El texto de la iniciativa de ley recoge lo principal

En la reunión de Casa Acapulco fue presentada la iniciativa que mañana llevarán los perredistas al pleno del Congreso y quedó así:
En el artículo 29 se establece que “el gobierno del estado dará todo su apoyo a las autoridades educativas federales, para que efectúen la evaluación del sistema educativo nacional, Sector de Guerrero, sin perjuicio de la que realicen las autoridades educativas del estado. La evaluación que realicen las autoridades educativas en el estado será participativa con todos los actores educativos, democrática, sistemática, permanente, procesual, formativa e integral. Tendrá como propósito mejorar la educación de los niños y jóvenes guerrerenses, a partir de las escuelas, tomando en cuenta la diversidad sociocultural, demográfica y socioeconómica de la entidad”.
Se aclara: “sus resultados serán tomados como base por las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, garantizando el respeto a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación, sin poner en riesgo su permanencia en el empleo”.
Se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 17: “Es responsabilidad del gobierno del estado otorgar plazas de base a los egresados de las escuelas normales públicas del estado, con base en criterios académicos confiables y transparentes”.
Un tercer párrafo al 22, que aclara que “las promociones a los cargos de dirección y supervisión se otorgarán en cumplimiento al escalafón vigente, con transparencia y a lo establecido en la Ley de Trabajo de los Servidores Públi-cos del Estado de Guerrero número 248, tomando en cuenta los resultados del sistema nacional de evaluación. En el caso de los derechos de los pueblos originarios, éstas se resolverán conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos y la Ley de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comu-nidades Indígenas del Estado”, la diferencia a la pasada propuesta es que quitó “usos y costumbres”.
También se propone adicionar un tercer, cuarto y quinto párrafo al 27 y al 65 Bis, quedando: “El gobierno del estado destinará a inversión pública en el sector educativo, un monto anual que no podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior, actualizado con base en la cifra oficial de inflación que publique el Banco de México. Con dicho presupuesto se abatirá gradualmente el rezago educativo en materia de infraestructura, en el medio rural y urbano, prioritariamente en los pueblos originarios”.
Además de que es obligación y responsabilidad de las autoridades educativas federales y estatales, “el sostenimiento de las escuelas, por mandato constitucional, y no de los padres de familia; sin menoscabo de la gestión que hagan a otras instancias. Los padres de familia participarán dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje únicamente con fines de apoyo pedagógico”.
Se prohiben las cuotas escolares, de inscripción y de cualquier tipo que tengan que ver con las necesidades de las escuelas públicas, “en cumplimiento al principio de gratuidad previsto en el artículo tercero constitucional”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).