La clase política, culpable de la crisis del sistema educativo, acusan comisarios de 17 municipios

Comisarios de las regiones Montaña, Costa Chica y Centro acusaron a la clase política de la “crisis” del sistema educativo nacional y advirtieron que no tienen autoridad política ni moral para llamar al movimiento magisterial a la legalidad, cuando ellos no respetan la Constitución.
En un comunicado firmado por comisarios de 17 municipios y por el vocero de estos, David Bracamontes Chona, que son integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, consideran que el Estado en sus tres niveles de gobierno desde hace más de treinta años, ha sido el responsable fundamental de la gravedad de la crisis del sistema educativo nacional, pues no sólo no ha satisfecho los requerimientos en la educación, sino que también ha sido el responsable directo de su desastre al haberla dejado a merced de una gravísima corrupción y de la malversación de los recursos públicos por funcionarios federales, estatales, municipales y líderes del corporativismo sindical, para ser usada como mecanismo abierto de manipulación y control político.
El documento dice que se debe considerar la efectiva participación fundamental de la sociedad civil y, sobre todo, de las autoridades comunitarias a través de iniciativas y consultas ciudadanas, mediante el referéndum y el plebiscito, para la promulgación de estas reformas constitucionales ya que la actual reforma se busca imponer de manera absolutamente antidemocrática.
Agrega que en lo que corresponde a la tarea de la evaluación de la calidad de la educación también se deberán incluir sus aspectos económicos y sociodemográficos.
Que en cuanto a la autogestión de los centros educativos, “es cierto, debe haber una mayor participación y corresponsabilidad de alumnos, maestros y padres de familia en la gestión educativa, pero con la asignación de los presupuestos públicos respectivos, y sobre todo, anteponiendo las tareas del combate a la pobreza y a los rezagos económicos y sociales que hasta hoy sufre más de la mitad de la población de nuestro país, sin hacer de la educación otro negocio más orientado al lucro de unos pocos”.
Llaman a que “en aras de la paz social, tanto el ejecutivo como el legislativo del estado, como por su parte el magisterio, deben hacer prevalecer el diálogo y la apertura a un amplio debate, en la organización de foros participativos en todas las regiones de la entidad, en el que intervengan todos los involucrados”.
Proponen que “después de revisar el contenido de la política económica y presupuestaria del país, entonces evaluar las implicaciones de los derechos laborales del magisterio, los cuales sin embargo, no han sido adjudicados para beneficiar precisamente a quienes de manera efectiva, y en condiciones desfavorables han realizado la labor educativa al interior del
gremio, prevaleciendo la desigualdad y una política de discrecionalidad en la asignación de prebendas y canonjías”.