Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* El desalojo, Peña Nieto y Aguirre

La firma de los acuerdos que produjeron la iniciativa de reformas a la ley estatal de educación, pactados por los representantes de la CETEG y el gobernador Ángel Aguirre con el aval –no debe olvidarse— del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, tuvo por objeto desmovilizar a los maestros en la Semana Santa. Con el bloqueo de nueve horas el 22 de marzo, los maestros habían dado ya una muestra de su resolución, y Aguirre Rivero fingió ceder a las demandas magisteriales porque otra movilización en la autopista en esos días cruciales hubiera sido catastrófica. Por esa razón el gobernador firmó los acuerdos e hizo creer al movimiento magisterial y a la opinión pública que adquiría un compromiso, lo que implicaba de su parte no sólo el envío de la iniciativa al Congreso, sino algún esfuerzo de convencimiento ante los diputados, la mayoría de los cuales son de su partido, para que aprobaran las reformas. Pero la profundidad de su perfidia salió a flote una vez pasada la Semana Santa, cuando la mayoría de los diputados locales desechó con la mano en la cintura, sin discusión, las propuestas centrales de los maestros, especialmente la creación de un instituto estatal de evaluación y el otorgamiento de plazas para los egresados normalistas. Ángel Aguirre engañó a los maestros con premeditación y alevosía, y manipuló al Congreso controlado por los diputados del PRD. Es ridículo que algunos de los diputados perredistas, como Bernardo Ortega y Antonio Gaspar Beltrán, proclamen en este caso la independencia del Poder Legislativo, cuando todo mundo sabe que si rechazaron el contenido de la iniciativa que Aguirre les mandó, fue por órdenes suyas. El Congreso ya había exhibido su incapacidad para comprender el carácter social del movimiento magisterial contra la reforma educativa y se había sumado al linchamiento público de los maestros, pero con la sumisión que mostró hacia el gobernador el martes pasado renunció a los jirones de dignidad que aún le quedaban. El Congreso habría podido limar y adaptar las propuestas, no desecharlas, pero en lugar de erigirse en un espacio libre, de discusión y acuerdos, se asumió como policía política del gobernador y contribuyó decisivamente a la agudización de las tensiones que motivaron a los maestros a bloquear nuevamente la autopista el viernes pasado y al gobierno federal y estatal a desalojarlos.
Es incierto que las negociaciones entre la CETEG y el gobierno del estado puedan reanudarse pronto, después de la escabrosa reunión que el viernes antecedió al desalojo de los maestros y del atrincheramiento que ambas partes han tomado desde entonces. El presidente Enrique Peña levantó obstáculos infranqueables para ello al declarar el sábado en China, donde se encontraba de visita, que “la ley no se negocia” y que la única opción de los inconformes es abrir espacio al diálogo para ponderar los alcances de la reforma educativa, es decir, para sumarse a ella. En el contexto del desalojo, Peña Nieto reivindicó ese día el uso de la fuerza pública como “último recurso” para “hacer respetar los derechos de toda la ciudadanía”, expresión con la cual también reivindicó la retórica legalista con la que el PRI solía y suele responder a la inconformidad social. Si así de terminante es la postura del gobierno federal, que el gobernador Ángel Aguirre representa en Guerrero, ya no parece haber nada sobre lo cual puedan hablar los maestros y el gobierno, ni siquiera acerca de la posibilidad de matizar las cosas en la ley secundaria. La reforma educativa se impondrá y se acabó, y si el rechazo continúa será aplastado. Ese es el mensaje. Pero esa no es ninguna solución al problema.
A pesar del discurso reformista que rodea las modificaciones constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, lo cierto es que no se trata de una reforma educativa sino de una operación emprendida por el gobierno del PRI para controlar al SNTE, y por eso el paso previo consistió en el encarcelamiento de la profesora Elba Esther Gordillo, derribada no por su riqueza indebida sino por haber querido oponerse a los designios de Peña Nieto. Detrás de la evaluación de los maestros planteada en esa reforma, puede hallarse la creación de un instrumento de uso corporativo. El PRI se propone recuperar el control del ejército magisterial, que en rigor no había perdido pero por el cual en los años recientes se veía obligado a pagar elevados derechos de uso a la maestra Gordillo. Es quizás por eso que el gobierno de Peña Nieto no consideró necesario someter su iniciativa a una discusión pública para dotarla de consenso y legitimidad social, y creyó que era suficiente con liquidar a la ex lideresa del SNTE.
La política de cero concesiones en la reforma educativa emana un aroma autoritario que no concuerda con la precariedad del triunfo del PRI en las elecciones presidenciales. No hablamos de que el autoritarismo pueda aspirar a un título de legitimación, sino de que luego de su cuestionada victoria, el presidente Peña no puede ahora reclamar una patente de corso para exigir una incondicionalidad política y social que está muy lejos de haber obtenido en las urnas, si es que las urnas proveen tal cosa. Y si las urnas no son capaces de conceder a un gobierno una condición indisputable que vulnera la pluralidad, menos lo es un pacto firmado entre los tres principales partidos políticos, como el Pacto por México en el que Peña Nieto busca la justificación para sofocar la inconformidad de un amplio sector del magisterio nacional con la reforma educativa. Pero a pesar de estas evidentes premisas, Peña Nieto parece dar por hecho que la firma de los presidentes del PAN y del PRD en ese pacto es suficiente para dotar de legitimidad social a cualquier iniciativa que emprenda. No es así. La uniformidad partidista del Pacto por México no refleja una uniformidad social en torno a sus políticas. Y la firma del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, no significa en lo absoluto que la izquierda, el conjunto del PRD y ni siquiera la totalidad de la dirigencia de ese partido, hayan dado su aval a los acuerdos inscritos en el pacto. En un universo más reducido, ese hecho trascendental se observó en la fracción del PRD en el Congreso del estado, pues seis de los 20 diputados perredistas –Abelina López la de mayor notoriedad– rechazaron explícitamente la decisión de desechar las propuestas acordadas por la CETEG con el gobernador Ángel Aguirre. Anulada la resistencia política de la señora Gordillo, el brevísimo consenso partidista tuvo efectos concretos en la aprobación de la reforma educativa en la Cámara de Diputados, pero más allá se abre una amplísima falta de consenso social que estalló en la Autopista del Sol.
Con su arrogancia y falta de visión, Ángel Aguirre hizo grandes aportaciones al actual empantanamiento del conflicto. De hecho no hizo más que frenar las soluciones y exacerbar los ánimos. La consecuencia de su conducta es que ayer, los maestros y otras organizaciones sociales, significativamente la CRAC, lo desconocieron como interlocutor y transformaron el movimiento magisterial en un movimiento popular. De esa manera se acrecientan las demandas y la tensión en el estado. Nada positivo puede resultar del hecho de que en un escenario así de conflictivo, el gobernador mismo sea un problema.

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