Salen de la cárcel los dos agentes ministeriales acusados de matar a los alumnos normalistas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ayer por la tarde los ex agentes ministeriales Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores salieron del reclusorio, donde estaban detenidos acusados por el asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ultimados el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol.
La liberación se dio tras la resolución del Segundo Tribunal Colegiado del 21 Circuito; un juez de primera instancia cumplió la sentencia de amparo y ordenó la liberación de los dos detenidos, que salieron a las 4 de la tarde.
Antes de la salida de los ex policías ministeriales, su abogado Antonio Narciso Cruz comentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no pudo acreditar la responsabilidad de los detenidos, porque dijo que se demostró que Matadamas Salinas y Rey David no accionaron sus armas.
“Están totalmente libres, claro, bajo reservas de ley, pero están libres sin ningún cargo porque no hay pruebas determinantes para procesarlos”, afirmó el abogado, quien los esperó en una camioneta en el estacionamiento, acompañado también de otra oficial de la Policía Ministerial de la PGJE.
“Estoy muy agradecido con Dios y mis abogados”, dijo Rey David Cortés a su salida del reclusorio, de donde se despidió agradeciendo “por todas sus atenciones” al personal que está en la aduana del penal.
Sobre su responsabilidad en el doble crimen, dijo que nunca negaron su presencia en el lugar del desalojo de los estudiantes normalistas, pero que ellos no mataron a nadie, a pesar de que iban armados y aparecen en varias fotografías y videos que documentaron los reporteros, en las que se observa a los ex reclusos apuntando con sus armas al lugar donde cayeron muertos los dos estudiantes.
Rey David Cortés llamó a los padres de los dos estudiantes asesinados a “abrir los ojos, que recapaciten y no se dejen llevar por ciertas personas que lo único que hicieron fue conseguir que no se hiciera justicia”.
Afirmó que todo se tramó desde la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF), porque buscaron la manera de que no se investigara a los elementos federales que estaban en el lugar, y se buscó librarlos de responsabilidades culpando sólo a ellos, aprovechando que había fotografías suyas con armas en el desalojo, argumentó Cortés Flores.
Dijo que platicará con su abogado y familia para decidir si buscará el resarcimiento del daño, y también dijo desconocer su situación laboral en la Procuraduría.
Se le preguntó por el respaldo de la PGJE en su defensa, debido a que el desalojo ocurrió en horarios de trabajo, y afirmó que siempre tuvo el apoyo de todos sus compañeros, pero sobre el apoyo de la Procuraduría como institución no quiso abundar y dijo, golpeándose el pecho con la palma de su mano: “mis respetos, soy parte de ella”.
Comentó que su trabajo como policía ministerial no le ocasionó ningún problema durante el tiempo que estuvo en el reclusorio (desde enero pasado), aunque fue arraigado desde el 18 de diciembre del 2011.
Más retraído y sin levantar la voz como su compañero, Ismael Matadamas dijo estar contento “porque se demostró nuestra inocencia”, comentó el joven que apenas se había incorporado a la Policía Ministerial, y le faltaba sólo una semana para concluir su curso.
Dijo que él aspira a ingresar a la corporación policiaca de la PGJE, pero que aún desconoce cuál será la decisión de “mis superiores en la Procuraduría”.
Del respaldo de la Procuraduría en el proceso legal y su defensa dijo que hubo “muy poco, lo mínimo”, luego de que la fiscalía acusara a sus trabajadores de ser los responsables del doble homicidio.
Con la salida de Matadamas y Cortés Flores ya no hay ningún detenido de las decenas de policías que participaron en el desalojo de estudiantes, al cual llegaron armados.
En el desalojo del 12 de diciembre participaron policías federales que accionaron sus armas, ministeriales y estatales.
En acatamiento a una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Instructora del Congreso local realiza un juicio político en contra del ex procurador y quien era secretario de Seguridad Pública cuando ocurrió el desalojo, Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja.