Demanda el Sistema Nacional de Seguridad a estados investigar lavado

Agencia Reforma

Ciudad de México

Las entidades federativas deberán crear este año unidades antilavado o consolidarlas, si ya están conformadas, establecen los convenios de coordinación entre gobiernos estatales y  el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
“(Se constituirá o fortalecerán), conforme al modelo que para tal efecto se proponga por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Procuraduría General de la República”, se lee en el convenio marco.
Han suscrito este convenio Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, Tabasco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Yucatán, Morelos, Zacatecas, Jalisco y el Estado de México, entre otros estados.
Las entidades deben impulsar la tipificación local de dos delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y establecer mecanismos para obtener beneficios económicos de los bienes incautados a la delincuencia, indica.
Entre las entidades que ya cuentan con leyes en materia antilavado están  Querétaro, Colima y el Distrito Federal; en esta última opera desde hace varios años su Unidad de Inteligencia Financiera.
Cada UIPE deberá generar, obtener, analizar y consolidar información fiscal y patrimonial en el ámbito de su jurisdicción, para la investigación, persecución, procesamiento y sanción de los delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La creación de unidades antilavado estatales se impulsa desde el sexenio anterior. El 30 de junio de 2011, por ejemplo, los estados se comprometieron en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública a fortalecer los mecanismos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Incluso, se creó un grupo de trabajo con tres gobernadores, un representante de la PGR y otro de Hacienda con el fin de establecer las unidades estatales.
El 2 de noviembre de 2012, la entonces titular de la PGR, Marisela Morales, anunció que se gestionarían los apoyos económicos necesarios para crear las unidades.