Desecha el Congreso las propuestas de ley de educación que la CETEG acordó con Aguirre

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó ayer el dictamen de las comisiones unidas, en el cual se rechazó prácticamente todo lo planteado en la iniciativa de decreto que envió el gobernador Ángel Aguirre Rivero para reformar la Ley Estatal de Educación a partir de las propuestas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).
La única propuesta que los diputados conservaron del proyecto fue la adición de un segundo párrafo al artículo sexto de la Ley de Educación del Estado, que quedó de la siguiente manera: “queda prohibido el cobro obligatorio de cuotas escolares, de inscripción y de cualquier tipo que tenga que ver con las necesidades de las escuelas públicas”.
Con decenas de elementos antimotines de la policía estatal resguardando el recinto legislativo, a las nueve de la mañana empezó la sesión del pleno en la que se dio primera lectura al dictamen que presentaron las comisiones unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Desarrollo Económico, en el que se adiciona la Ley de Educación del estado número 158.
Concluida la primera sesión, se citó de manera inmediata a los diputados para sesionar nuevamente, en la que el único punto fue la segunda lectura del dictamen, su discusión y votación.
“Es lo peor que ha hecho este pinche Congreso”, reclamó en la segunda sesión la diputada perredista Abelina López Rodríguez, quien no fue convocada por su coordinador de fracción, el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, para asistir a las sesiones celebradas ayer.
La diputada llegó cuando apenas terminaba la mesa directiva de pasar lista de asistencia, y dijo que “esto es arbitrario, porque no convocaron”.
Abelina López Rodríguez es la única legisladora que abiertamente ha manifestado su simpatía con el movimiento magisterial.
Pero la interrumpió el presidente de la Mesa Directiva, el diputado también del PRD, Antonio Gaspar Beltrán, quien le pidió que cuidara su lenguaje, a lo que Abelina López pidió que el Congreso se ajustara a la ley, y reprochó desde su asiento que hasta las 12 de la noche no les habían enviado el orden del día, pero había un acuerdo de la Comisión de Gobierno en el que los coordinadores de fracciones convocarían a los diputados, sin que Bernardo Ortega hiciera lo propio con la diputada.
Otro perredista, German Farías Silvestre, también reclamó desde su curul porque no fueron convocados en tiempo y forma ni les entregaron el dictamen con las 48 horas de anticipación antes de ser llevado al pleno, con la justificación de que fue un acuerdo de la Comisión de Gobierno, acuerdo que tampoco se les notificó.

La evaluación sólo puede ser federal, dicen dipurados

Las comisiones unidas desecharon la propuesta de crear el Instituto Autónomo de Evaluación del Estado de Guerrero (IAEEG), porque argumentaron que choca con la disposición federal que establece la existencia del  Instituto Nacional de Evaluación Docente.
En la propuesta de origen se planteaba la asignación en el presupuesto del 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector educativo, pero de acuerdo con los diputados encargados de revisar la propuesta, en el estado ya se asigna el 8.85 por ciento.
En cuanto al otorgamiento de plazas automáticas de base a los egresados de las normales públicas, el Congreso local manifestó que en el supuesto de que se contara con los recursos  necesarios para entregarlas, se entraría en conflicto con la reforma educativa federal, que establece que cualquier ingreso como docente será a través del concurso de oposición.
También se planteaba que los ascensos y nombramientos se desarrollen por las vías “tradicionales”, lo que de aprobarse generaría la confrontación legal con la federación, que plantea que todo movimiento ascendente en la estructura del sector educativo debe ser por medio del concurso de oposición, para garantizar que los integrantes de la estructura de mandos tengan los conocimientos correspondientes al cargo.
La diputada Abelina López solicitó a la Mesa Directiva la suspensión de la discusión del dictamen y que ésta se realizara en otra sesión para que los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlo y analizarlo, pero su propuesta recibió seis votos a favor, de los perredistas Nicanor Adame Serrano y Luisa Ayala Mondragón, Tomás Hernández Palma, Jesús Marcial Liborio y Daniel Esteban González, y 31 en contra.

