Tlachinollan

En carne viva

Miedo e impotencia sintió la maestra Yadira Lomelí, cuando vio que avanzaban los policías federales contra sus compañeros que resistían en las primeras filas con palos y con la sola fuerza de sus cuerpos. Previamente, todo el contingente había acordado mantenerse en la autopista como una muestra de dignidad y de coherencia en su lucha. No se trataba de medir fuerzas ni de ofrendar la vida, sino de evidenciar la obcecación del poder, su empecinamiento para imponer las leyes neoliberales que han sido pactadas con las cúpulas partidistas. Era constatar el tipo de gobierno que tenemos tanto a nivel federal como estatal. La decisión de los maestros y maestras fue contundente; no iban a desbloquear la autopista hasta persuadir a las autoridades de que el uso de la fuerza es la obcecación de la razón y la cancelación del diálogo que es la prueba máxima de un gobierno con vocación democrática.
Yadira nunca pensó que como maestra que defiende la educación pública y sus derechos como trabajadora, iba a estar rodeada de policías de elite por órdenes presidenciales y con el respaldo incondicional de un gobernador que llegó al poder con el apoyo de la mayoría de maestros y maestras democráticos y que ahora los reprime. Yadira tampoco pensó que por su trabajo como docente del pueblo nahua de Tlatlauquiltepec, municipio de Atlixtac, iba a enfrentar uno de los mayores riesgos de su vida, teniendo como enemigo al mismo Estado. A pesar de ser una lucha desigual y totalmente desproporcionada, las maestras también formaron sus vallas y se acuerparon para compactar la fuerza del magisterio y de los jóvenes normalistas. La arremetida policiaca no mermó en el ánimo de las y los manifestantes. La razón y la fuerza de su lucha los hizo mantenerse firmes, sin arredrarse, ni achicarse. Las órdenes del comandante Espartaco, dictadas desde los centros de poder, impulsó como robots a policías bien apertrechados, que con su fuerza descomunal replegaron a los maestros que dignamente se mantuvieron en sus filas resistiendo con gallardía.
A la maestra Ailsa Casiano de la UPN de Tlapa, (que sufrió también la embestida de la Policía Federal en la ciudad de México, el día que tomó posesión el presidente Peña Nieto) tuvo temor, no tanto por la forma aparatosa de cómo se desplegaban los más de mil 500 policías federales, sino porque vio que en la azotea de una casa que está atrás de una tienda Oxxo, había varios policías vestidos de civil que portaban armas. Su alarma fue mayor cuando logró identificar que algunos policías portaban armas, tratando de pasar inadvertidos, en medio de los antimotines. Ailsa como parte de la comisión de seguridad, alertó a los compañeros que estaban en las primeras filas y comunicó a algunas maestras para que estuvieran atentas ante alguna provocación. Pensó que el detonante para la acción armada la provocaría el helicóptero que mandaba señales muy precisas, para que los antimotines entraran en acción. En la cuarta vuelta que dio el aparato, y que se acercó peligrosamente a los maestros, creyó que detonarían las armas aprovechando la tolvanera que levantó. Entendió que esta acción agresiva era para desconcentrar y dispersar a los maestros y maestras. Este distractor dio pie para que varios maestros se dispersaran y quedaran inermes ante los policías, que de manera brutal los patearon.
El maestro na savi Raymundo Ramírez, se encontraba en la segunda valla apoyando a los maestros que estaban en la primera fila. Cuando el helicóptero volaba bajito por el aire se distrajo, perdió el control y se cayó. Fue en ese momento cuando le cayeron cinco policías que lo patearon y lo aventaron a una de las camionetas de la federal de caminos. Lo tiraron boca abajo y solo recuerda que le propinaron un fuerte golpe en el cuello que lo desmayó. Recuerda que a su lado iban otros dos maestros que no identificó. También vio cómo otro policía les tomaba fotografías. Despertó cuando ya estaba en la clínica del ISSSTE. Lo primero que vio fue a dos policías que lo estaban resguardando, para llevárselo al Ministerio Público federal. Cuando lo pateaban le espetaban “¿qué chingados andas haciendo aquí? Tú eres de los que nos están tirando piedras. ¡Toma cabrón, para que sientas lo mismo! Aquí tenemos evidencias (en la cámara) y te vamos a meter a la cárcel. Si nos demandas, nosotros también te vamos a demandar y a meter a la cárcel por 15 años”. Después de someterlo le quitaron su celular.
