Ni evaluación estatal ni defensa de los derechos laborales, en la propuesta del PRI-PVEM-PAN-Panal

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La propuesta de dictamen que reforma y adiciona la Ley Estatal de Educación que defiende el bloque del PRI, PVEM, PAN y Panal, más el diputado Evencio Romero del Movimiento Ciudadano, no considera la creación del instituto estatal para la evaluación de los maestros ni enfatiza el respeto a los derechos laborales de los docentes.
El proyecto de dictamen, que se prevé sea presentada y discutida en el Congreso local, plantea una reforma al artículo 29 para quedar de la siguiente manera: “el Gobierno del Estado dará todo su apoyo a las autoridades educativas federales para que efectúe la evaluación del sistema educativo del Estado de Guerrero; las autoridades educativas del Estado coadyuvarán en tal propósito. Tendrá como finalidad mejorar la educación de los niños, jóvenes y los docentes de la entidad, a partir de las escuelas, considerando la diversidad sociocultural, demográfica y socioeconómica del Estado de Guerrero”.
Y continúa: “sus resultados serán tomados como base por las autoridades educativas, para que, en el ámbito de su competencia, tomen las medidas pertinentes, garantizando el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.
Asimismo, sobre las plazas para los egresados normalistas plantea que se otorguen por concurso y propone la adición de un segundo y tercer párrafo al artículo 17, para que quede así: “en ejercicio de las facultades concurrentes del Gobierno Federal y Estatal, de conformidad a las disponibilidades presupuestales, las plazas de nueva creación para el ingreso al servicio profesional docente, serán sujetas a concursos de oposición de conformidad a lo dispuesto por el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Servicio Profesional Docente. Tendrán participación en estos concursos los egresados de las Escuelas Normales Públicas del Estado de Guerrero”.
El segundo párrafo textualmente establece que “las autoridades educativas en el Estado, podrán proponer a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, estándares complementarios para el ingreso que tomen en cuenta las particularidades de la entidad, incluidas las de la educación de los pueblos originarios”.
Al artículo 22 le adiciona un tercer párrafo, que según la propuesta de dictamen debe establecer que “las promociones a los cargos de dirección y supervisión se otorgarán con base en los resultados del Sistema Nacional de Evaluación Educativa”.
También proponen adicionar un tercer y cuarto párrafo al artículo 27, que dirán que “el Gobierno del Estado destinará a inversión pública en el sector educativo un monto anual que no podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior, actualizado con base en la cifra oficial de inflación que publique el Banco de México”.
Y el cuarto párrafo que se agregaría especifica que “para estos efectos serán considerados prioritariamente los pueblos originarios”.
Finalmente plantea que el artículo 65 Bis diga que “es obligación y responsabilidad de las autoridades educativas del Gobierno Federal y del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, el sostenimiento de las escuelas públicas, y no de los padres de familia; sin menoscabo de la gestión que hagan a otras instancias”.
Las adiciones finalizan con este párrafo: “los padres de familia participarán dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje únicamente con fines de apoyo”.
El llamado Bloque Plural Legislativo por Guerrero, creado el jueves pasado por los diputados del PRI, PVEM, PAN y Panal, cabildean su propuesta en el Congreso local para oponerla a la que presentó la fracción del PRD en acuerdo con la CETEG, y cuya revisión y posible aprobación fue impedida el jueves pasado por este grupo en coordinación con el gobernador Angel Aguirre Rivero.