La propuesta que Sofío Ramírez entregó a la CETEG, la misma que defiende el bloque priista

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La propuesta de reformas a la Ley Estatal de Educación que el senador Sofío Ramírez Hernández entregó el jueves pasado al Movimiento Popular Guerrerense, en presencia del gobernador Ángel Aguirre  Rivero, es una relación de artículos para sustituir párrafos de la propuesta que el magisterio de Guerrero consensó con los diputados locales del PRD.
En el documento, que se compone de dos columnas, se indica lo que dice la iniciativa de la CETEG-PRD y el “texto propuesto por el Estado de Guerrero” para retirar algunos párrafos.
El dirigente magisterial Minervino Morán Hernández destacó que en el tema de la evaluación se retiró la frase de que no iba a poner en riesgo la permanencia en el empleo, como establece la propuesta los diputados del PRD.
De acuerdo con el documento en posesión de El Sur, también se sustituirían los párrafos donde dice que la evaluación del sistema educativo nacional, sector Guerrero, “se realizará sin prejuicio de la (evaluación) que realicen las autoridades educativas del estado”.
En su lugar se propuso que los resultados de la evaluación serán tomados como base por las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, “garantizando el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”. Es decir no habría evaluación estatal.
En el mismo tema, en el primer artículo transitorio de la propuesta oficial se habla de “la creación del Instituto de Profesionalización y Evaluación Educativa del Estado”, cuando el movimiento popular exigió un organismo estatal autónomo, que se coordine con el instituto nacional.
Sobre la entrega de plazas docentes, que el movimiento demandó fuera incorporado en la legislación estatal, el gobierno propuso un artículo en total concordancia con la reforma federal que a la letra dice: “en ejercicio de las facultades concurrentes del gobierno federal y estatal, de conformidad a las disponibilidades presupuestarias, las plazas de nueva creación para el ingreso al servicio profesional docente, serán sujetas a concurso de oposición de conformidad a lo dispuesto en los artículos tercero de la Constitución…”
Asimismo, dice que “tendrán participación los egresados en estos concursos, los egresados de las normales públicas del estado de Guerrero”, y “se podrán proponer a la SEP estándares complementarios para el ingreso que tomen en cuenta las particularidades de la entidad, incluida las de la educación de los pueblos originarios”.
Aunque se hace mención de los pueblos originarios, Morán Hernández señaló que están quitando la promoción de cargos de dirección que en las comunidades indígenas se realiza por usos y costumbres, es decir por elección de los pueblos. Incluso, señaló que ahí se no utiliza el escalafón, que también se retiró de la propuesta oficial.
En cuanto el presupuesto, mientras en la propuesta de consenso dice que “en todo el tiempo el gobierno del estado procurará fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales para la educación pública”, la redacción oficial apunta que “se destinará a inversión pública un monto anual que no podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior”.
En un apartado, en el que se advierte que no hay “precedente” sobre el tema, se incluye “que es obligación y responsabilidad de las autoridades educativas del gobierno federal y del Estado, el sostenimiento de las escuelas públicas, y no de los padres de familia, sin menoscabo de la gestión que hagan en otras instancias”.
Pero ese párrafo sustituiría un artículo del magisterio que dice: “No podrá condicionarse la inscripción, la igualdad en la prestación del servicio educativo, la aplicación de exámenes ni la entrega de documentos escolares al pago de cualquier cuota”, y que “queda prohibido el cobro obligatorio de cuotas escolares, de inscripción y de cualquier tipo que tenga que ver con las necesidades de las escuelas públicas”.
En cuanto a los ascensos del personal en servicio, donde el movimiento insistió en incorporar el escalafón, que se encuentra señalado en una Ley Estatal, la redacción del texto oficial dice que “las promociones a los cargos de dirección y supervisión se otorgará con base a los resultados del sistema nacional de evaluación educativa”.
Morán Hernández sostuvo que retirando el escalafón de la iniciativa están violentando los derechos laborales, porque terminan con la bilateralidad, donde participa el sindicato, lo que está considerado en una ley estatal.
Por otro lado, el dirigente indicó que durante la presentación de esta nueva propuesta en la Casa Guerrero el jueves por Ramírez Hernández, el senador reconoció que consultaron la propuesta que se consensó con el PRD con personal del jurídico de la SEP, pero el dirigente consideró que el gobernador también tiene metidas las manos en este asunto.