El debate

Después de la segunda lectura del dictamen, se dio apertura a la discusión; en contra, la primera en hacer uso de la palabra fue Abelina López, para arremeter contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el Congreso y el PRD.
Reprochó al gobernador que militó por décadas en el PRI que no sea un gobernante “de izquierda” y dijo que a “justamente dos años del llamado gobierno de izquierda, que la verdad creí que lo sería, resultó ser la réplica de todo un sistema que ha venido funcionando, es triste y lamentable que la izquierda se haya perdido, que a quienes votaron por nosotros hoy les apliquemos el garrote, lo digo con muchísimo dolor de mis convicciones”.
Lamentó que el PRD se incluyera en la firma del Pacto por México, en el que participan el PAN y el PRI, “cómo me produce dolor el saber cada día de esas grandes asimetrías, de desigualdades, es triste que quienes venimos de esa gran lucha a la que hoy nos da vergüenza, de ahí viene el PRD, hoy la izquierda olvida los movimientos, y lo más triste es cómo de manera fast track y oscura, ni siquiera respetando nuestros derechos de diputados, hicieron llegar el dictamen, ¿cómo aplicar la ley si donde se hace la ley se viola?, ¿cómo aplicarla?”.
Deploró que el Congreso local avale que en la ley se obligue a los directores de escuela a asumir la responsabilidad del Estado para hacerse de recursos.

