Magaly Salinas y Enrique Pasta, entre los zeferinistas acusados de desvío de recursos

Fernando Hernández

Iguala

El contralor del estado, Julio César Hernández Martínez, informó que en el segundo paquete de procesos administrativos contra ex funcionarios del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se encuentra Magaly Salinas, quien fue subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud (Ssa), así como ex directivos de las secretarías de Educación (SEG), Desarrollo Rural (Seder), del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), del Colegio de Bachilleres (Cobach), del Colegio Nacional de Educación Profesional de Educación Profesional Técnica (Conalep), del Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC) y de la Secretaría de Finanzas y Administración.
En declaraciones a los reporteros después de que terminó el Festival Anticorrupción en Teloloapan, precisó que en el segundo paquete de recursos administrativos por presuntos desvíos y mal manejo de los recursos públicos se encuentra también el ex subsecretario de la SEG, Enrique Pasta Muñuzuri.
Precisó que también se iniciaron recursos administrativos en contra de la zeferinista Gloria Sierra por su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y como responsable de las operaciones financieras del Seguro Popular (SP).
A pregunta agregó que no se han iniciado recursos contra el ex titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, el miembro del grupo político de la ahora detenida Elba Esther Gordillo y que se mantuvo en el cargo los seis años de Torreblanca. A decir de Hernández Martínez el ex funcionario no está sujeto a “procedimientos administrativos”.
–¿En los alcances de este segundo paquete de recursos administrativos se ha alcanzado al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo? –se le preguntó.
—No hemos entrado en el tema de Torreblanca, estamos fortaleciendo la investigación que tenemos en el CEDAC (Centro de Atención Ciudadana de Acapulco). Pero hemos detectado que en la adquisición de los terrenos hubo muchas irregularidades. Estamos perfeccionando la investigación administrativa —acotó el contralor.
“Queremos hacer bien las cosas, nosotros nos sujetamos y estamos respetando todas las garantías jurídicas. Porque no queremos hacer un proceso jurídico que dure uno o dos meses en donde no se les respeten sus garantías, cuando una instancia federal lo revise podría opinar lo contrario a lo que nosotros determinemos. Se ha tardado porque debemos respetar las garantías”, observó sobre las investigaciones en contra del ex gobernador.
Retomó que de los primeros 30 ex funcionarios que fueron sancionados, “los inhabilitamos para ocupar cargos públicos por 10 años, fueron denunciados ante la PGR, estamos esperando a que la fiscalía federal perfeccione los procesos”.
Pero en el segundo paquete de procesos administrativos hay funcionarios que hicieron mal uso de recursos federales y estatales entonces, dijo, y “lo primero es que concluyamos el proceso administrativo, sancionemos, y a partir de que sancionemos podemos hacer las denuncias penales ante la PGR y ante la Procuraduría General de Justicia en el caso de los que manejaron recursos estatales”.
Hernández Martínez aseguró que para fortalecer las investigaciones por presuntos desvíos y mal manejo de los recursos públicos la Contraloría “se está haciendo allegar peritajes financieros contables, financieros, de ingeniería y de obra pública”.
Todos los funcionarios contra los que se inició la segunda tanda de recursos administrativos en contra de ex funcionarios de la administración de Zeferino Torreblanca Galindo “ya comparecieron”, sostuvo.
La fase en la que se encuentra la segunda ola de observaciones en contra de los ex funcionarios, explicó, “está en la valoración porque a ellos les otorgamos y respetamos el derecho de audiencia que establece la Constitución, porque se les debe también respetar la garantía de ofrecer pruebas a lo que su derecho convenga”.
Sobre la queja principal de los alcaldes en materia de fiscalización, argumentó que “piden mayor trabajo, ellos piden que se les capacite y les ayuden a modernizar la administración pública”.
Aseveró que en las alcaldías de Iguala, Acapulco, Petatlán, Tecpan y Ometepec persisten observaciones por la falta de entrega de información y la falta de bienes en los documentos de los procesos de entrega-recepción.