la candidatura del PRD a la alcaldía de Acapulco y dentro de su casa denunció la presencia de los agentes de la AFI, se declaró un perseguido político y anunció que aun así se registrará como aspirante a la presidencia municipal del puerto.
Ese mismo día se dio a conocer que no sólo él tenía una orden de presentación, sino otros funcionarios y servidores públicos de la Procuraduría de Justicia.
El pasado 12 de diciembre dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron asesinados durante un desalojo que hicieron efectivos de corporaciones policiacas estatal, ministerial y federal. Ese mismo día, en una conferencia de prensa, López Rosas dio a conocer la detención de un joven de 19 años a quien dijo en esa ocasión tenía cargadores y llevó a los policías ministeriales al lugar donde dejó un rifle de asalto AK-47 que habría sido utilizado en los hechos de violencia.
La CNDH en su informe preliminar señaló que hubo “graves violaciones” a los derechos humanos, que autoridades estatales trataron de ocultar la verdad de los hechos y fabricar culpables. Señaló que al normalista Gerardo Torres se le torturó y se obligó a disparar un AK-47 para culparlo de haber disparado.
La PGJE detuvo a dos policías ministeriales, Ismael Matadama salinas y  Rey David Cortés Flores, acusados del homicidio de los dos estudiantes normalistas, quienes se encuentran en la cárcel.
La Contraloría de la Procuraduría de Justicia comenzó un proceso administrativo contra un grupo de 40 agentes y comandantes de la PIM, por “actos arbitrarios y limitar indebidamente las manifestaciones de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”.
Hace menos de dos semanas el gobierno del estado destituyó a siete funcionarios de la Procuraduría de Justicia por su presunta responsabilidad en “actuaciones irregulares” en el caso Ayotzinapa. Entre los funcionarios cesados están tres fiscales, un comandante de la PIM y tres agentes de la PIM.

Se atropella a las instituciones del estado, dice López Rosas

Redacción

El ex procurador de Justicia del estado de Guerrero, Alberto López Rosas, se solidarizó con los acusados de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y condenó la detención del ministerio público, Rocío Cruz Méndez.
“Me solidarizo plenamente con el personal de la PGJE que ha sido hostigado, en especial con la abogada y agente auxiliar del Ministerio Público, Rocío Cruz Méndez, quien fue detenida sólo por cumplir con su deber; como se ha perseguido, detenido y procesado a otros para tender una cortina de humo y poner a salvo a una corporación federal que se ha distinguido por el uso y abuso de su fuerza en contra de ciudadanos comunes, a lo largo y ancho del territorio nacional, ofertándola Felipe Calderón como policía modelo ante el país, por ello, justifican el atropello a las instituciones del estado”.
En una carta a la opinión pública, López Rosas, quien se registró como aspirante a la candidatura del PRD a la alcaldía de Acapulco, afirma que afrontará las acusaciones en su contra que formula la PGR y asumirá la defensa de la institución porque, dijo, no admitirá “que se avasalle más a nuestra gente”.
López Rosas, que tramitó un amparo que surtirá efecto a partir de hoy, afirma que exigirá ante el juez que comparezca el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que explique quién dio la orden a la Policía Federal que llegara fuertemente armada, la orden de disparar y levantar las evidencias, alterando con ello la escena del crimen.
Reitera que el gobierno federal ha maniobrado para esquivar la responsabilidad directa de la Policía Federal y señala que a ese interés se incorporó a la CNDH por medio de su presidente Raúl Plascencia y de la Procuradora General de la República (PGR), Maricela Morales.
“Todo el peso de la federación contra ex servidores públicos y en funciones, desde los que estuvimos más encumbrados, como los más modestos. Esto es en sí, un vulgar ‘Michoacanazo’”.
“En Guerrero asumen otra actitud, el celo por la justicia se hace en casa ajena, aquí  aterrorizan, persiguen, desmantelan prácticamente la PGJE, ejercen acción penal contra todos, menos contra quienes dispararon irracional e indiscriminadamente al aire y de frente a los manifestante, como ha sido reconocido por la propia SSPF”, indica la carta.

