Cesa Congreso de Tabasco a auditor general

La mayoría del Congreso de Tabasco, integrada por el PRD y partidos de izquierda, destituyó al titular del Órgano Superior de Fiscalización, Francisco Rullán Silva, por no reportar oportunamente irregularidades financieras en la administración del ex gobernador Andrés Granier.

Rullán Silva tenía diez años en el cargo y su periodo terminaba hasta el 2017, luego de que hace tres años el PRI lo reeligió por un periodo más.

Ahora, el sol azteca, que controla la Junta de Coordinación Política de Tabasco, determinó su “suspensión indefinida” y, de inmediato, nombró como su sustituto a Carlos Ramón Castro, quien se desempeñaba como Fiscal Especial del Estado.

Desde el pasado 27 de febrero, el gobernador perredista Arturo Núñez acusó a Rullán Silva de haber sido el auditor “a modo” del ex mandatario priista Andrés Granier y que, por lo tanto, había omitido su responsabilidad para detectar las irregularidades en las finanzas estatales, que ascienden a 23 mil millones de pesos.

“Lo que había que preguntarle al señor Rullán Silva es dónde estaba frente al saqueo que se cometió en Tabasco. Sin lugar a dudas hay corresponsabilidad en él porque cómo fue posible que una conducta reiterada y sistemática a lo largo de seis años nunca haya sido detectada por la Auditoría Superior del Estado”, reclamó Núñez.

Rafael Abner Balboa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, expuso que la medida obedeció a la falta de profesionalismo, deficiencias en la forma de fiscalizar los ingresos y egresos, así como en la custodia y aplicación de los recursos públicos, tanto federales como estatales.

“Tales acciones y omisiones violentan los principios de legalidad, definitividad, anualidad, imparcialidad y confiabilidad, establecidos en el artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado”, asentó el legislador.

Al ser cuestionado sobre por qué el PRD no agotó la vía del juicio de político para destituirlo, el legislador insistió en que el objetivo es sancionar administrativa y penalmente al ahora ex funcionario.

El legislador consideró que la suspensión es una medida cautelar que no prejuzga el fondo del procedimiento administrativo ni viola las garantías individuales del presunto inculpado. (Carlos Marí / Agencia Reforma / Villahermosa).