Tiene la Contraloría la información sobre descuentos y rescisión de contratos, dice Silvia Romero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Aunque la semana pasada se informó que había mil 200 maestros participando en el paro laboral en contra de la reforma educativa, la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, se reservó hablar sobre los anunciados descuentos o de la posible rescisión de contratos.
La funcionaria argumentó que esta información la tenía el departamento de Contraloría Interna de la dependencia, y debía comunicarse con la Dirección General de Personal, para proporcionar información apegada a la realidad.
También se reservó opinar sobre la iniciativa de reforma y adiciones a la Ley Estatal de Educación, que el movimiento magisterial discutió el fin de semana con los diputados locales y que se tendría que aprobar el jueves de esta semana.
Declaró que hasta el momento no ha tenido acceso a la iniciativa, que se ha difundido en la prensa.
En una apresurada entrevista, al concluir la inauguración de actividades en la unidad deportiva de Chilpancingo, sólo consideró que la propuesta de creación de un instituto de evaluación estatal, similar al que se propuso de tipo nacional, no debe contravenir los estatutos del organismo federal.
El viernes en un programa especial en el sistema de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, Romero Suárez insistió en que la mayoría de los maestros se encuentran en los planteles.
Entonces aseguró que sólo tenían el registro de 380 escuelas en paro de labores ubicadas en la parte de La Montaña alta, Costa Chica y la región Centro del estado, de 10 mil 200 planteles que hay en el estado.
“Estamos hablando de un número de mil 200 docentes que están participando en la movilización y que están afectando a 26 mil alumnos, nosotros quisiéramos que no hubiera ningún sólo niño fuera de las aulas”.
En la entrevista informó que se hacían recorridos diarios en las diferentes regiones, a través de los delegados, en todos los niveles de educación básica, y aunque había supervisores que se negaban a dar información, obtenían datos mediante llamadas telefónicas (donde cuentan con este servicio) para verificar si las escuelas están cerradas.