Sí tiene López Rosas responsabilidad penal y administrativa, asegura Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró ayer que el ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, sí tiene responsabilidad administrativa y penal en el caso del desalojo de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Y mencionó tres razones: la primera porque él era el procurador el 12 de diciembre, cuando ordenó que hicieran presencia durante el desalojo un grupo de policías ministeriales, de entre quienes cuando menos seis o siete iban armados y dos de ellos están plenamente identificados que fueron los que dispararon contra los manifestantes; por haber validado un expediente elaborado por sus subalternos para inculpar al estudiante Gerardo Torres Pérez, quien fue acusado falsamente de portación de un arma y de haber disparado; y por el delito de tortura en contra de este estudiante, mismo que el entonces procurador trató de ocultar, al desmentir que haya sido torturado y sostener la versión de que sí iba armado e incluso que hizo disparos en el momento de la operación de desalojo.
Entrevistado ayer por teléfono, el abogado de Tlachinollan explicó que no ha tenido acceso al expediente que elabora la Procuraduría General de la República (PGR) contra los ex funcionarios y servidores públicos por el caso Ayotzinapa, por lo que no puede definir los delitos por los que se les acusa.
Pero agregó que quien se asume todavía como procurador con licencia “dio la orden a la Policía Ministerial para que se desplegara al lugar de la manifestación y fue el responsable de que de entre el grupo que acudió, cuando menos seis o siete llegaran armados y dos de ellos (Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas) se ha comprobado que dispararon y que por la trayectoria de las balas fueron las que mataron a los estudiantes”.
Añadió que el argumento del ex procurador, en el sentido de que los agentes ministeriales no fueron los que dispararon “está fuera de lugar, pues hay todo un expediente que señala lo contrario”.
Sin embargo, añadió que eso no implica que los agentes federales que estuvieron en el desalojo de los estudiantes de Ayotzinapa no sean responsables, “pero concretamente están identificados los dos agentes ministeriales que están detenidos, como los que dispararon por su ubicación, el ángulo de tiro y la trayectoria de las balas que fueron de oriente a poniente, precisamente en donde se encontraban ellos apuntando sus armas”.
Dijo que todo esto no lo quiere reconocer o pretende encubrir López Rosas, quien lejos de ello se presenta como víctima y como perseguido político.
Abundó que López Rosas es también responsable por la tortura contra el estudiante Torres Pérez, que no cometieron los policías federales, sino los policías ministeriales bajo su mando.
Además, subrayó, el ex procurador validó el expediente que se elaboró en contra del joven normalista con acusaciones falsas.
Vidulfo Rosales se preguntó que cómo se puede deslindar al ex procurador de este caso, si incluso seis ex funcionarios “de medio nivel”, que estaban bajo su mando, ya fueron separados de sus cargos por haber sido los “artífices” de la elaboración de este expediente con una falsa imputación.
Y recordó que se comprobó que en la Procuraduría de López Rosas se armó toda la historia de que el estudiante iba armado con el AK-47, que disparó en el momento de los hechos y de que incluso agentes lo fueron siguiendo y que el alumno “todavía iba disparando y que después vieron que tiró el arma en donde la encontraron, y todo eso fue avalado por Alberto López Rosas”.
Rosales Sierra explicó, sin embargo, que los ministeriales fueron descubiertos “sembrando” el cuerno de chivo, en el cerro ubicado al poniente de donde fue el desalojo, cuando un grupo de activistas de derechos humanos, dirigentes sociales y periodistas buscaban a estudiantes que se habían refugiado en las colinas. Incluso recordó que el entonces procurador López Rosas se encontraba cerca de ahí, cuando le pidieron que retirara a sus agentes ministeriales para que permitieran que bajaran los estudiantes que todavía estaban escondidos en esa zona.
“Le pedimos que diera las garantías de seguridad a los estudiantes, cuando sus ministeriales andaban armando su historia”, dijo Rosales.
Insistió que después el ahora ex procurador avaló el expediente en contra de los estudiantes y permitió que los agentes lo siguieran torturando para que se declarara culpable, “entonces también por eso tiene responsabilidad, por acción o por omisión”.
Explicó que en este caso el ex procurador cuando menos es culpable por el delito de tortura, “porque es responsable material quien la despliega y quien la ordena es el responsable intelectual”.

No responden funcionarios a la acusación de que abandonan a los requeridos por la PGR

