Se amparan once funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El juzgado Séptimo de Distrito concedió ayer un amparo a once funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra quienes fueron libradas órdenes de aprehensión solicitadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Los once amparados son acusados por la PGR de diversos delitos relacionados con el asesinato de los dos normalistas y la represión de que fueron objeto los estudiantes el pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol.
En el juzgado Primero, que liberó esas órdenes de aprehensión, esperan que la Policía Federal Ministerial (PFM) las ejecute y sean presentados esos once funcionarios y ex funcionarios.
También se informó que otros 17 funcionarios de la PGJE tramitan amparos ante la eventualidad de que se giren más órdenes de captura en las próximas horas.
Este lunes, la defensa jurídica de tres ex funcionarios y ocho funcionarios de la PGJE dio a conocer que el 24 de febrero el juzgado Séptimo de Distrito les concedió “la suspensión provisional del acto reclamado” por la PGR, que los acusa del delito de obstrucción de la justicia.
El amparo provisional beneficia al ex fiscal de Delitos Graves, Esteban Maldonado Palacios; al ex fiscal de investigación de Secuestros, Pablo Alejandro Jasso Barrera, y al ex director de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata, quienes fueron cesados por la PGJE.
También beneficia al subprocurador de Atención Jurídica, César de los Santos Mendoza; a la auxiliar del Ministerio Público, Vianey Salgado Gallegos; a la ex fiscal en la zona Centro y concentrada en Averiguaciones Previas, María Seberiana Peña Flores; a la agente del MP Magdalena de Je-sús Cruz; a la fiscal de Dere-chos Humanos, Martha Wendy Reza Ojeda; a los abogados Juan Rivera Altamirano e Hilario Santos Barrera y al MP Enrique Gil Mercado, quienes desde el viernes no se presentan a laborar debido a esas órdenes de aprehensión.
El número de amparo es el 259/2012 que concedió el juzgado Séptimo de Distrito, que fijó como “garantía de disposición” un monto de 10 mil pesos.
Los abogados indicaron que están a la espera de conocer “plenamente los motivos por los que se libró la orden de aprehensión para presentarlos ante el juzgado Primero de Distrito y que declaren en torno a las acusaciones que hace la PGR, pero si es delito grave los van a detener y van a ser recluidos en el penal; estamos esperando a conocer bien la acusación para tomar determinaciones”, añadieron.
Ayer se confirmó que otro grupo de abogados defiende a 17 funcionarios más de la PGJE, entre los que está la MP Rocío Cruz Méndez, quien fue detenida el viernes y recuperó su libertad el sábado por la noche luego de pagar una fianza y depositarla en el juzgado Primero de Distrito.
En este bloque se encuentran también Ministerios Públicos y peritos.
En total son 28 ex servidores y servidores públicos los que tramitaron amparos contra las órdenes de aprehensión.