La reglamentación nacional de la reforma educativa incluye el despido de maestros

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente, que presentó la Secretaría de Educación Pública a partidos políticos, retoma todas las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) planteó al gobierno mexicano en 2010, para flexibilizar la política laboral y generar las condiciones para el despido de maestros, dijo la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).
Tras conocer la propuesta de ley que promueve la SEP, que ayer publicó el diario Reforma, el vocero de la organización magisterial, Román Meynardo López Pachuca, aseguró que la OCDE se vuelve a erigir como el principal asesor de educación en México.
De acuerdo con esta propuesta para reglamentar las reformas de los artículos tercero y 73 constitucional, se cancelaría la entrega de plazas para los egresados de las normales públicas, que tendrán que competir por el empleo, y los maestros de nuevo ingreso se someterían a un periodo de prueba de tres años —que incluiría la evaluación anual de su desempeño— para obtener una plaza definitiva.
La iniciativa subraya que “si el maestro de nuevo ingreso obtiene un nivel de insuficiencia (en la evaluación anual), será separado del servicio sin responsabilidad para la autoridad”.
López Pachuca recordó que las recomendaciones que emitió la OCDE hace más de dos años, establecen la contratación temporal de maestros, el periodo de prueba, y darlos de baja si no tienen resultados sobresalientes.
Reiteró que la reforma es parte de un plan para flexibilizar las condiciones laborales, no para mejorar la calidad de la educación.
Incluso señaló que desde 2008 se suspendió la entrega de plazas automáticas con la firma de la Alianza por la Calidad Educativa, entre el gobierno federal y el SNTE, que derivó en el concurso nacional de plazas para maestros de nuevo ingreso y personal en servicio.
En este sentido, demandó a los docentes analizar la reforma  al tercero y 73 constitucional, porque coloca a los maestros en un  régimen de excepción, es decir, no se van a regir con el artículo 123 constitucional, que regula el derecho al trabajo y la previsión social.
Para las promociones a maestros en servicio, con este documento se confirma que se mantendrá el concurso nacional de oposición “para elegir al mejor postulante”, y se eliminarían las comisiones de escalafón, donde han participado el sindicato como representante de los trabajadores y las dependencias estatales como patrón.
Sin embargo, López Pachuca reconoció que el escalafón ha sido un programa que no se ha cumplido a cabalidad, “es letra muerta, porque en él ha prevalecido el influyentismo y el privilegio de ciertos sectores que se someten linealmente al gobierno, y son ellos quienes han ido escalando en la estructura de servicio al interior de la SEG”.
Consideró que de legalizar el nuevo esquema de promociones, no será diferente, pero el control lo tendría sólo la SEG, “van a ascender a aquellos que cumplan lo que diga la dependencia, el asunto del examen será el parapeto”.
Sin embargo, señaló que la CETEG defiende el escalafón para que se incluya en la Ley Estatal de Educación —que aún esperan sea discutida hoy en el Congreso local—, porque si en los hechos se cumpliera, beneficiaría a los trabajadores.
De la evaluación para la permanencia en el servicio (que a nivel nacional ya se programó su aplicación, en 2012 en educación primaria, en 2013 a secundaria, y en 2014 en preescolar), se confirma que se aplicará al menos cada cuatro años.
Será determinada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y en los casos donde se identifique insuficiencia en el desempeño docente, el maestro se deberá incorporar a programas de regularización y sujetarse hasta dos veces a otra evaluación, en un plazo no mayor a 12 meses, en cada ocasión.
En este tema, López Pachuca denunció que de acuerdo con esta redacción, los plazos de evaluación pueden ser modificados a periodos más cortos, para despedir a los trabajadores que resulten incómodos para el sistema.
Asimismo, sobre la propuesta de que los cambios y licencias no se realicen durante el ciclo escolar, salvo causas de fuerza mayor, opinó que busca mantener a los maestros en el aula, pero afirmó que la misma SEG tiene miles de maestros por contratos limitados de tres y seis meses, a quienes les retrasan su renovación de empleo “para ahorrarse una lana”.
El periódico nacional se aclara que la iniciativa de la SEP es un borrador que aún deberá discutirse en el Congreso de la Unión, en otro periodo de sesiones.
Ante este panorama, Román Meynardo recriminó que los diputados de los Congresos locales que avalaron la reforma constitucional en materia educativa —entre ellos los de Guerrero— no hayan aportado un agregado, ni planteado alguna inconformidad y refleja “el nulo análisis de la realidad que vivimos”.
Añadió que de todos es sabido que las leyes estatales no son homogéneas entre ellas ni con la federal, como en los temas de derechos humanos y diversidad sexual, por lo tanto señaló que los maestros “no se pueden tragar ese cuento de que todos serán evaluados con exámenes estandarizados, sin tomar en cuenta las características y la opinión de los pueblos”.
Consideró que la reforma educativa será la implantación de una dictadura más radical de la que encabezó el PRI en años anteriores.