Rosa Icela Ojeda Rivera

Las muertas

A principios de los años noventa, con la alternancia política en el estado de Chihuahua, (perdió el PRI la elección de gobernador y el PAN asumió la gubernatura del estado),  aumentó el asesinato de mujeres en esa entidad. La indiferencia del gobierno estatal ante el fenómeno, le valió al Estado Mexicano la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por la negligencia mostrada en la investigación de los asesinatos de mujeres de “Campo Algodonero”: la autoridad investigadora no realizó las indagatorias que debió hacer, no preservó la escena del crimen ni los indicios que podían ayudar a localizar a los responsables, tuvo oídos sordos a los reclamos de los familiares de la víctimas y como consecuencia esos crímenes quedaron en la impunidad.
En el estado de Guerrero, ocurrió un fenómeno similar, simultáneo con la alternancia política se incrementó la actuación delincuencial, aumentó la violencia contra la población y crecieron los asesinatos de mujeres. De 2005 a la fecha más de 1,100 mujeres han sido asesinadas de forma violenta. Un alto porcentaje de los asesinatos muestra signos de misoginia:  violencia sexual, previa y posterior al asesinato, tortura, desmembramiento, desfiguración  y abandono de la víctima, lo mismo en lugares públicos que en parajes solitarios.
En cada una de las regiones de la entidad hay uno o dos municipios en los que el fenómeno es más recurrente, Chilpancingo y Chilapa en la zona Centro; Ometepec en la Costa Chica, Zihuatanejo en la Costa Grande: Iguala en la zona Norte, Pungarabato en la Tierra Caliente y Tlapa en la Montaña. El municipio de Acapulco merece una mención especial, durante los años del 2005 al 2011 las mujeres asesinadas con violencia representaron entre el 20 y el  35% del total anual en la entidad,  pero en lo que va de este año, de las 64 mujeres asesinadas hasta el 16 de abril, 35 se perpetraron en Acapulco, lo que representa el 54.6%. Si a este dato  agregamos violación sexual en contra de mujeres locales y extranjeras, abusos sexuales y ataques a la libertad en lugares de recreación diurna y nocturna, podemos aseverar que es el momento que la autoridad municipal respaldada por la autoridad estatal y  el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pongan en marcha las medidas que establece la Ley Estatal número 553 para garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra; se asignen los  recursos presupuestales necesarios para implementar las acciones de seguridad y justicia; se elaboren reportes especiales de  los indicadores de la violencia feminicida; se evalúe la eficacia de las  políticas públicas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.
La sociedad y sus instituciones no pueden permanecer impasibles ante el incremento de la inseguridad, no debemos normalizar la violencia ni dejar de exigir a las autoridades garantes de la investigación y castigo de los responsables, su actuación para hacer efectivo el acceso a la justicia y la disminución de la impunidad. El Estado de Derecho debe ser restablecido y con él nuestras  más elementales libertades, de tránsito, trabajo y respeto a la integridad física y mental.