Discrepan las propuestas de reforma presentadas sobre los fundamentos del conflicto magisterial

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Para enfrentar a la única iniciativa de Ley Estatal de Educación, que es la que presentó la bancada del PRD y que recoge las demandas del movimiento magistrerial, el gobierno del estado promueve la suya, la que el senador Sofío Ramírez Hernández entregó el jueves a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), y lo mismo hace el bloque del PRI, PVEM, PAN, Panal y un diputado de Movimiento Ciudadano (MC).
Las dos últimas ceden en todo lo planteado en la reforma federal, mientras que en la del PRD se establece textualmente que la evaluación no pondrá en riesgo la permanencia en el empleo, se crea un instituto de evaluación estatal, además de que instaura como una obligación del gobierno la entrega de plazas de base a los egresados de las escuelas normales públicas de Guerrero.
Esta última tiene el respaldo de 19 de 20 diputados del PRD, menos la del hijo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ángel Aguirre Herrera, quien no se ha pronunciado a favor ni en contra, y quien tampoco asistió al Congreso local el jueves pasado, rompiendo el quórum, ya que sólo faltaba un legislador para sesionar.
También la respaldan cuatro de los cinco diputados de MC: Laura Arizmendi Campos, Mario Ramos del Carmen, Oliver Quiroz Vélez y Emilio Ortega Antonio, menos el ex priista impulsado por el gobernador para ocupar una curul plurinominal en el Congreso local, bajo las siglas de ese partido, Evencio Romero. La representación del Partido del Trabajo (PT), Jorge Salazar Marchán, ha confirmado su respaldo a las propuestas de la CETEG, sumando así 24 legisladores.
Las iniciativas que se someten a la reforma educativa federal tienen el respaldo de los 13 diputados del PRI, tres del PVEM, tres del PAN, uno del Panal y otro más de MC, logrando 21 votos, sin contar el del hijo del gobernador.

La evaluación

Las reformas contemplan una modificación al artículo 29. En la propuesta de la CETEG y el PRD se establece que “el gobierno del estado dará a las autoridades educativas federales, para que efectúen la evaluación del sistema educativo nacional, Sector Guerrero, sin perjuicio de la que realicen las autoridades educativas del estado”, plantea que esa evaluación “será participativa con todos los actores educativos, democrática, sistemática, permanente, procesual, formativa e integral”.
Además de que se escribe la especificación de que “se tomará en cuenta la diversidad sociocultural, demográfica y socioeconómica de la entidad”, y aclara que los resultados deben tomarse como base por las autoridades educativas, respetando los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación “sin poner en riesgo su permanencia en el empleo”.
En la modificación que se propone en el documento entregado por Sofío Ramírez, se omitió la especificación de que “la evaluación no iba a poner en riesgo la permanencia en el empleo”, también se desecha la creación de un instituto de evaluación “autónomo” estatal, que tome en cuenta las particularidades de Guerrero, pero se propone uno de profesionalización y evaluación educativa del estado, que seguirá dependiendo de la federación.
En la propuesta que “están dispuestos a votar” el bloque de legisladores del PRI, PVEM, PAN, Panal y uno de MC, quita “la evaluación del sistema educativo nacional, Sector Guerrero” aceptando que “la evaluación del sistema educativo del estado de Guerrero” la realizará la federación sin la existencia de un órgano autónomo.
Se quita, al igual que en la propuesta entregada por el senador, la aclaración en la que se plantea que los resultados de la evaluación no pondrán en riesgo la permanencia de los trabajadores de la educación, sólo se escribe que se considerará “la diversidad sociocultural, demográfica y socioeconómica del estado de Guerrero”.

