Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* La mano de Aguirre en el boicot

El gobernador Ángel Aguirre ofreció el jueves pasado una soberbia demostración de la arrogancia, insensibilidad e ineptitud con que conduce el gobierno de Guerrero. Mientras en la Autopista del Sol se desarrollaba la más grande manifestación de apoyo a una causa social que se haya visto en el estado, el gobernador interpuso todo el poder del que está investido y desde la residencia oficial maniobró para impedir que, a pesar de semejante respaldo, el Congreso local diera su voto aprobatorio a las propuestas planteadas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación para reformar la ley de educación estatal y atenuar el impacto que la reforma educativa federal podría tener en su condición laboral.
Mediante el uso faccioso de su fuerza, Aguirre preparó meticulosamente el sabotaje a los acuerdos penosamente conseguidos en las pláticas de la CETEG con la fracción de diputados del PRD. Alguien hizo las cuentas de a cuántos diputados era preciso manipular para impedir que la sesión del Congreso alcanzara el quórum reglamentario y concluyó que, en ausencia de los legisladores del PRI, del PAN, del PVEM y del Panal (ausencia que era parte del plan), bastaba con hacer que no llegara al Congreso un par de diputados del PRD, pues ello dejaría a la fracción del PRD, PT y Movimiento Ciudadano con el precario número de 23 asistentes, uno menos de los necesarios para formar la mayoría. Los diputados escogidos para boicotear el quórum fueron el hijo del gobernador, Ángel Aguirre Herrera, y Germán Farías Silvestre, cuya servicial relación con el ex alcalde priista de Acapulco, Manuel Añorve Baños, quedó así incuestionablemente expuesta. El diputado Evencio Romero, impuesto como candidato a diputado por Ángel Aguirre a Movimiento Ciudadano, fue todavía más allá y nuevamente exhibió su precariedad moral al pasarse de plano al bloque creado y encabezado por el PRI.
De esa forma el Congreso se dividió en dos, y los buenos oficios de Ángel Aguirre le concedieron al PRI el poder de boicotear la sesión. Los 13 legisladores del PRI, los tres del PVEM, los tres del PAN, el diputado del Panal y el ubicuo Evencio Romero alegaron falta de seguridad para no acudir al recinto legislativo. Eran 21 pero la desaparición de Aguirre Herrera y Farías Silvestre logró que en los hechos fueran 23. El grupo de los perredistas, del PT y MC que sí esperaban sesionar y estuvieron en el Congreso también sumaban 23 legisladores.
Un día después Aguirre dijo que habría sido “suicida” para los 23 diputados del bloque priísta acudir al Congreso, sugiriendo con ello que habrían sido agredidos por los maestros. Pero eso es absolutamente falso. El acuerdo de la CETEG con la fracción del PRD, que era del conocimiento de las demás fracciones, fue que la manifestación no se acercaría al Congreso, y ese compromiso fue cumplido. La sesión estaba citada para las 11 de la mañana, y los diputados del bloque priísta no asistieron en ningún momento, ni a esa hora ni después. Hasta las 3 de la tarde tomaron conciencia los maestros de que estaba en curso un boicot orquestado desde Casa Guerrero, y fue en ese momento y por ese motivo que un sector de los manifestantes se trasladó al Congreso y lo cercó. Dentro del edificio permanecieron los 23 diputados del PRD, PT y MC, pero no “secuestrados” como la maledicencia oficial hizo difundir, sino en negociaciones con la CETEG que se prolongaron hasta la madrugada del viernes.
Pero para las 3 de la tarde del jueves era notorio que el sabotaje había sido exitoso y que la iniciativa acordada con la CETEG y presentada por los perredistas no sería discutida, dictaminada y votada ese día. La inexistencia del dictamen, el paso previo a la discusión en el pleno, fue el primer efecto del boicot, pues los diputados priístas que integran las comisiones y que debían firmar ese documento, se negaron a hacerlo y bloquearon el trámite. El hecho de que por esos mismos momentos los representantes de la CETEG hayan sido llamados a platicar con el gobernador en Casa Guerrero, y allí les haya sido mostrado (por el senador Sofío Ramírez en funciones de ujier de palacio) un documento que pretendía ser un dictamen alterno al que debía discutirse en el recinto legislativo, pone de relieve la minuciosidad con la que fue organizado el golpe.
