Que se haga justicia, dice Aguirre sobre las órdenes de aprehensión

Firman ocho acuerdos en favor de la educación *** En un acto con la élite política, el sindicato magisterial, el gerente de Televisa local y sin los profesores de la CETEG ni organizaciones sociales el gobernador Ángel Aguirre presentó el Pacto Social por la Educación que incluye mejorar la infraestructura y 100 millones de pesos para un fondo de retiro voluntario de docentes para abrir plazas para los egresados de las normales * Foto: Éric Chavelas Hernández

* Responde el gobernador a señalamientos de que no defiende a sus funcionarios acusados de delitos en el caso Ayotzinapa, quienes ya no se presentan en la PGJE * La PGR no le ha notificado nada, afirma Aguirre  * Simpatizantes de López Rosas le reclaman que lo deje solo * Las personalidades que representan a los normalistas valoran también dialogar con la CNDH y el gobierno federal

La PGR no le ha notificado de ninguna orden de aprehensión, dice Aguirre

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

El gobernador Angel Aguirre Rivero volvió a decir ayer que no sabe nada del caso del ex procurador Alberto López Rosas, porque la PGR no les ha notificado sobre la orden de aprehensión contra algún ex funcionario de la Procuraduría General del Estado (PGJE).
Anunció que su postura es exigir justicia y defender la soberanía del estado, y aseguró que por las detenciones de ex funcionarios y ministeriales, la PGJE no está siendo desmantelada por la PGR, como lo afirma el ex procurador.
Entrevistado este martes al final del acto de firma del Pacto Social por la Educación en el auditorio Sentimientos de la Nación, al gobernador se le preguntó si este martes ya tenía información de lo que ocurría en la PGJE.
“Yo hasta este momento no he recibido ninguna información por parte de la PGR, por eso no puedo darles ninguna información”, dijo.
Se le insistió sobre el tema, y el gobernador reiteró que no ha recibido ninguna notificación al respecto que le indique si hay algún proceso en contra de López Rosas.
Un reportero le preguntó si ha dialogado con López Rosas, y respondió: “Le he preguntado al secretario general de Gobierno, (Humberto Salgado Gómez) pero me dice que hasta esta fecha no hemos recibido ninguna notificación”.
También se le preguntó si coincidía con López Rosas en que con sus acciones, la PGR pretende desmantelar la PGJE.
El gobernador respondió: “Yo no lo veo así, porque la Procuraduría (General de Justicia del Estado) allí está”.
También dijo que en las últimas fechas no ha dialogado con la titular de la PGR, Marisela Morales.
Y a pregunta de si intervendrá, el gobernador indicó: “Yo en todo momento creo que mi condición y mi obligación es pugnar porque siempre las cosas se apeguen a derecho y que se haga justicia en todo momento y hacer que se respete la soberanía de todo el estado”.
A pregunta expresa, negó que la firma del Pacto Social por la Educación con el SNTE sea una reconciliación con la dirigente vitalicia, Elba Esther Gordillo: “No, porque aquí no sólo está el Sindicato de Trabajadores de la Educación, aquí tienen cabida y espacio todos aquellos guerrerenses que quieran contribuir por la educación”.
–¿Entonces por qué no invitó a los maestros de la CETEG?
–Entiendo que la CETEG es parte del Sindicato (Nacional de Trabajadores de la Educación) y todos fueron invitados.

