Rubén Aguilar Valenzuela

En la cultura política mexicana hacer uso legítimo de la fuerza pública, para hacer valer la ley e impedir, entre otras cosas, que particulares en el libre ejercicio de manifestación afecten los derechos de terceros siempre se ha visto mal. En el manual no publicado, pero sí operativo, de usos y costumbres esta práctica se inscribe en el capítulo de lo políticamente incorrecto.
Hay organizaciones sociales que a las autoridades les tienen tomada la medida, porque saben que éstas nunca van a hacer valer la ley, por lo que cada vez que quieren violentan los derechos de terceros y se toman calles y carreteras. El retirarse de la vía pública lo “cambian” por alguna “concesión” de la autoridad. Es parte de su modus vivendi. Las autoridades siempre han asumido que políticamente es más “barato” dejar hacer y no actuar.
Si de parte de la autoridad federal y estatal esta práctica tuvo alguna vez cierto tipo de justificación, que incluía, por ejemplo, la valoración de la incapacidad de la policía para operar de manera profesional y sin violencia, lo que hacía todavía más grave el problema, ya no se sostiene. En el México de hoy las autoridades están obligadas a actuar y hacer respetar la ley.
El pasado viernes 5 de abril las autoridades federales hicieron bien en desalojar por la vía de la fuerza, a través de la Policía Federal (PF), a los maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) que se habían apoderado de un tramo de la Autopista del Sol que une a la ciudad de México con Acapulco.
La PF actuó desarmada, así debe ser, y sólo equipada con escudos, cascos, toletes y gases lacrimógenos.
Los gobiernos federal, estatal y municipal deben siempre garantizar el derecho de manifestación, eso no está en duda, pero en los términos que lo plantea la Constitución que dice tiene que hacerse sin perjudicar los derechos de terceros.
Llegó el tiempo que las autoridades de los tres niveles de gobierno garanticen que sea así. Ya no pueden seguir dejándose chantajear, en la lógica de evitar que el “problema” se haga más grande.
Las organizaciones sociales que quieran manifestarse, están  en su derecho, pero en el futuro deben hacerlo en el marco de lo establecido por la Constitución. Ya no hay lugar, si alguna vez se justificó, para el ejercicio arbitrario de la libertad de manifestación. La nueva cultura política del país exige que las autoridades actúen en consecuencia y no evadan su responsabilidad.
Una vez que fue posible el libre tránsito por la Autopista del Sol, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Manuel Mondragón, tuiteó “Tras agotar el diálogo, PF liberó la circulación de la autopista del sol con respeto a los derechos humanos y con uso adecuado de la fuerza”. La aplicación de la ley requiere de una policía cada vez más profesional y formada en el uso adecuado de la fuerza, que exige nunca se abuse de ella, y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Twitter: @RubenAguilar