Lo que Aguirre pretendía era dejar sentado ante los enviados de la CETEG la imposibilidad de que el dictamen con sus propuestas fuera avalado por las firmas de los diputados del PRI, aun cuando tuviera el respaldo de la mayoría de los del PRD. El argumento central, de Aguirre, del gobierno federal y de los priístas, es la inviabilidad de que el Congreso apruebe preceptos que chocan con la Constitución federal, principalmente en lo que se refiere a la evaluación de los maestros y el fraseo relativo a sus derechos laborales, lo que después podría ser objeto de una controversia constitucional. Sin embargo, ese punto es una especulación que ha querido ser presentada como un hecho. Y aun si así fuera, no hay nada de malo en que un Congreso soberano, y los congresos estatales lo son, se permita de vez en cuando un respiro de dignidad. Y si se presenta una controversia, pues que la Suprema Corte decida.
Ningún gobierno podría darse el lujo de desdeñar una marcha en la que participen más de 70 mil personas, como la del jueves, sin pagar costos muy elevados. Sólo el gobierno federal y el de Guerrero. El insólito desplante de Aguirre, que dio la espalda a la multitud, parte de la errónea suposición de que es posible gobernar sin consenso y adhesión popular, e incluso en una querella del gobierno contra el interés de amplios sectores de la sociedad. Pero no es así, y en algún momento la sociedad hará morder el polvo a sus ofensores. Aguirre lo sabe, pero teme más, como lo hemos dicho, a suscitar el enojo del presidente Enrique Peña Nieto, lo que dice mucho de los dos. Más allá del cálculo político, en la conducta que ha desplegado Aguirre respecto al conflicto magisterial existe un sedimento de simple y llana cobardía. De ahí la osadía del gobernador de alejarse de lo que debería ser su base social, la que lo llevó a la gubernatura.
Hacia el miércoles de la semana pasada era perceptible que algo se fraguaba por segunda vez para obstaculizar en el Congreso la aprobación de las propuestas de los maestros. Pero era impensable que en alianza con el PRI el gobernador se pusiera personalmente a intrigar contra los acuerdos que su partido había convenido con la CETEG. Las maniobras gubernamentales obtuvieron momentáneamente su propósito, pero en lugar de resolver el conflicto lo agudizaron, como suele ser la marca de la casa. Hoy la única conclusión posible es que Aguirre hará todo para que las propuestas de la CETEG no pasen, y que lo conseguirá a cualquier costo. El gobernador dijo ayer que existen en el Congreso tres propuestas (aunque en realidad es una, la del PRD-CETEG, y en todo caso serán dos), y con un cinismo impresionante agregó que los diputados votarán mañana martes con toda libertad y conciencia. Lo que anticipa con ello es que su propuesta, suya y del gobierno federal, será presentada a través del PRI para contender con la de los maestros. La puja radica en la creación del instituto estatal para la evaluación de los maestros y las consecuencias formales de esa evaluación. La iniciativa oficial suprime la evaluación estatal, borra la idea del respeto a los derechos laborales de los maestros y se entrega por completo a las disposiciones de la reforma federal. Esa es la iniciativa que el martes o el jueves será aprobada. Las demandas de los maestros, hechas suyas por el Movimiento Popular Guerrerense, serán desechadas otra vez y ya nada podrá resolverse en el ámbito estatal. El conflicto crecerá y todo será más difícil e incierto. La decisión de maestros de Chiapas de comenzar un paro de labores el 1 de mayo contra la reforma educativa, y el conflicto en Oaxaca y Michoacán, confirman que el malestar se generaliza pese al control que las autoridades ejercen sobre el SNTE.

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