Por congruencia, dijo que no se adhería al dictamen debido a que está fuera de legalidad y repercute directamente en los derechos laborales de los trabajadores de la educación y padres de familia, además de que insistió en que no se siguió el trámite legislativo.
“Hoy se ha olvidado el Estado de garantizar seguridad, pero sí a los movimientos sociales aplicarles garrote”, recriminó la perredista al gobernador Aguirre Rivero.
Lamentó las acciones de Aguirre y la aprobación del PRD a las mismas, “esta es la izquierda, bonita izquierda hemos construido”, dijo, y anunció que continuará “en los movimientos de los que ha surgido el PRD”.
Finalmente anunció: “maestros y maestras, grupos y organizaciones, hoy te digo que voy a estar en tu movimiento, de cara a cara vamos a contribuir desde abajo a generar todo ese gran movimiento que requiere Guerrero, por encima del PRD, si eso significa mi salida, habré de salir con dignidad, pero no puedo continuar ahí donde han pisoteado la dignidad de nuestro pueblo”.
Retó al PRD a regresar “a su origen” y avizoró que de continuar por el mismo rumbo será derrotado electoralmente.
A favor del dictamen de las comisiones pidió la palabra el diputado del PT , Jorge Salazar Marchán, quien insistió en que la discusión debe darse con la federación y el Congreso de la Unión.
Justificó su voto a favor porque “la propuesta que parte del Ejecutivo violenta la legalidad, aprobarla es contravenir la Consti-tución, es una ilegalidad deliberada”.
Dijo además que en los términos en los que se convino la iniciativa entre el magisterio y el gobernador “es una ruta equivocada, producto del amago y la presión, no del debate y la propuesta constructiva”.
Finalmente expresó que “el Congreso local no es la instancia, no debemos debatir las leyes secundarias, la iniciativa de Aguirre es inercial y acrítica, y aprobamos la iniciativa laboral y administrativa proveniente del Ejecutivo federal y aún no escuchamos propuestas viables que permitan abatir los rezagos educativos en mención”.
El perredista Nicanor Adame también subió a tribuna para argumentar su voto en contra del dictamen que presentaron las comisiones unidas, porque dijo que el acuerdo de la Comisión de Gobierno de no enviar el dictamen a los 46 diputados fue aplicaba únicamente para la primera lectura, no para la segunda donde se discutiría y aprobaría.
Egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Adame dijo a los legisladores que tenían en sus manos la oportunidad de terminar “un problema social”, y cuestionó a los diputados porque no hicieron referencia a lo evidente de que “el gobernador ya se lavó las manos, aventó la iniciativa para acá, ahora que asuma las consecuencias”, porque dijo fue una actitud irresponsable de Aguirre Rivero.
Germán Farías también se refirió a la premura de los tiempos, pues no se les dio oportunidad a los diputados de conocer el dictamen, porque afirmó que los asistentes llegaron a aprobar un acuerdo “planchado”, sin mayor análisis. Afirmó que el dictamen fue hecho “con los pies”.
El presidente de la mesa directiva preguntó a los diputados si el tema estaba lo suficientemente discutido para después de la última intervención llevar el dictamen a votación, y la mayoría de los diputados se manifestó a favor.
Intervino el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, y exigió  “congruencia” a los diputados perredistas que hablaron en tribuna; “lo que debería darles es vergüenza a los que se han parado aquí a señalar de rufianes a los maestros, como lo hizo Germán Farías cuando pedía el voto a favor de la reforma educativa federal”, dijo, y leyó textualmente lo que el 10 de abril dijo el perredista.
“No permitamos que intereses mezquinos de unos cuantos rufianes de la educación, que intentan frenar los avances en materia educativa logren su objetivo”, citó, y se burló de que ahora Farías Silvestre “pretenda hacerse de esas simpatías, eso sí es incongruencia”, dijo el coordinador de la bancada del PVEM.
Por alusiones personales pidió hacer uso de la palabra Germán Farías para contestar a Álvarez Angli y reafirmó lo que leyó quien lo antecedió.
“Intereses de unos cuantos rufianes, como hay muchos en el sistema educativo que por ellos van a pagar los verdaderos maestros”, dio, y reprochó también la opacidad con la que la Comisión de Gobierno ha tratado el tema de la iniciativa y las irregularidades que cometieron al no entregar el dictamen a tiempo.
“¿Dónde está la congruencia y la legalidad de la Comisión de Gobierno?”, dijo, y “con mucho respeto” les dijo “también en este Congreso hay una bola de rufianes,  a ver a quién le queda la camisa y quién se la pone”.
En el lado central, donde se ubica la fracción del PRD, el diputado Ángel Aguirre Herrera, hijo del gobernador, intentaba disimular su risa pero en varias ocasiones la hizo muy evidente cuando sus compañeros compartían insultos.
La discusión debió terminar en ese momento pero solicitaron hacer uso de la palabra el diputado priista Héctor Astudillo Flores y Jesús Marcial Liborio, y sin consultarlo al pleno Gaspar Beltrán concedió el uso de la palabra a los solicitantes.
Astudillo Flores remarcó la importancia y el referente nacional que significa lo que ahí se trataba, y habló a nombre de su fracción y llamó a no salirse de la legalidad, a pesar del desacuerdo que pudieran tener.
El diputado priista culpó de todo lo discutido y el problema que se asignó al Congreso local, por “la improcedencia legal” de la iniciativa que envió Aguirre Rivero.
Dijo que ese es el único motivo, y rechazó cualquier “palabra que denigre a la figura del diputado o diputada”.
Pidió no generalizar en los señalamientos, pues Astudillo Flores fue el único que se sintió aludido por lo expresado por Germán Farías.
Marcial Liborio afirmó en tribuna que el movimiento magisterial es resultado de la irresponsabilidad de los diputados, porque no difundieron la reforma federal a la ciudadanía.
Afirmó que el contenido del dictamen es el análisis de las comisiones unidas, que dijo debe ser analizado, “porque de la decisión que tomemos hoy depende una reacción que puede afectar muchos intereses de la sociedad guerrerense”.
Pero el dictamen se sometió a votación, y 35 diputados votaron a favor y siete en contra; estos últimos fueron Abelina López, Nicanor Adame y Luisa Ayala, Tomás Hernández, Jesús Marcial, Daniel Esteban y Valentín Rafaela Solís.
El dictamen de las comisiones unidas no fue firmado por Oscar Díaz Bello, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien no participó en los trabajos debido a que está fuera del estado, informaron algunos legisladores; tampoco firmaron por estar en contra Luisa Ayala y Jesús Marcial.