Acusa la alcaldesa de Tierra Colorada a su predecesor de vínculos con la delincuencia; la autodefensa abusó de ella, denuncia

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta municipal de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Elizabeth Gutiérrez Paz, denunció nexos del exalcalde perredista Porfirio Leyva Muñoz y su familia con la delincuencia organizada que opera en el lugar.
Denunció que el 26 de marzo fue víctima de abusos y manoseos de policías del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana que se originó a partir del movimiento de autodefensa en la Costa Chica que encabeza la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
La alcaldesa del PAN asistió al Congreso local a convocatoria del diputado de su partido y presidente de la comisión de Justicia, Jorge Camacho Peñaloza, ahí se reunieron con integrantes de la UPOEG.
Antes de retirarse, a mitad de la reunión, la alcaldesa accedió a una entrevista después de haberla negado un par de veces a los reporteros, se le preguntó por los señalamientos que integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de tener vínculos con la delincuencia organizada y de proteger al exdirector de Seguridad Pública, Óscar Ulises Valle García, a quien la autodefensa acusa de ser el responsable del asesinato de su comandante ciudadano en San Juan del Reparo Norte, Guadalupe Quiñones Carbajal.
Durante su participación en la reunión, la presidenta municipal se quejó de que nunca se investigó al exalcalde perredista de Juan R. Escudero, Porfirio Leyva Muñoz, cuando en el lugar se sabe de “algunas relaciones (con el crimen organizado) o se conocen algunas irregularidades”, también mencionó que hubo más de 10 secuestros durante la administración municipal pasada.
En la entrevista se le preguntó a qué se refirió con lo dicho y por qué nadie denunció.
Gutiérrez Paz recordó, sin contestar a las preguntas, “que la fosa donde se encontraron los cadáveres de tres marinos y una mujer estaba en el terreno del padre del expresidente municipal” y que en esa ocasión no se investigó a nadie, reprochó, porque la UPOEG pide “que se investigue a los alcaldes que pudieran tener relación con los grupos delincuenciales” pero en este caso no hicieron nada.
Comentó que uno de los detenidos por ese caso, Fortino Roque Muñoz, El Malandro, “era primo hermano del expresidente municipal”, pero después de lo dicho ya no quiso abundar en el tema.
Se le preguntó por la denuncia que hizo en la reunión, de que los integrantes del sistema de seguridad la habían manoseado y por qué no lo denunció antes, y la presidenta municipal respondió con la voz entrecortada que “fracturan tu dignidad, era por eso que no podía asimilarlo y no podía contarlo”.
El 26 de marzo más de dos mil integrantes del sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Costa Chica sitiaron Tierra Colorada, detuvieron por unos minutos a la presidenta municipal, acusada de proteger a su secretario de Seguridad Pública a quien relacionan con la delincuencia organizada.
Ayer, la alcaldesa, con lágrimas en los ojos expresó “yo no quise abundar más porque entiendo y tal vez es parte de mi responsabilidad lo que había estado ocurriendo en mi municipio, pero después reflexioné y yo no tomé sola la decisión de nombrar a mi director de Seguridad, lo puse a consideración del cabildo y todos fuimos responsables”.
Se le insistió en cuáles fueron las agresiones que sufrió y hasta dónde llegaron los integrantes de la autodefensa y comentó que “fue lo peor que le puede pasar a una mujer, soy una mujer casada, madre de cuatro hijos, me detuvieron, me apuntaron más de mil gentes, me tiraron al piso aún a sabiendas de quien era, eso lo tolero”.
Pero recriminó que “eso a que te tiren al piso y me manosearan con morbo más de cuatro hombres armados, eso es lo que no tolero, eso fue indignante”.
Comentó que le informó al dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio de los abusos de los que fue víctima, pero el dirigente indígena no tomó ninguna medida.
Se le preguntó si presentaría alguna denuncia por el abuso pero dijo que no tenía intenciones de proceder legalmente.
“Lo importante ahora es que hay ocho policías detenidos, un comandante y el director de Seguridad Pública, es lamentable y me pega que sus esposas estén angustiadas, mientras dura el arraigo de 30 días, espero en dios que todo salga bien”.
Agregó que los detenidos tienen “todo el respaldo de la presidencia municipal, mientras la Procuraduría no compruebe algo turbio”, por el momento dijo que los uniformados y Óscar Ulises Valle son respaldados legalmente por el Ayuntamiento.