Del otorgamiento de plazas

En la iniciativa de reforma y adiciones que el PRD acordó con la CETEG y que presentó al pleno del Congreso local el martes 16 de abril, se plantea un segundo párrafo a este artículo, para quedar de la siguiente manera: “Es responsabilidad del gobierno del estado otorgar plazas de base a los egresados de las escuelas normales públicas, con base en criterios académicos, confiables y transparentes”.
La propuesta entregada por Sofío Ramírez en presencia del gobernador en Casa Guerrero, excluye la propuesta del magisterio y propone, “en ejercicio de las facultades concurrentes del gobierno federal y estatal, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias, las plazas de nueva creación para el ingreso al servicio profesional decente, serán sujetas a concurso de oposición de conformidad a lo dispuesto en el artículo tercero de la Constitución”.
Después dice que “tendrán participación los egresados de normales públicas en estos concursos” y que “se podrán proponer” (sólo opinar) a la Secretaría de Educación Publica (SEP) estándares complementarios “para el ingreso, que tomen en cuenta las particularidades de la entidad, incluida las de la educación de los pueblos originarios”.
En la propuesta del bloque que encabeza el PRI, también se exime al gobierno estatal de la responsabilidad de otorgar plazas a los egresados de las normales públicas, y dice que la entrega será en ejercicio a las facultades concurrentes del gobierno federal y estatal. Especifica que éstas serán “de conformidad a las disponibilidades presupuestales” y que las plazas de nueva creación para el ingreso al servicio profesional docente, “serán sujetas a concursos de oposición de conformidad a lo dispuesto por el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, lo que significa que no hay modificación y sólo se aclara que se debe de cumplir lo que la ley federal dice.
Y se anexa lo que dice la propuesta que presentó el senador Sofío Ramírez.

Promoción y escalafón

En la propuesta del magisterio, que respalda el PRD, MC y PT en el Congreso local, se propone la adición de un tercer párrafo del artículo 22, que a la letra dice: “Las promociones a los cargos de dirección y supervisión se otorgarán en cumplimiento del escalafón vigente, con transparencia”, como se establece en la ley del trabajo de los servidores públicos del estado.
También se aclara que en el caso de los pueblos indígenas, se deben contemplar los derechos que las leyes estatales establecen.
Este punto, también fue omitido en la propuesta que entregó Ramírez Hernández, “la promoción de cargos de dirección que en las comunidades indígenas se realizan por usos y costumbres”, como comentó el sábado a El Sur, el dirigente cetegista Minervino Morán Hernández.
En este punto, nuevamente los diputados del bloque PRI, PVEM, PAN, Panal y uno de MC acatan las disposiciones federales y señalan en su propuesta que “las promociones a los cargos de dirección y supervisión se otorgarán con base en los resultados del Sistema Nacional de Evaluación Educativa”.

De la gratuidad y la responsabilidad del Estado

En la propuesta del magisterio, que presentó el PRD, se adiciona un tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo 27 y al 65 Bis, que dice que cada año el gobierno del estado debe destinar al sector educativo un monto anual, que no debe ser inferior al del ejercicio inmediato anterior, “actualizado con base en la cifra oficial de inflación que publique el Banco de México”.
Se aclara que es obligación y responsabilidad de las autoridades educativas federal y estatal “el sostenimiento de las escuelas, por mandato constitucional, y no de los padres de familia”. Que la participación de los padres sólo será dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, únicamente con fines de apoyo pedagógico.
Además de que la CETEG propuso la prohibición de cuotas escolares de inscripción y de cualquier tipo que tenga que ver con las necesidades de las escuelas públicas, “en cumplimiento al principio de gratuidad previsto en el artículo tercero constitucional”.
En el proyecto que el senador dio a la CETEG, dice que el gobierno del estado “procurará” (sin plantearlo como una obligación) fortalecer las fuentes de financiamiento, “a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales para la educación pública”, que dice no será menor a la del año anterior.
Mientras que la adición propuesta por el bloque encabezado por el PRI, también propone el aumento presupuestal cada ejercicio fiscal, pero elimina la especificación de la prohibición de cuotas escolares.