Tlachinollan

Pobreza y migración en la Montaña

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

En memoria de Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.

En Guerrero se condensa la tragedia de nuestro país; desde hace décadas se encubó la guerra sucia que hoy seguimos padeciendo con los gobiernos panistas. Muchas familias claman justicia y exigen la presentación de más de seiscientos desaparecidos. Hasta la fecha existen en nuestro estado múltiples historias devastadoras sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. No sólo las muertes violentas han creado la fama de un estado bárbaro y bronco sino también las muertes maternas, a causa del abandono y de las políticas racistas contra las mujeres indígenas. Los gobiernos siembran el terror y la muerte, surcan con sangre los terrenos abruptos e inhóspitos donde campea la militarización que sigue sin rendir cuentas a la sociedad por tanta impunidad y tanta prosperidad en el negocio de las drogas.
En nuestro estado se encuentran también los municipios que han competido para ganar los primeros lugares en el mundo en cuanto a los más altos índices de marginalidad. Cochoapa El Grande y Metlatónoc, junto con Coicoyán de la Flores en Oaxaca, conforman el triangulo de la ignominia y la impudicia gubernamental. En este enclave del olvido proliferan las siembras de cultivos ilícitos que generan un proceso de deshumanización porque destruyen los lazos comunitarios y dan origen a la narcopobreza. La siembra de la adormidera es ahora la que permite a varias familias mantenerse dentro de sus nichos étnicos, porque ya no hay nada que les garantice tener algún recurso para comer, para curarse o para comprar útiles escolares. En este laberinto de la desolación, los únicos que aparecen mejor pagados, bien alimentados y apertrechados son los militares que han llegado a La Montaña para hacerle la guerra a los pobres. Entran a los pueblos para causar terror, la población queda sometida a su ley marcial y cualquier persona puede ser molestada en su domicilio, detenida y golpeada, se meten a sus parcelas y destruyen indiscriminadamente sus cultivos, nadie puede reclamar los abusos del Ejército ante la evidencia de que en la periferia de la comunidad exista algún sembradío de amapola.
Lo inexplicable en el plano nacional es que el Ejército no rinde cuentas claras a la sociedad porque los resultados son totalmente adversos a lo que informan oficialmente, ya que la región de La Montaña sigue ocupando el primer lugar en cuanto a mayor incidencia en la siembra de enervantes.
Esta situación trágica que enfrentan los pueblos los ha hecho aparecer como un gran peligro para el país, por tratarse de una región explosiva no tanto por lo que representa la prosperidad de estos negocios, sino por la gran irresponsabilidad del Estado que dejó en el olvido por décadas y siglos a pueblos que son portadores de una gran historia y de una prolífica riqueza cultural. Su alta vulnerabilidad frente a las fuerzas represivas del Estado ha generado un enorme descrédito para los gobiernos mestizos que impunemente lucran con el hambre y el analfabetismo de los transterrados.
En esta Montaña sagrada, los gobiernos traidores han socavado y sepultado la grandeza de estos pueblos. Los han transformado en parias a causa de la ambición desmedida y la obsesión enfermiza de hacer negocio con la pobreza, colocando en la piedra de los sacrificios la sangre de los olvidados.
Las familias sobreviven de la siembra del tlacolol, están condenadas a cosechar no más de 300 kilos de maíz en la temporada de lluvias que sólo les alcanza para comer durante dos meses. La temporada de secas es el tiempo más duro y difícil para las comunidades indígenas porque son los meses en que el hambre (mayantli) entra al pueblo y causa grandes calamidades. En este tiempo las familias tienen que peregrinar fuera de La Montaña en busca del maíz que hace falta para que los hijos puedan crecer y trabajar en el campo. Son los peregrinos del hambre, los desheredados, los que tienen que padecer los estragos causados por gobiernos que discriminan a quienes generan la riqueza del país. El hambre que padecen estas familias ha permitido que los empresarios agrícolas amasen grandes fortunas. Esta fuerza de trabajo poco calificada es la que
necesitan los empresarios para sobreexplotarlos y tratarlos como esclavos. Entre más indefensos estén, más posibilidades existen para cometer abusos, engaños y tratos crueles e inhumanos que les garantizan la obtención de ganancias fáciles y de alto rendimiento. Los empresarios necesitan que en nuestro país existan estas regiones de refugio como La Montaña de Guerrero para trasladar a la población indígena en condiciones indignantes y para tenerlos como una servidumbre sumisa dispuesta a soportar todos los maltratos y desprecios a cambio de un mísero salario.