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Funcionarios del gobierno estatal, han respondido con hermetismo y con evasivas al señalamiento de ex servidores públicos y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) –que están siendo requeridos por la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso de Ayotzinapa–, en el sentido de que no se ha solidarizado con ellos y que han asumido su defensa solos, a diferencia de los agentes federales que fueron protegidos por el gobierno federal.
Sólo la subsecretaria de Gobierno para Asuntos Políticos, Roxana Mora Patiño, recibió la llamada telefónica del reportero, pero cuando escuchó cuál era el tema de la entrevista se disculpó: “Estoy atendiendo un asunto familiar, en 20 minutos me comunico contigo”, dijo, pero después no devolvió la llamada y tampoco estuvo disponible su teléfono celular.
Mientras tanto, ni el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, ni el encargado de despacho de la PGJE, Juan Manuel Herrera Campos, respondieron al llamado para responder al respecto.
El sábado, luego de la detención de la agente auxiliar del Ministerio Público, Rocío Cruz Méndez, personal de la PGJE se quejó de que el gobierno del estado los ha dejado solos, que no han recibido su solidaridad y que ellos están pagando su propia defensa legal, a pesar de que el gobierno del estado se comprometió a brindarles la asesoría legal para atender los requerimientos de la PGR.
Al respecto, los funcionarios desde el gobernador han hecho mutis y, por el contrario, según versiones de los mismos servidores públicos que están siendo citados, desde el propio gobierno se alienta el procedimiento legal en su contra “con tal de que el caso se resuelva con la sanción a puros funcionarios menores y la justicia no llegue hasta los altos mandos que dieron la orden del desalojo”, dijo un agente ministerial que compareció el viernes ante la Contraloría estatal como parte de los procedimientos administrativos que se siguen a nivel local, a quienes habrían participado en el desalojo.
El agente ministerial agregó, sin embargo, que si el gobierno federal quiere llegar a la verdad de los hechos, la PGR va a tener que llamar a comparecer al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y a la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez.
Dijo que aunque él no ha sido requerido por la PGR, sus compañeros que sí han acudido a declarar, en su mayoría han coincidido en que ellos solamente recibieron la orden de sus superiores, tanto en el caso de su presencia en el lugar del desalojo, como en la liberación de los detenidos el día del desalojo violento.
Dijo que sus compañeros, tanto agentes ministeriales como administrativos, han contestado en sus comparecencias que el motivo de la protesta de los estudiantes, cuando fueron desalojados con resultado de la muerte de dos de ellos (Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús), obedecía a demandas que no habían sido satisfechas por la Secretaría de Educación.
“Por eso nosotros decimos que si el jale será llegar al final, tendrá que comparecer al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, pues las declaraciones (de quienes han comparecido) coinciden en que el día del desalojo cumplíamos una orden y que los desalojados estaban inconformes por demandas insatisfechas por el gobierno”, concluyó.

Un exceso, que la AFI fuera a la casa de López Rosas para llevarlo a declarar: PRD

Magdalena Cisneros

El presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, calificó como un exceso y una intimidación que efectivos de la AFI hayan ido a la casa del ex procurador Alberto López Rosas, el pasado viernes, por lo sucedido el pasado 12 de diciembre durante un desalojo donde mataron a dos estudiantes normalistas.
Sostuvo que López Rosas es inocente y que está “dando la cara, lo tomamos como un exceso, un abuso de poder y parte de una intimidación en contra”.
El 12 de diciembre policías mataron a dos alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa, y posteriormente, en una conferencia de prensa, el entonces procurador dio a conocer la detención de un joven de 19 años, quien dijo en esa ocasión que tenía en su poder cargadores y llevó a los policías ministeriales al lugar donde dejó un rifle de asalto AK-47, que habría sido utilizado en los hechos de violencia.
Sin embargo, la CNDH en su informe preliminar señaló que hubo “graves violaciones” a los derechos humanos del joven, que autoridades estatales trataron de ocultar la verdad de los hechos y fabricar culpables. Señaló que al normalista Gerardo Torres se le torturó y se le obligó a disparar un AK-47 para inculparlo de haber disparado a los policías.
En declaraciones telefónicas, Reyes Torres afirmó que el PRD siempre ha dicho que López Rosas es un militante distinguido y que no comparten ni creen las imputaciones que hay en su contra, porque están convencidos de que los responsables principales son las fuerzas federales.
Al indicarle que los delitos contra López Rosas son por administración de justicia y encubrimiento, luego de que sembraron un AK-47 a un joven, el perredista reiteró que no creen las imputaciones que le hacen al ex procurador y que debe de investigarse quién dio la orden de que liberaran a la persona que presentaron con un AK-47.
Incluso, repitió que durante una de las primeras reuniones que tuvieron los perredistas con López Rosas, luego que salió de la Procuraduría de Justicia, lo primero que preguntaron fue por qué dejaron en libertad al joven si lo habían acusado de portar un AK-47 y que el ex funcionario respondió que desconocía las razones, porque existía el arma y que él no dio la orden de dejarlo libre. “Confiamos que él es inocente y estaremos muy atentos a los acontecimientos”.
Rechazó que acompañará al ex alcalde de Acapulco si se presenta a declarar hoy ante la PGR, porque tienen diferentes actividades, pero que estará atento a las investigaciones. “Tengo confianza que todo saldrá bien, porque lo conocemos de muchos años y sabemos que es un hombre de trabajo, de izquierda”.
Acerca de que servidores públicos se quejan que el gobierno estatal los dejó solos, Reyes consideró que es bueno que el gobierno no se entrometa en el asunto, que se hagan las investigaciones de manera transparente y que lo único que piden como partido es que no haya “chivos expiatorios”.
Dijo que es correcto que comparezcan todos aquellos que tengan que citar, para que haya una investigación completa.