“Se consolida la impunidad en Guerrero”, acusan organismos de derechos humanos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro José María Morelos y el Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, se inconformaron ayer por la liberación de los ex agentes ministeriales Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores.
Los dos agentes estaban presos por el homicidio de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados a tiros el 12 de diciembre de 2011 durante el violento desalojo que sufrieron estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en la Autopista del Sol.
Tras confirmar la liberación de los dos agentes la tarde de ayer, los cuatro organismos denunciaron que con ello “se consolida la impunidad en Guerrero” y que la decisión de los jueces “evidencia deficiencias en la investigación conducida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero”.
Asimismo, expresaron mediante un comunicado su preocupación por las represalias que pudieran desencadenarse en contra de los familiares de las víctimas y sus representantes legales, por lo que responsabilizaron de ello al gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Anunciaron, por otra parte, que los familiares de Jorge Alexis y Gabriel deberán acudir a instancias internacionales “ante la falta de efectividad de la justicia en Guerrero”, además de que el caso será expuesto al relator especial de la ONU, que se encuentra en el país y en los próximos días visitará el estado.
Los organismos de derechos humanos resaltan que tras esta decisión, ningún servidor público estatal o federal enfrenta hoy un proceso penal por las “graves violaciones” a derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Recuerdan, además, que en la recomendación 1VG/2012 la CNDH concluyó que los proyectiles de arma de fuego que mataron a los dos estudiantes fueron  disparados por elementos de la Policía Ministerial del estado, ubicados donde se encontraban quienes hoy fueron liberados.
Sin embargo, denuncian que la CNDH “fue omisa” en coadyuvar para que esas conclusiones fueran confirmadas en el ámbito penal”.
“La exoneración de los policías acusados del asesinato de Jorge Alexis y Gabriel comprueba que en Guerrero no hay justicia posible para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y que los órganos de procuración e impartición de justicia aseguran impunidad a quienes delinquen desde el poder”, expresan los organismos.
Además, añaden que la liberación de los policías confirma los temores externados desde el inicio por los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas, en el sentido de que al haberse realizado las primeras diligencias por mandos involucrados en los hechos y por peritos carentes de independencia, a la postre los responsables se beneficiarían de la parcialidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada sucesivamente por Alberto López Rosas, Juan Manuel Herrera Campos y actualmente por la procuradora Martha Elva Garzón.
Y es que denuncian que la Procuraduría “deliberadamente obstaculizó el esclarecimiento de los hechos al intentar construir una versión falsa de los mismos, mediante la fabricación de imputaciones contra los estudiantes, lo que incluyó la siembra de evidencia”.
Ante esta situación agregan que hoy sólo queda a los familiares de las víctimas acudir a las instancias internacionales “para buscar la justicia que en nuestro país se niega a quienes son agraviados por agentes estatales”.
Pero además advierten que “la impunidad por la muerte de Jorge Alexis y Gabriel será denunciada los próximos días ante el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de la ONU, que visitará oficialmente el estado de Guerrero, y posteriormente ante el Sistema Interamericano” de justicia.
Expresan que este caso se suma a la larga lista de violaciones de derechos humanos cometidas contra las y los guerrerenses, que han sido encubiertas desde el poder, como ocurrió con los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia o con las masacres de El Charco y Aguas Blancas.
“La impune represión del 12 de diciembre de 2011 marcará a perpetuidad al gobierno de Ángel Aguirre Rivero exhibiéndolo como continuador de los esquemas de ejercicio autoritario de poder que durante décadas han agraviado a la población guerrerense”, dice el comunicado.