Se trata de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que entienden su vida desde el campo, que nacen y crecen en los surcos, que por las condiciones de pobreza extrema se ven obligados a comer tortilla fría con chile bajo la sombra de un árbol. No tienen posibilidades de ir a la escuela, tampoco existen alternativas para tener un trabajo remunerado. Toda la actividad agrícola está subsidiada por la misma familia que hace milagros para sobrevivir dentro de la misma comunidad.
El gobierno los ha condenado a trabajar como esclavos, a subsistir como jornaleros y jornaleras agrícolas. Los ha expulsado de sus tierras y los ha desplazado de manera forzada a los campos agrícolas del norte del país para que trabajen como vasallos del capital trasnacional. En estos lugares no importa su nombre, su origen, sus condiciones físicas, mucho menos sus derechos y su dignidad, lo que importa es que rindan, que generen riqueza, que le asegure un futuro lleno de confort a los empresarios.
Los jornaleros y jornaleras agrícolas son invisibles para las autoridades de los tres niveles de gobierno, están siempre de paso y por lo mismo nadie se siente obligado a atenderlos. No tienen derecho a exigir atención porque no hay sentido de pertenencia ni arraigo en los lugares donde se instalan. El gobierno de Guerrero ha evadido su responsabilidad de velar por los derechos de las y los migrantes internos. A pesar de que sabe que son los más pobres, los que nunca han experimentado un trato digno y un apoyo solidario para resarcir los daños seculares que los han colocado en el sótano de la ignominia, las autoridades encargadas de atender a la población indígena son las que menos se comprometen con ellos porque no les representa dividendos políticos.
Como Tlachinollan no podemos ser cómplices de esta tragedia que padecen los jornaleros y jornaleras agrícolas de La Montaña, nos negamos a aceptar esta situación injusta, nos resistimos y nos oponemos a las prácticas racistas que implementan las autoridades y que sólo revictimizan a la población más vulnerable. Por esta razón acompañamos en este viacrucis el drama colectivo de centenares de familias jornaleras. Documentamos y defendemos casos graves que violentan los derechos laborales de las y los jornaleros, sin embargo lo inconmensurable de esta problemática nos impide atacar las causas estructurales de este problema, porque no existen políticas orientadas a proteger los derechos de los migrantes internos. Son invisibles para las instituciones. Comparten el drama con los migrantes centroamericanos, cargan con el estigma de ser tratados como esclavos, por el hecho de no hablar el español y de tener un porte sencillo y humilde.
Su peregrinar está plagado de abusos, maltratos, engaños, extorsiones, secuestros, violaciones sexuales, raptos, enfermedades, accidentes y muertes. A pesar de emplazar a las autoridades estatales y federales para que atiendan de manera integral la problemática de los jornaleros agrícolas, no vemos un interés genuino para darle un tratamiento adecuado a un fenómeno nacional que de acuerdo con cálculos de investigadores especializados en temas migratorios hablan de 3.5 millones de personas que son migrantes internos, conocidos mejor como jornaleros o jornaleras agrícolas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció en una audiencia realizada en noviembre de 2010 en Washington las condiciones infrahumanas de los trabajadores agrícolas  y la ausencia de mecanismos de protección de sus derechos humanos que evidencian la falta de compromiso del Estado mexicano para salvaguardar sus derechos. Por su parte, el Relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Dr. Jorge Bustamante en su Informe del 24 de marzo de 2009 identificó que la población migrante interna es en su mayoría indígena y que sus condiciones de trabajo, normas sanitarias, alojamiento, transporte y educación son inferiores a los estándares internacionales.
El fenómeno de la migración interna a la que cotidianamente se enfrentan miles de jornaleras y jornaleros agrícolas, tiene que ser una prioridad en la agenda pública de nuestro país y nuestro estado. Es inaplazable la obligación que tienen las autoridades de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores agrícolas, tomando en cuenta su alto grado de vulnerabilidad y la forma cruenta en la que ha sido invisibilizada y explotada.
Como una forma de contribuir a una discusión seria y de fondo este martes de 28 de febrero de 2012 presentaremos en la ciudad de México nuestro Informe. Migrantes somos y en el camino  andamos que será comentado por Javier Hernández Valencia, representante en México de  la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Victoria Cruz, coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También contaremos con los testimonios de Miguel Martínez Peralta y Aureliana Díaz Benigno, quienes son miembros del Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña. El evento será en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) a las 10:30 horas en Medellín 33, colonia Roma.