Se impone la línea dura de Peña Nieto, acusa Manuel Olivares, testigo de la embestida
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El visitador general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, lamentó el desalojo de maestros y normalistas ocurrido la tarde de ayer por efectivos de la Policía Federal y dijo que “esto es algo que como defensores de derechos humanos jamás quisiéramos ver”.
Lugo Cortés encabezó en el lugar del desalojo a 10 observadores de la Codehum y al final dijo en entrevista que como defensores de derechos humanos siempre estará en contra del uso de la violencia para desalojar a las personas de la vía pública.
Mientras tanto, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, opinó que el desalojo de ayer “fue el segundo más grande que cometió el gobernador Ángel Aguirre Rivero después del desalojo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre del 2011, cuando los policías estatales y federales mataron a los estudiantes Alexis Ayala Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”, por lo que dijo que procede la petición de desaparición de poderes, petición que, dijo, como organismo de derechos humanos apoyaría.
Lugo Cortés añadió que el llamado de la Codehum es que los problemas se resuelvan privilegiando el diálogo y la concertación, “en este caso específico siempre estuvimos pendientes desde hace tres semanas del movimiento magisterial, estamos participando a petición de las autoridades del estado y de la propia Policía Federal”.
Y luego se rehusó a opinar si los agentes federales cumplieron con el protocolo internacional para tratar casos como este, pues dijo que su opinión sería parcial y que esperaría al resultado de los otros observadores para dar una respuesta lo menos parcial posible.
Aunque de entrada celebró que los policías uniformados hayan acudido desarmados a realizar el desalojo, pues dijo que esta es uno de los puntos que establece el protocolo internacional.
—El gobernador dijo que se iban a cumplir los protocolos internacionales, ¿se cumplieron?
—Precisamente la intervención de nosotros como la comisión de derechos humanos, es participar como observadores y recabar información y evitar que haya lamentables consecuencias. Observamos que había menores de edad inclusive; en este caso nosotros invitamos a no hacerlo a los padres y a las madres de familia.
—¿Se están siguiendo los protocolos?
—Desde luego que la visión que tengo es muy personal, hay más compañeros que participaron como observadores, esperamos tener reuniones para conjuntar la información para tener los resultados. La visión mía es un acto parcial, es una visión personal, para estos acontecimientos tenemos que ver el contexto general de los hechos.
—¿Tiene reporte de heridos?
—No tenemos reportes de heridos, tenemos personal especializado para atender un caso de contingencia y estamos en coordinación con las autoridades del estado.
—¿Tiene información de alguna persona detenida?
—No tenemos ninguna información de una persona detenida.
—¿Va a emitir algún dictamen?
—Desde luego, si hay una petición de queja, la intervención de un ciudadano, que quede afectado en sus derechos fundamentales, la Comisión de los Derechos Humanos para recibir las quejas correspondientes.
Por su parte el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares, quien también acudió como observador, denunció que el de ayer fue un desalojo evidentemente violento que no contó con la norma que establecen los organismos internacionales, pues se puso en riesgo a mujeres y a niños.
Además de que manifestó que los uniformados utilizaron gases lacrimógenos, lo que no está permitido por los protocolos internacionales.
“Para nosotros es sorprendente cómo el gobierno estatal y federal optan por la represión en vez de resolver las demandas y los problemas que demanda la sociedad”, dijo.
Añadió que con la acción policiaca de ayer “la línea dura viene del presidente Enrique Peña Nieto, quien está empeñado en que la reforma educativa constitucional pase cueste lo que cueste, por los compromisos que tiene con los grandes empresarios”.
Agregó que a organismos como a la Red le preocupa “y le molesta que a estas alturas y en el siglo XXI los problemas se sigan resolviendo de manera de la que hoy fuimos testigos”.
Añadió que después del desalojo violento del 12 de diciembre del 2011, cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, por el desalojo de ayer es procedente la formulación de una demanda de juicio para la desaparición de poderes en Guerrero, “ya que hemos visto que el gobernador no gobierna, más que nada está administrando los problemas sin darle solución a ellos”.