El ISSSPEG manejará el Fondo de Pensiones en Ayuntamientos y OPD, anuncian

Fernando Hernández

Iguala

A partir de marzo, el  Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) podría administrar el dinero que los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados (OPD) retienen a sus trabajadores para sus jubilaciones.
Puntualizó lo anterior el director del ISSSPEG, Luis Román Miranda al concluir una reunión en el auditorio municipal con miembros del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
A los burócratas les explicó parte de la nueva Ley de Seguridad Social de los trabajadores estatales que tras estar en la congeladora legislativa entró en vigor el 1 de enero de este año.
En entrevista con reporteros el funcionario informó que la deuda que los Ayuntamientos y OPD tienen con el ISSSPEG es de alrededor de 60 millones de pesos.
Tan sólo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala –organismo dentro de cual se han señalado desvío de recursos y que en la actual administración que encabeza el priista, Raúl Tovar Tavera se agudizó su quebranto financiero- debe al ISSSPEG 3 millones de pesos.
Detalló que la nueva ley otorga  facultades al Instituto “de acuerdo con su artículo 166” para que “haber la retención de participaciones para las entidades morosas tenemos adeudos históricos de varias dependencias, de varios ayuntamientos aquí en la región Norte en particular con Taxco y con Iguala”.
Explicó que “generalmente” los ayuntamientos y Organismos “se quedan con lo que le descuentan al trabajador, se quedan  con los préstamos que se les dan, se quedan con todo”.
Entonces: “no lo reportan y seguramente eso genera observaciones que no puedo yo constatar. Al no reportar los montos a quien corresponda en este caso el Fondo de Pensiones, se deteriora el instituto y no puede cumplir más con sus funciones”.
Indicó que 30 dependencias y organismos del gobierno del estado “cotizan” ISSSPEG.
Dijo que este Instituto arrastra un “déficit histórico” que asciende a alrededor de 200 millones de pesos, lo que “nos ha impedido avanzar en el pago puntual de las prestaciones”.
Se le preguntó si han recibido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) u otras instancias fiscalizadoras, al ejercicio fiscal de 2010, en el que el organismo federal encontró irregularidades en el manejo de los recursos públicos, Román Miranda precisó que actualmente la Auditoría General del Estado lleva alrededor de mes y medio examinando la situación financiera en la que fue entregado el Instituto por la administración del ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo.