Tlachinollan

Movimiento Popular Guerrerense: un movimiento irrefrenable

El 10 de abril las principales avenidas de Chilpancingo fuero insuficientes para dar cabida a más de 50 mil manifestantes que hicieron causa común con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero –CETEG– para rechazar la reforma educativa impuesta por las cúpulas partidistas.
En Guerrero la irritación social está creciendo y llegando con fuerza desde las diferentes regiones del estado para increpar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, quienes se han subordinado al Ejecutivo federal, que en menos de cinco meses ha reposicionado su figura e impuesto una nueva hegemonía política. Este avasallamiento está siendo justificado por el Pacto contra México que firmaron los principales partidos políticos.
Lo inédito de esta manifestación masiva es que los diferentes sectores de la sociedad han encontrado en el movimiento magisterial el cauce propicio para hacer sentir con mayor fuerza el malestar y el coraje civil de miles de guerrerenses.
La agenda ciudadana en Guerrero gira en torno a tres ejes fundamentales que vertebran la diversidad de luchas que se gestan en las diferentes regiones del estado: educación, seguridad y defensa del territorio. Representan en este momento los temas cruciales que en los ejidos, los núcleos comunales, en los pueblos campesinos e indígenas, en las ciudades, en los gobiernos municipales, la población está tomando decisiones para cubrir los espacios que las autoridades han abandonado o dejado en manos de la delincuencia organizada.
Son mayoritariamente los ciudadanos y ciudadanas que han padecido graves penurias causadas por el desempleo, el hambre, la violencia y el despojo quienes están empujando desde abajo un movimiento novedoso que está luchando contra las estructuras anquilosadas nutridas por la corrupción y que permiten que la delincuencia cogobierne al interior de las instituciones y de los gobiernos municipales.
En la Costa Chica, Zona Centro, Montaña Alta y Baja así como algunos municipios de la Costa Grande, los pueblos se están organizando para recuperar el control territorial, expulsando a los grupos de la delincuencia organizada para restablecer el orden desde un modelo alternativo de seguridad comunitaria fundado en los sistemas normativos de los pueblos indígenas. En estas mismas regiones se libran batallas contra proyectos hidroeléctricos y mineros que son impulsados por los tres niveles de gobierno y que buscan socavar la organización comunitaria para garantizarle al capital transnacional todas las facilidades que requiere el modelo extractivista depredador. A pesar de la diversidad de luchas de resistencia que a diario emergen en nuestro estado, las autoridades mantienen su tozudez para llevar adelante los megaproyectos que ha comprometido con los grandes empresarios. En esta coyuntura se avizora un proceso de articulación de luchas que van desde el Acapulco rural con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop) pasando por la Montaña Alta con el movimiento de pueblos na’savi y me’phaa contra la minería y la Reserva de la Biosfera, hasta la multiplicidad de luchas agrarias que protagonizan varias comunidades indígenas y campesinas para hacer valer su derecho al territorio.
Este sábado 13 de abril, en la cabecera municipal de Cochoapa el Grande se realizó el séptimo foro contra la Reserva de la Biosfera en la Montaña de Guerrero convocado por el Consejo Regional de Autoridades Agrarias, con el fin de establecer acciones de coordinación entre pueblos en torno a la defensa de su territorio. Al término de la reunión un grupo de maestros y padres de familia informó en lengua tu’unsavi los motivos de su lucha contra la reforma educativa. Un ex regidor describió el drama devastador que enfrentan cientos de niños y niñas de este municipio conformado por 136 comunidades distribuidas en un territorio de alrededor de 50 mil hectáreas. La lucha sempiterna de las comunidades es por la construcción de aulas y contratación de maestros o maestras. Muchas niñas y niños tienen que caminar hasta dos horas para asistir a la escuela más cercana. La mayoría de aulas han sido construidas con adobe y lámina de cartón por los mismos padres de familia, los pisos son de tierra, donde niños y niñas se sientan sobre tablas colocadas rústicamente. No cuentan con material didáctico y es un privilegio tener un pizarrón de medio uso. Abundan las escuelas multi-grado, y el personal habilitado para atender a estos niños y niñas son jóvenes que pertenecen al Conafe. La realidad es que la escuela representa una carga onerosa para los padres de familia y lamentablemente no les genera ningún beneficio a sus hijos, porque siguen padeciendo los estragos del analfabetismo.
Este intercambio de información entre los maestros que luchan contra la reforma educativa y la población na’savi de Cochoapa reforzó las razones del movimiento magisterial y abrigó una esperanza para esta gente que tiene la amarga experiencia de ser objeto de engaño y discriminación. A su regreso a Tlapa el grupo de maestros y ciudadanos que se trasladaba en un vehículo  particular fue interceptado por la Policía Ministerial quienes cerca de los puentes de Igualita, pidieron a los maestros y ciudadanos se identificaran y bajaran del vehículo. La práctica común de estos policías ministeriales es proceder a la detención de las personas por el simple hecho de que aparecen sus nombres en la base de datos, la cual es usada como si se tratara de una orden de aprehensión. Este operativo desplegado por la Policía Ministerial fue realizado con el fin expreso de intimidar a esta brigada de maestros, maestras y ciudadanos solidarios con el fin de detener a Ubaldo Segura, uno de los ciudadanos más comprometidos con el movimiento magisterial y normalista que se ha organizado en la ciudad de Tlapa. Nadie imaginó que el diálogo que establecieron ciudadanos y ciudadanas de Cochoapa con el movimiento magisterial iba a ser inmediatamente reportado a la Policía Ministerial con el fin de inhibir y criminalizar una acción legal y legítima de proporcionar información en su propia lengua a los sectores más depauperados. La oportuna intervención de varios padres de familia logró la liberación de Ubaldo y evitó un conflicto azuzado por la Policía Ministerial.
Estos abusos que de manera cotidiana realizan las corporaciones policiacas forman parte del malestar ciudadano. Es inconcebible que el aparato represivo focalice su fuerza contra los movimientos sociales y descuide los frentes más importantes que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Esta estrategia de contención social, donde son los policías los que se colocan frente a los ciudadanos y ciudadanas que protestan nos habla de la cancelación de la política como el oficio más sublime para arribar a acuerdos con los actores más disímbolos en aras de construir una sociedad plural y democrática.
Esta semana que recién termina estuvo marcada por actos sumamente trascendentes, que son históricos y que nos dan la pauta sobre las nuevas formas de cómo las autoridades tienen que reconocer que sus posturas de fuerza y su lenguaje cargado de arrogancia y amenazas solo tienen cabida en un sistema de gobierno autoritario y antidemocrático. En nuestro estado los ciudadanos y ciudadanas aglutinados ahora en el Movimiento Popular Guerrerense han inaugurado un nuevo modo de establecer una relación horizontal, directa, sin tapujos, sin temores, ni simulaciones y con planteamientos claros, con posturas definidas y con propuestas centradas en la defensa legítima de sus derechos como ciudadanos, ciudadanas, trabajadores y trabajadoras.
La imagen del Ejecutivo estatal y de los representantes del Congreso local ha sido deteriorada y caricaturizada por ellos mismos. No tuvieron el pulso ni la visión para dar un tratamiento apropiado a un conflicto que tiene muchas aristas y que es de larga data. Como siempre trivializaron esta lucha, pesaron más sus prejuicios y el estigma delincuencial. No sopesaron ni analizaron desde la perspectiva de la población agraviada las legítimas razones y los derechos consagrados de maestros y maestras que tienen en su haber dignidad y una vasta experiencia para organizarse y resistir en medio de amenazas, desalojos, intimidaciones y campañas de desprestigio.
Los maestros y maestras que acampan en las calles y duermen en los pisos de cemento agrietado son actores que han asumido la postura política de ejercer el derecho a la protesta, de manifestar públicamente el agravio que las autoridades han causado a su dignidad y sus derechos. Los maestros y maestras al no contar con el respaldo de los diputados tanto federales y estatales que votaron una ley sin consultarlos, sólo tienen el recurso legítimo de alzar su voz y de expresar su indignación en las plazas públicas, en los lugares donde se hace visible su presencia y que causa enojo a los gobernantes que cómodamente disfrutan de sus privilegios dentro de los palacios construidos con el dinero del pueblo.
Se ha desplegado con muchos recursos económicos una campaña nacional y estatal para desacreditar y enjuiciar mediáticamente a los miles de manifestantes que no tienen otra forma de equilibrar la correlación de fuerzas políticas que tomar las calles y la autopista como un medio para hacerse escuchar y ser atendidos dignamente. Es también una presión para obligar a que las autoridades escuchen y valoren las razones de los ciudadanos y ciudadanas que protestan.
El desafío de las autoridades es atender y propiciar el diálogo con la población que protesta no porque tenga gusto y ganas de molestar a las autoridades en las vías públicas, sino porque las mismas autoridades, con sus actos irresponsables y sus posturas autoritarias, están causando agravios y confiscando derechos a maestras y maestros a quienes no les han dado la oportunidad de escucharlos y de defenderse en condiciones de equidad.
La reforma educativa es un claro ejemplo de cómo se ejerce el poder en México y se implantan cambios constitucionales sin tomar en cuenta a las ciudadanas y ciudadanos. Estas acciones son el origen de los conflictos pero lamentablemente los que tienen el poder no lo perciben de esta manera. Creen que sus decisiones son sagradas e inatacables y que sus intereses de clase tienen que ser acatados y obedecidos por las clases subalternas de manera sumisa y pasiva.
Lo que vimos en Guerrero en este aniversario luctuoso de Emiliano Zapata fue el despertar de un movimiento popular que está por encima de los partidos políticos y que su perspectiva no se circunscribe a disputar demandas meramente gremiales, sino más bien está apuntalando un movimiento independiente, autónomo, centrado en los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, decidido a acabar con los malos gobiernos y a hacer valer el poder de los pueblos como lo están demostrando ahora las y los herederos de Zapata.