Tlachinollan

Las traiciones del poder

En Guerrero se gobierna a la mala, siempre a contrapelo de los ciudadanos y ciudadanas. No importa que a la población agraviada le asista la razón; que tenga propuestas viables, o gane juicios; que alcance sentencias a nivel internacional;  ejerza el derecho a la protesta, y hasta en casos extremos, se levante en armas. Entre los gobernantes no hay lugar para reconocer errores, corregir el rumbo ni para cambiar el modo de ejercer el poder. No hay compromiso verdadero para acabar con la impunidad y la corrupción, tampoco para recomponer las relaciones rotas por la violencia perpetrada contra las víctimas o buscar el apoyo y la reconciliación con la sociedad. Su arrogancia y endiosamiento se los impiden.
El poder de estos gobiernos no radica en el respeto a las leyes ni a los derechos humanos, sino en el uso de la violencia. Se caracterizan por tener un estilo rudimentario para gobernar: amedrentan, amenazan, difaman, reprimen, cooptan a los líderes y someten a los poderes legislativo y judicial. Todo lo deciden de manera vertical, imponiendo su voluntad, planchando acuerdos y sometiendo a la población. Se ha vuelto costumbre que gobiernen con la fuerza represora del ejército y las acciones delincuenciales de las policías ministeriales, las preventivas de la federación, del estado y las municipales.
Campea en este estado bronco el poder caciquil que usa las leyes y las instituciones de manera facciosa. Impera la impunidad y la corrupción como las reglas de oro entre los políticos arrabaleros. La justicia es una quimera que genera ganancias a quienes la administran, y es el recurso más efectivo para cobrar venganza contra los ciudadanos y ciudadanas que tienen el valor de denunciar las tropelías y las traiciones de los malos gobernantes.
A punta de bala los gobiernos caciquiles se han acostumbrado a imponer su ley y a manejar los asuntos públicos como negocios privados. Se asumen como los jefes o patrones que tienen bajo su control a miles de vasallos, que para sobrevivir tienen que ser sumisos y diligentes. Cuando  las voces de los indígenas, los campesinos, maestros, universitarios y estudiantes, se transforman en una fuerza incontenible que protesta y que increpa sin miedo y sin tapujos a los que ostentan el poder, es cuando éstos sienten que su pedestal se tambalea, porque  saben que cuando un pueblo decide salir de sus comunidades para tomar las avenidas y carreteras, es porque están hasta la madre de sus fechorías. Un  pueblo agraviado no conoce límites, tampoco se guía por cálculos políticos ni por discursos demagógicos. La memoria digna de las y los guerrerenses tiene muy presente las coyunturas políticas que han convulsionado al estado y que ha derrocado a varios gobernadores. Por eso, la sabiduría popular sabe pulsar los momentos cuando tiene que asumir su protagonismo para poner en su lugar a quienes traicionan el mandato popular.
La fuerza  y el arrojo de más de 70 mil  maestros y maestras, que el pasado jueves 18 de abril, tomaron la Autopista del Sol por 17 horas y se apostaron en la explanada del Congreso local para exigir a los diputados y diputadas la aprobación  del dictamen sobre la reforma de decreto a la ley estatal de educación #158,  está evidenciando cuán inconsecuentes y baladíes son estos políticos que mal gobiernan nuestro estado. Es inconcebible que en situaciones sociales tan injustas y desiguales que padecemos como país y como estado, se siga ignorando y vilipendiando el sentir y las demandas de las mayorías empobrecidas, y que de forma ruda y ventajosa, se sigan  imponiendo los intereses de las minorías que tienen el control de las instituciones y todo el poder económico.
Los males que arrastramos desde hace décadas y que forman parte de los problemas que se han incubado en esta confrontación social que nos está fragmentando, es por el sistema económico injusto que se ha impuesto y endosado al pueblo pobre, y por el modelo de democracia electorera que solo es funcional para las elites económicas. La garantía de la acumulación capitalista, que las multinacionales requieren al interior de los estados nacionales, es  un sistema democrático representativo, donde la figura de los partidos políticos es asumir el rol representativo en los congresos federales y estatales. A los partidos les dan este estatus jurídico como auténticos representantes de la sociedad. Se arrogan el derecho de suplantar a los ciudadanos e impedir que se logre implantar un sistema democrático de alta intensidad, donde el ciudadano goce de las garantías fundamentales para ser escuchado, consultado; que tenga personalidad jurídica para proponer reformas legislativas; que su voto sirva también para revocar el mandato de los malos gobernantes, y que de manera directa pueda ser elegido para cualquier cargo público.
En nuestro país y en todas las entidades de la república hay diputados plurinominales que no son elegidos por los ciudadanos y ciudadanas, pero que tienen más poder que cualquier otro representante popular que obtuvo el triunfo en las urnas. Estos personajes son los que mueven los hilos dentro de los congresos; los que se encargan de hacer los amarres; los que negocian de manera mafiosa las leyes y los que de manera cupular firman pactos, cierran filas en torno a ciertas reformas, y ejercen su poder doblegando a los diputados locales.
Lo más grave de este sistema democrático decadente es que no todos los senadores, senadoras, diputados o diputadas tienen el mismo poder de decisión. Tienen que alinearse a los líderes de sus congresos, los votos son corporativos y son producto de acuerdos secretos y mafiosos. No se permite la discusión pública, abierta y plural. Se veta a los ciudadanos y ciudadanas para que puedan dar su palabra dentro de los recintos legislativos. Se neutraliza a las fuerzas críticas y disidentes. Se diseña una estrategia para no permitir la organización y la libre manifestación de las ideas de la población que se siente afectada en sus derechos. Se simulan consultas y se hacen eventos a modo para que al final de cuentas se apruebe la ley que ha sido pactada por las elites económicas.
La ausencia deliberada de 20 diputados el pasado jueves 18 de abril en el congreso de Chilpancingo (que ahora se autodenominan “bloque plural legislativo por Guerrero”) fue una decisión dictada desde Los Pinos, vía Gobernación-SEP. Fue  operada por el gobernador y por los jefes de las bancadas del PRI, del PAN y la chiquillada, para boicotear la aprobación de la reforma a la ley estatal de educación, que una endeble bancada del PRD pretendía sacar, después de mostrar su verdadero talante antipopular con el magisterio guerrerense.
Para las autoridades federales y estatales, que confían en la fuerza represiva y que tienen una experiencia acumulada por décadas, no tuvo importancia ni representó una opinión seria y respetable la protesta de más de 70 mil ciudadanos y ciudadanas (según información de El Sur), por el contrario, la criminalizaron e intentaron invisibilizarla. En esta confrontación de propuestas, es claro que la postura del ejecutivo y los diputados del bloque plural está haciendo un refrito de la ley federal. Le siguen apostando al desgaste del movimiento, continuar con la simulación y  seguir dando atole con el dedo. Estos 20 diputados del bloque plural son los que están paralizando los avances y los acuerdos que el magisterio estableció con los diputados del PRD. En esta democracia endeble, 20 diputados del Congreso local, que se han plegado a los dictados del Ejecutivo federal, pueden más que 70 mil ciudadanos y ciudadanas que han planteado una reforma diferente a la ley estatal de educación.
¿Qué intereses políticos y económicos defienden realmente este tipo de representantes que nunca han dado la cara para discutir las reformas legislativas de manera abierta y plural? Contrario a esto, los maestros y maestras no esconden lo que defienden, lo expresan públicamente. Luchan por la gratuidad de la educación, por sus derechos laborales y por la asignación de plazas a los normalistas. Son intereses legítimos que defienden los sectores sociales más golpeados, a quienes nunca les ha hecho justicia este sistema presuntamente democrático que conculca derechos y que criminaliza la protesta social. ¿Permitiremos que en Guerrero sigan siendo los caciques y los diputados y diputadas que no tienen compromiso social, ni ético los que decidan qué tipo de leyes se deben de aprobar e imponer a las y los guerrerenses? ¿Las mayorías empobrecidas de Guerrero quedarán supeditadas a lo que decidan 20 diputados que no tienen la legitimidad ni calidad de ser verdaderos representantes del pueblo pobre de Guerrero?  Con su voto quieren demostrar su poder y quedar bien con sus jefes políticos. Pretenden denostar al magisterio, ponerse a las vencidas, y con su investidura pírrica quieren avasallar a un movimiento pujante, que puede desbordarse si es que no actúan con plena responsabilidad. De ellos depende que las aguas agitadas de este movimiento vuelvan a su cauce. Si las traiciones del poder continúan, los ciudadanos y ciudadanas tendrán en cualquier momento el supremo derecho de exigir cuentas a los partidos políticos y a quienes aspiran a seguir lucrando con el poder público.