Critican a gobiernos estatales en foro sobre transparencia y rendición de cuentas

Daniel Velázquez

El derecho a la información pública y la protección de datos personales son de nueva generación e inherentes al avance democrático, dijo en Acapulco el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Alejandro Torres Rogelio.

La comisionada para el Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, Blanca Lilia Ibarra Cadena, planteó que “a 10 años de distancia de la ley federal, aún no permea en toda la población el conocimiento pleno del uso y utilidad del derecho” a la información.

En la casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llevó a cabo el quinto foro nacional  de análisis y reflexión “La reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública en México”.

En el foro, la mayoría de los participantes expusieron que los consejeros del IFAI y de los organismos locales  deben ser elegidos mediante una convocatoria abierta a los ciudadanos y no por designación de cuotas de partidos políticos o por el Ejecutivo, porque entonces los consejeros estarían al servicio de quienes los impulsaron.

Se programaron tres paneles sobre el tema de transparencia y las implicaciones de la reforma constitucional en las legislaciones locales, pero el segundo panel se suspendió porque se firmó un convenio entre el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información  Pública del estado de Guerrero con el ayuntamiento de Acapulco.

El convenio fue firmado por el consejero presidente del ITAIG, Marcos Ignacio Cueva González, y el síndico administrativo Armando Tapia Moreno en representación del alcalde Luis Walton Aburto; ninguno de los dos informó para qué fue dicho convenio, y en sus discursos sólo se felicitaron mutuamente por signar el documento.

Transparencia, sólo en discursos

En el panel Características de la reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública y sus implicaciones  en las entidades federativas y órganos garantes, la comisionada para el acceso a la información pública del estado de Puebla, Blanca Lilia Ibarra Cadena, planteó que la transparencia está en los discursos de las campañas políticas pero no en las políticas de los gobiernos.

“La cultura de la transparencia y la legalidad siguen siendo un asunto pendiente. En algunos casos la falta de voluntad política frena los alcances del marco legal”, dijo.

“En algunos estados existe normatividad que contraviene la ley de transparencia y los principios constitucionales. En otros estados hay prácticas opacas en el manejo de los recursos públicos”, señaló.

De acuerdo con un estudio del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hasta noviembre de 2012 “el régimen nacional de transparencia presenta una amplia diversidad de normas, criterios y procedimientos. Hay claros avances pero también amenazas de retroceso en la materia”.

El estudio afirma que “prevalecen errores en el diseño institucional. Existe fragmentación de acciones y esfuerzos para impulsar un sistema nacional de transparencia y de rendición de cuentas.  Persiste la desigualdad presupuestal en los órganos de transparencia. El IFAI sigue siendo una referencia nacional en la

materia y ejerce liderazgo en criterios de resolución”.

En cuanto a obligaciones de transparencia, en los indicadores de gestión se encontró que nueve estados no publican sus objetivos; tres no indican sus facultades; ocho no obligan a difundir sus metas; y 24 tampoco señalan los indicadores utilizados para evaluar su desempeño.

Sobre el ejercicio de los recursos públicos, el estudio del IFAI encontró que tres estados no publican programas de subsidio; siete no hacen públicos sus estados financieros; siete no publican cuenta pública; 15 no transparentan aplicación de fondos auxiliares; y cuatro no transparentan entrega de recursos y el uso que se les da.

De los plazos para actualizar información pública de oficio “hay estados que van desde 10 días hábiles hasta un año” y dos estados no señalan plazo específico.

En cuanto a las atribuciones que tienen las leyes de transparencia en los estados, de acuerdo con el estudio del IFAI, en cuatro estados (Campeche, Guerrero, Veracruz y Nuevo León) la ley no establece la definitividad de las resoluciones.

En las legislaciones locales 23 entidades tienen facultades para sancionar a los sujetos obligados.

En cuanto a la protección de datos personales sólo siete entidades cuentan con una ley específica; 25 se regulan a partir de la ley de transparencia y sólo Querétaro no señala la regulación en su legislación.

En cuanto a los presupuestos asignados a los órganos de transparencia, las cifras varían. Desde 4 millones de pesos anuales hasta más de 100 millones en el Distrito Federal y 500 millones en el órgano federal.

No repetir el ejemplo del IFE para elegir consejeros

Como parte del panel Características deseables de las leyes generales de transparencia y de protección de datos personales,  el consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental de Hidalgo, Juan Ensástiga Alfaro, planteó que la reforma constitucional debe definir claramente a los sujetos obligados de rendir cuentas, porque si se establece que todo aquel que recibe dinero del gobierno debe rendir cuentas, los beneficiarios de programas de asistencia social como becarios u amas de casa estarán obligados a transparentar lo que hacen con el dinero que reciben y son personas que no tienen la capacidad para hacer esos reportes, por eso es necesario “ser precisos y ser consistentes”.

Dijo que no se debe permitir que intereses políticos intervengan en la elección de consejeros y puso como ejemplo al IFE, que “lo han hecho pedazos” porque los consejeros se designan por cuotas políticas.

También planteó que se debe delimitar la información pública y establecer plazos efectivos para la entrega de la información pública, y que hay información que de oficio debe estar disponible para los ciudadanos sin necesidad de que se solicite, porque “el quehacer de un funcionario público es información pública”.

Ensástiga Alfaro opinó que para que las leyes de transparencia en los estados funcionen debe haber voluntad política.

Como parte del panel La transparencia y el derecho a la información como mecanismos anticorrupción, la consejera general del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal de Chiapas, Ana Elisa López Coello, dijo que el problema de la corrupción es cultural porque hay una formación con dichos populares como “el que no transa no avanza”, “la amistad se refleja en la nómina” y “ponme donde hay”.

Dijo que un gobierno es más democrático entre más transparente sea e informe a sus ciudadanos sobre el quehacer del gobierno.

El doctor en derecho constitucional Marcial Rodríguez Saldaña planteó que en el proyecto de nueva Constitución del estado, que envió el Ejecutivo al Congreso local, se propone un retroceso en la elección de los consejeros, los cuales serán a propuesta del gobernador, y pidió a los diputados que no pase esa propuesta.

Como parte del foro intervino el senador Armando Ríos Piter y señaló que ir en contra de la corrupción es la nueva batalla de los ciudadanos.

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mirna Zavala Zúñiga, propuso que se hagan reflexiones sobre lo que se ha logrado  con las leyes de transparencia en los estados, “¿qué mecanismos anticorrupción se han hecho?, ¿mínimamente se ha logrado la transparencia en los órganos del estado?, ¿qué queremos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos?”