Raymundo es director de la escuela preescolar El Ocotito, de la colonia San Isidro de Metlatónoc, con gran orgullo trabaja con los niños y niñas na savi, porque sabe que en esta región el gobierno no se preocupa por construir escuelas, para apoyar con mobiliario. Todo lo tienen con esfuerzo de los mismos maestros y los padres de familia. Por eso vino al movimiento para luchar por estos niños, para exigir que los gobiernos se comprometan con los pueblos que siempre son discriminados y engañados. Tiene tres hijos y su mayor satisfacción es que uno de ellos logró estudiar hasta la normal y también es maestro. Su esposa Marcelina Álvarez Candia es jefa de sector en Metlatónoc. Los tres están en la misma trinchera, defendiendo palmo a palmo la gratuidad de la educación sobre todo en los lugares donde las autoridades han lucrado con la pobreza de los pueblos originarios.
Ahora Raymundo teme que nuevamente los policías lo detengan y lo golpeen. A pesar del dolor que tiene en el oído derecho y la lesión del cuello sigue con sus compañeros en el campamento. Al siguiente día de la golpiza se sobrepuso y marchó al lado de su esposa, su hijo y las compañeras de trabajo. Se desvaneció por los golpes infligidos, sin embargo, su afán por alcanzar una educación digna para los niños y niñas de su escuela es más grande que este dolor. Raymundo no podrá ser atendido por un médico especialista para que le revise el oído, porque la burocracia del ISSSTE le exige su carnet, que lo tiene en Metlatónoc. Nada moverá al personal de esta institución para atenderlo, porque lo que menos importa son los pacientes de escasos recursos, sobre todo a quienes pertenecen a un pueblo indígena. Hay mayor justificación ahora, porque se trata de un maestro que protesta. El saldo de esta lucha para Raymundo es desquiciante porque está amenazado por policías federales, le niegan el servicio médico como derechohabiente y no hay respuesta ni solución del gobierno para atender sus propuestas legislativas como docentes que tienen un interés legitimo para contar con una educación digna.
Han pasado más de 50 horas y hasta esta noche del domingo, la Procuraduría General de la República (PGR) ha mantenido en total hermetismo la situación jurídica que enfrenta el maestro Mario Durán Torres.  Fue detenido el día del desalojo por parte de la Policía Federal que lo puso a disposición de la PGR, donde estuvo incomunicado por más de 11 horas, sin que puediera comunicarse con gente de su confianza. Desde que tuvieron conocimiento sus compañeros y familiares se apostaron en las instalaciones federales para establecer comunicación con las autoridades, pero su postura fue de cerrazón, de no proporcionar información y de ni siquiera permitir que se acercaran a las oficinas.
Este trato como un delincuente peligroso no es más que una demostración de poder y una amenaza clara para todo aquel que ose desafiar al gobierno, atreviéndose a realizar  manifestaciones en las vías públicas. El maestro ahora enfrenta un proceso penal difícil porque se le quiere aplicar maliciosamente todo el peso de la ley. Se le acusa de los delitos de daños, de ataque a las vías federales de comunicación, de resistencia de particulares, lesiones y motín. Es un caso típico de como se quiere aplicar todo el rigor de la ley, criminalizando de manera excesiva una lucha magisterial,  donde Mario es uno más de los miles de maestros y maestras que se han adherido a este movimiento legítimo. Se trata de colocar a un maestro en el banquillo de los acusados, como si fuese un delincuente de alta peligrosidad, poniéndolo como ejemplo y como una muestra espejo, que sirva de lección para todos los maestros y maestras, pero sobre todo, para sus dirigentes. La judicialización del problema educativo es otro de los frentes que aplicará esta nueva administración para acallar y someter al magisterio que lucha contra la reforma educativa impuesta desde las cúpulas del poder. Por estos delitos la autoridad judicial ha fijado una fianza de 129 mil pesos para el maestro Mario, que trabaja en la escuela rural Vicente Guerrero, de Teozintla, municipio de Quechultenango, pueda obtener su libertad provisional. Ahora el gobierno traslada la lucha a los juzgados, para que el magisterio se desvíe de su objetivo principal y concentre su atención para enfrentarse al otro poder, el judicial,  que no cuenta con la confianza de la sociedad, por su falta de probidad en los principios que los rigen. Para los maestros y maestras la lucha seguirá adelante, enfrentando a los tres poderes y entregando todo para que sus propuestas sean atendidas. En carne viva y con toda el coraje y la pasión este movimiento crece más allá del espacio escolar