Héctor Manuel Popoca Boone

¿Cruzados ante el hambre?

Un lector me cuestionó sobre mi aseveración de que el programa presidencial de la Cruzada contra el Hambre corre el riesgo de tomarnos desprevenidos y no obtener los resultados que todos ansiamos. A continuación explico algunos de los obstáculos que habremos de superar.

Parto de ciertas definiciones básicas: El hambre es provocada por la pobreza; y ésta por la falta de ingresos económicos remuneradores que necesitan percibir las familias; y la carencia de éstos emolumentos es consecuencia de que no hay empleos estables y dignos para aquellos que están en edad de trabajar; Y estos no existen mientras sigamos empeñados en un modelo de crecimiento económico que no alienta la inversión productiva y a la vez, privilegia la concentración del ingreso nacional en pocas manos a costa de la pobreza de la mayor parte de la población.

Por lo tanto, el hambre y la pobreza no se erradicarán tan solo con programas de protección social. Sirven y son convenientes para menguar la primera y administrar la segunda. Ambas dolencias sociales siguen creciendo en nuestro país, a pesar de que también crece el gasto público en ese rubro.

En el nuevo programa presidencial, el reto a superar es la descoordinación institucional que se presenta en los tres niveles de administración pública (federal, estatal y municipal). Es una mala inercia que se arrastra de antiguo, en donde cada institución está acostumbrada a actuar bajo su cuenta y en base exclusivamente a su campo de competencia y sus propias reglas de operación. Las instituciones acusan el “Síndrome del Llanero Solitario”.

Falta un plan integral de desarrollo regional que sea la guía rectora obligatoria que acuerpe todos los esfuerzos gubernamentales y que sea concertada con los grupos sociales. Hace mucho que la planificación dejó de ser un instrumento de gobierno con las nefastas consecuencias que actualmente padecemos.

La coordinación con visión estratégica es necesaria porque la pobreza, y por ende el hambre, están sobredeterminados por una multiplicidad de factores que actúan en diferentes dimensiones, ámbitos y en territorios con especificidades locales de gente, recursos naturales, tecnologías, mercados, idiosincrasias, hábitos de trabajo y alimenticios, entre otros.

La articulación de esfuerzos regionales bajo una sola estrategia requiere además trasvases interinstitucionales en por lo menos tres perspectivas: de sustentabilidad, de género (mujeres) y de generaciones emergentes (jóvenes), que hoy están desvinculadas, aisladas y sin prioridad programática.

Al no existir un marco global que vincule empeños y recursos públicos y sociales se desvanecen múltiples sinergias positivas que se pudieran generar. Es menester contar con una institución líder –tanto federal como estatal– con fuerza conectiva y articuladora del esfuerzo integral que se vaya a realizar.

Si bien es cierto que el decreto presidencial encomienda a la Sedesol federal esa responsabilidad, le tomará tiempo asumirla del todo, por el síndrome ya descrito y porque ningún funcionario, a estas alturas de inicio del partido, desea roces y conflictos con sus pares en los recién creados gabinetes de trabajo federal; y también con los gobiernos estatales y municipales.

Si a lo anterior se le suma la normatividad establecida (reglas de operación) “estandarizada a nivel nacional” en la aplicación de cada programa y en cada dependencia, nos encontramos que los desnutridos agraciados tendrán que sufrir el viacrucis de una tramitología kafkiana que cuando lleguen los apoyos, habrán muerto de inanición.

Permanece la consigna en la tecnocracia de que si la realidad no se ajusta a la norma, lo que debe cambiar es la realidad más nunca jamás las reglas de operación. A menos que los técnicos o funcionarios les auxilien en eludirlas con una módica mochada de por medio.

En este tipo de sobornos y corrupción se estima que de cada 100 pesos netos que deben de llegar al beneficiario para algún proyecto, en realidad recibe 60 pesos, en términos generales. Lo demás se queda para aceitar la gestión burocrática de funcionarios y técnicos.

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