No han ido a trabajar a la PGJE los funcionarios con órdenes de detención

Jesús Saavedra

Chilpancingo

Mientras en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) predomina un ambiente de incertidumbre tras conocerse que la PGR solicitó varias órdenes de aprehensión contra funcionarios y trabajadores de esa dependencia por el desalojo violento del pasado 12 de diciembre, en la sede de los juzgados Primero y Séptimo de Distrito con sede en esta capital se ha montado un discreto operativo de vigilancia y seguridad de la Policía Federal Ministerial (PFM).
Este martes cumplieron cinco días sin ir a trabajar los funcionarios contra quienes hay órdenes de aprehensión, como el subprocurador César de los Santos Mendoza, quien a pesar de tener un amparo federal ha permanecido oculto y no se ha presentado a la PGJE desde el pasado viernes.
Los abogados de esos servidores públicos, continúan a la espera de saber exactamente de qué delitos se les acusa para determinar si al menos 28 amparos federales concedidos tienen efectos, y de eso dependerá si el delito por el que se les acusa es grave, y si es así, el amparo en mención de nada les serviría y en cuanto se presenten a declarar o sean localizados serán detenidos y consignados al penal de esta capital y puestos a disposición del juez federal que los reclama.
Aparte está el caso del caso del testigo protegido que la PGJE presentó en las investigaciones que inició por el desalojo del 12 de diciembre.
De oficio mecánico, este testigo protegido también se ha mantenido escondido tras conocer que sobre él también pesa una orden de detención, y hasta este martes no se pudo conocer si ha tramitado algún amparo o la PGJE le está brindando asistencia jurídica.
Este martes, trabajadores y abogados que acuden a la sede de esos dos juzgados ubicados en la calle 5 de Mayo en el centro de esta ciudad, confirmaron que desde el lunes por la tarde hay una guardia discreta de la PFM.
Indicaron que la presencia de la PFM fue a solicitud de la justicia federal para resguardar el inmueble público, pues temen que haya protestas en los próximos días por la liberación de órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios y ex funcionarios de la PGJE.
Lo anterior, teniendo el antecedente de que se han movilizado habitantes y comerciantes de Acapulco en el bulevar de esta capital, por la consignación de los agentes ministeriales Rey David López Cortés e Ismael Matadama Salinas, como lo hicieron también el domingo pasado en la costera Miguel Alemán de Acapulco.

Simpatizantes de López Rosas reclaman a Aguirre que lo deje solo ante la PGR

Simpatizantes del ex procurador Alberto López Rosas, que se presentaron como “sociedad civil”, reclamaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero su actitud pasiva ante las “arbitrariedades” cometidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de ex funcionarios de la Procuraduría de Justicia del estado y contra el ex procurador.
En conferencia de prensa en las oficinas del PRD en Acapulco, Javier Meza leyó una carta dirigida al gobernador, que una comisión se encargaría de entregarla en la secretaría particular de Ángel Aguirre en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo.
En la carta de dos cuartillas aparecen como firmantes los nombres de 98 personas y se agrega la frase y “tres mil personas más”.
Le piden al gobernador que intervenga en el caso porque hasta ahora no se sabe de “acción alguna para evitar que estas arbitrariedades (las órdenes de aprehensión) se consumen”.
En el documento también le piden a Aguirre que los escuche y “no permita que se avasallen las garantías individuales y derechos humanos de ciudadanos guerrerenses, que además de ser inocentes se desempeñaron honrosamente en su gobierno”.
Exponen que están preocupados porque se dicten órdenes de aprehensión contra funcionarios guerrerenses y el ex procurador López Rosas, “cuando es sabido que la investigación carece de pruebas contundentes que acrediten la veracidad de los hechos”.
También señalan que las autoridades federales han mostrado una actitud tendenciosa al esquivar la responsabilidad de la Policía Federal, porque al principio se negó la participación de esa policía y después con los videos se comprobó su presencia durante la protesta de los estudiantes en la Autopista del Sol y que la Secretaría de Seguridad Pública se negó a entregar su informe a la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.
Los simpatizantes de López Rosas recordaron que el pasado 18 de enero, en una reunión con los diputados federales del PRD, el gobernador dijo que estaba “totalmente convencido” de que el ex procurador no tenía responsabilidad en los hechos del 12 de diciembre. (Daniel Velázquez).

Buscará dialogar con el gobierno federal, dice la comisión civil del caso Ayotzinapa

La comisión de académicos y defensores de derechos humanos que representa a la comunidad estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa sostuvo ayer la segunda reunión de trabajo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y funcionarios estatales en Chilpancingo.
Al término del encuentro, el vocero del grupo, Miguel Álvarez Gándara, informó que esta semana valorarán tener una interlocución con el gobierno federal.
Dijo asimismo, que van a analizar la interlocución con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Indicó que la comisión de interlocución tiene que ver “con los efectos relacionados con los normalistas en cuanto a seguridad y derechos humanos”, y aclaró que aun cuando los acuerdos que se tomen con las instancias de gobierno no son vinculantes con la investigación y en las averiguaciones del caso, “somos una instancia civil con una postura de justicia y de verdad”.
En la reunión de ayer participaron, por la comisión ciudadana de interlocución, el académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Arturo Miranda Ramírez, la académica de la Universidad Pedagógica nacional (UPN), Magdalena Gómez, y de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), David Bermúdez y Álvarez Gándara.
Por el gobierno del estado, el gobernador Aguirre Rivero, la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, y el coordinador de Proyectos Estratégicos, Ernesto Aguirre Gutiérrez pero al contrario de la primera reunión del 14 de febrero, el mandatario no salió a la entrevista con los medios de comunicación a presentar una postura oficial al término del encuentro, sólo la comisión informó de los resultados.
Al principio de la entrevista, Álvarez Gándara subrayó que la tarea de la comisión es reciente, “tenemos dos semanas que a petición de la sociedad de alumnos de la normal rural de Ayotzinapa nos acercamos para propiciar condiciones de acercamiento y de interlocución entre los estudiantes y el gobierno del estado”.
Recordó que el conflicto de los normalistas con el gobierno del estado se complicó por el desalojo violento donde murieron dos normalistas, pero el problema comenzó antes del 12 de diciembre.
En este contexto, dijo que la comisión tiene distintos temas en la agenda, e informó que el gobierno del estado atendió con seriedad los aspectos relacionados con la agenda educativa de carácter inmediato, como la regularización de las clases, normalizar la vida de la normal y el cambio de director, que se acordó en la primera reunión.
Sin embargo, dijo que los asuntos educativos de fondo y de justicia siguen pendientes.
Sobre los resultados de la reunión, informó que la comisión lleva una propuesta escrita del gobierno del estado sobre la reparación del daño, para los familiares de las víctimas, y recibieron una propuesta de protección para la comunidad estudiantil, para los estudiantes detenidos y los jóvenes heridos de bala en el desalojo policiaco del 12 de diciembre.
Insistió en que estas son tareas inmediatas “en el marco de este conflicto vivo, intenso, complejo, polarizado, y por ahora la interlocución sólo ha cubierto los temas de las condiciones educativas”.
Destacó que ayer se dio un segundo paso para atender “lo que tiene que ver con reformas y fortalecimiento de la normal, pero es un tema complejo que no se resolverá en una mesa de trabajo”.
En lo educativo, destacó que prácticamente está consensada la publicación de la convocatoria de nuevo ingreso del nuevo ciclo escolar así como la matrícula, “es muy probable que entre hoy y mañana se haga la versión final”.
Como parte de los trabajos de esta convocatoria, dijo que la comisión se comprometió a participar en la gestión de recursos ante la federación “en los próximos días y semanas”.
Un tema pendiente de la agenda es la problemática de seguridad “ligada a la condición de justicia”, pero reconoció que la comisión no es vinculante en este tema, pues “no somos PGR, ni CNDH”, pero señaló que también serán tareas “en la segunda etapa de los trabajos”.
Dijo que en esta primera fase de los trabajos hay avances en los asuntos urgentes, pero los temas de educación de fondo y de justicia “no son temas que dependan de esta mesa, es una situación mucho más compleja, de la cual somos parte pendiente”.
Puntualizó que la comisión tendrá que ver en “los efectos que tengan que ver con los normalistas en cuanto a seguridad y derechos humanos”.
Al insistirle sobre su opinión respecto a las averiguaciones previas de la PGR contra funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que podría derivar en órdenes de aprehensión contra los normalistas, Álvarez Gándara fue cuidadoso en su respuesta.
Antes dijo que no es conveniente “que nos metamos al ring de las noticias –en su papel como interlocutores–, tenemos que decir que es un serio conflicto derivado de una grave violación a los derechos humanos, que tiene efectos múltiples”.
Añadió que “sí estamos pendientes de la verdad jurídica y la verdad histórica para dar soluciones en materia de justicia, no sólo en términos de castigo a los responsables, o juicio a los responsables y garantías a las víctimas”.
Insistió que el papel de la comisión es de serenidad, “e iremos informando gradualmente de la marcha, y reconociendo que este complejo conflicto no está resuelto”.
Explicó que están planteando que haya un mecanismo de información y de seguimiento de parte de la comisión a las investigaciones judiciales, pero “alguna información está aquí, otra a nivel federal y estaremos reflexionando en los próximos días si nuestra comisión, en esta segunda etapa, también pasa a una mayor interlocución con instancias federales”.
Ayer los comisionados indicaron que en esta visita a Guerrero no se reunieron con los normalistas, que se encuentran en un periodo de prácticas, y la mayoría regresó de inmediato al Distrito Federal. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).