Intenta la PGR criminalizar con su investigación a los normalistas, advierte Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Procuraduría General de la República (PGR) está sesgando la investigación de los delitos graves cometidos el 12 de diciembre de 2011 contra alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, para criminalizarlos, consideró el director jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
El también abogado defensor de los estudiantes dijo que se teme que en una o dos semanas, la PGR también solicite que un juez libere órdenes de aprehensión por ataque a las vías de comunicación contra los estudiantes que bloquearon la Autopista del Sol, “como si la integridad de una carretera estuviera por encima de la integridad de la vida”, dijo.
Recordó que en el desalojo a balazos, donde intervinieron policías federales, del estado y ministeriales, fueron asesinados los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y al menos una veintena fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra señaló que los delitos por los que están siendo acusados los ex funcionarios de la PGJE, indican que la PGR está sesgando la investigación.
El domingo la PGR informó que nueve servidores públicos tienen orden de captura por evasión de presos y por favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.
Rosales Sierra explicó que los señalamientos son por haber liberado a los estudiantes al siguiente día de su detención, particularmente a Gerardo Torres, a quien la PGJE con su titular Alberto López Ross a la cabeza intentó inculpar de disparar un arma de fuego contra sus compañeros.
En este contexto, informó que esta semana los normalistas no se van a presentar a declarar a la PGR por la averiguaciones previas de tortura, porque preocupa que el Ministerio Público utilice la información de los estudiantes para perfeccionar las averiguaciones previas contra ellos mismos.
Aclaró que estas hipótesis parten de la información que ahora tienen, pero desconocen los expedientes que integran las órdenes de aprehensión de los funcionarios estatales.
Rosales añadió que a los abogados les preocupa esta situación, porque hay una mesa de interlocución con el gobierno del estado, que representa los intereses de la comunidad estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pero se siguen observando situaciones de estado autoritario que condena la protesta, que lejos de hacer justicia a las víctimas de las violaciones, las condena.
Agregó que van a discutir este nuevo escenario con los estudiantes para tomar precauciones, porque esta situación no abona a la distensión política.