Ausentes en la agenda legislativa las reformas al fuero castrense, denuncian organizaciones

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Organizaciones nacionales e internacionales denunciaron ayer que en la agenda legislativa del Congreso de la unión están ausentes las adecuaciones al Código de Justicia Militar, por lo que en una carta dirigida a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, piden que se inicien los trabajos sobre el tema.
En su carta, los organismos manifiestan que el Senado cuenta con todos los elementos técnicos para llevar a cabo dicha reforma tras la declaración de inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso A) del Código de Justicia Militar por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al discutir el Amparo en Revisión 133/2012, promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua de la Montaña de Guerrero que en 2009 fue ejecutado por soldados del Ejército mexicano en un retén militar, cerca de Huamuxtitlán.
Asimismo citan las cuatro sentencias emitidas consecutivamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra México, sobre los casos de Rosendo Radilla Pacheco (2009), Inés Fernández Ortega (2010), Valentina Rosendo Cantú (2010), Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (2010), “en las que se impone la obligación de modificar dicho código en lo tocante al fuero militar”.
Manifiestan que esas sentencias obligan a armonizar el Código de Justicia Militar con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y máxime que la Suprema Corte de Justicia Militar (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del Fuero Militar tras resolver el juicio de amparo.
En la carta que enviaron ayer los organismos dicen que desde hace varios años la armonización del Código de Justicia Militar con la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido un asunto de primera relevancia para las organizaciones de derechos humanos, para la comunidad internacional, y, sobre todo, “para aquellas personas víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, quienes han constatado directamente los obstáculos que limitan el acceso a la justicia en el ámbito castrense”.
Adelantan, asimismo, que el incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano será señalado en octubre próximo frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal y frente al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, “que actualmente visita de manera oficial nuestro país y quien en su último informe a México señaló que la jurisdicción militar no cumple con los principios básicos de independencia judicial”.
Denuncian que han sido presentadas diversas iniciativas de reforma y que la SCJN ha establecido criterios en esta materia, además de que las víctimas y familiares han alcanzado sentencias inéditas ante la Coidh para urgir reformas al fuero militar; “por lo que es turno ahora del Poder Legislativo, propiamente del Senado de la República, para adecuar dicho cuerpo normativo conforme a los más altos estándares en la materia”.
Expresan que el Poder Legislativo “tiene la oportunidad histórica de enviar un mensaje contundente de su interés por el respeto y defensa de los derechos humanos priorizando la discusión sobre la reforma al Código de Justicia Militar con base en los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos”.
Además, concluyen que de atender “este importante asunto”, la actual Legislatura podría dar un primer paso en aras de armonizar la legislación secundaria conforme al bloque de constitucionalidad creado por virtud de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Las organizaciones internacionales que firman  la carta son Amnistía Internacional; la Organización Mundial Contra la Tortura; la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Las organizaciones nacionales son el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Equis Justicia para las Mujeres.
Asimismo, Fundar, Centro de Investigación y Análisis; Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República.