Por motivos políticos, no jurídicos, el rechazo a las propuestas de la CETEG: Tlachinollan

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que el Congreso local se escuda en pretextos jurídicos cuando su rechazo a las reformas de la CETEG es por cuestiones políticas debido a su sometimiento a los dictados del gobierno federal y estatal.
Dijo que si las modificaciones que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación Guerrero (CETEG) propone son o no contradictorias con la reforma educativa federal, eso lo debe decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no los diputados locales.
Sobre todo porque las propuestas de la CETEG van encaminadas a la defensa “de manera más amplia los derechos de pueblos indígenas, campesinos, pueblos marginados, es de tomarse en cuenta, jurídicamente tienen en el Congreso del estado todos los elementos para aprobarla, incluso habiendo pequeñas contradicciones”, afirmó Vidulfo Rosales.
Dijo que los motivos por los cuales los diputados se resisten a votar a favor la iniciativa que presentó la fracción del PRD, son políticos y no jurídicos como lo quieren hacer creer, “son decisiones del gobernador, de los poderes instituidos, del Congreso del estado, de los partidos… políticamente no quieren aceptar esta reforma”.
Por eso consideró que también será una responsabilidad política llevar al estado a la ingobernabilidad, porque afirmó que las organizaciones sociales sólo reaccionaron por la indolencia del Estado ante el movimiento magisterial, “que defiende la educación gratuita y sus derechos laborales”.
E insistió en que “jurídicamente hay todas las bases, no se puede aplicar una reforma educativa de una manera estandarizada, tiene que haber diferenciaciones, estamos hablando de un gran porcentaje de grupos indígenas, campesinos, comunidades marginadas en Guerrero”, y eso es lo que los diputados no están tomando en cuenta.
Como tampoco contemplan “que el artículo primero constitucional dice que las pautas de interpretación de la Constitución han cambiado”.
Explicó que ahora “el artículo primero nos da otra pauta de interpretación, tiene que ser la norma que más favorezca a los grupos sociales, donde se puede recurrir a los tratados internacionales que México ha suscrito, mientras los diputados continúan en la vieja fórmula del artículo 133 que hablaba de una interpretación lineal, que todas las leyes locales tienen que estar ajustadas a las leyes federales o a la Constitución”.
Incluso afirmó que a pesar de que la ley estatal de educación pueda contravenir a la federal, la propia Constitución otorga fundamentos y sustento jurídico para resistir una controversia constitucional, pero afirmó que “obviamente no se trata de una decisión jurídica, hay una decisión política de no querer avanzar y de no querer aprobar la reforma, que jurídicamente está sustentada”.
Dijo que esa es “otra clara muestra” de que los legisladores locales no sólo se supeditan a lo que dispone el gobierno federal, sino también al gobierno del estado, y recordó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero se reunió con los integrantes de la Comisión de Gobierno para cabildear la negativa a la reforma a la ley estatal de educación.
Dijo que además de pretender privatizar la educación y restar derechos laborales a los trabajadores de la educación, el gobierno federal también pretende criminalizar la lucha social, como el hostigamiento que hay alrededor de la participación de la Policía Comunitaria de Acatempa en el Movimiento Popular Guerrerense.
Lamentó que desde el ayuntamiento de Tixtla se estén presentando denuncias contra los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) para intentar menguar su participación en el movimiento, que surgió a partir de la aprobación de la reforma educativa.
Rosales afirmó que se pretende criminalizar y hacer ver a la Policía Comunitaria como si estuvieran violando la ley al salir de sus comunidades, pero dijo que están amparados por la ley 701 que el Congreso local aprobó.