En Guerrero pueden matar y reprimir las autoridades sin que haya castigo: Tlachinollan

Luis Daniel Nava

Chilapa

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que la liberación de los policías ministeriales es una señal funesta para los movimientos sociales, de que en Guerrero las autoridades pueden matar y reprimir sin que pase nada.
Agregó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) actuó de manera premeditada, al hacer una averiguación previa deficiente y débil, con la intención de que los dos policías ministeriales acusados de disparar y matar a dos estudiantes normalistas pudieran obtener su libertad.
Entrevistado en las instalaciones de la Normal Raúl Isidro Burgos, el abogado Vidulfo Rosales dijo que desde que se hicieron las primeras investigaciones ya avizoraban una investigación deficiente y con vicios.
Argumentó que no se cuidó la escena del crimen, pues no se recabaron los indicios que se encontraban en el lugar, además de que fueron severamente manipulados por los mismos policías ministeriales y federales.
“Los agentes del Ministerio Público no cuidaron la escena, en todo el tiempo la Procuraduría (del estado) se empeñó en culpar a los alumnos de Ayotzinapa. De manera facciosa inclinó la investigación para colocarlos como culpables”.
Dijo que en la PGJE se preocuparon más por detener y torturar por un día al estudiante Gerardo Torres Pérez, que por recabar las pruebas y de asegurar las armas accionadas por los policías en el lugar de los hechos.
Agregó que cuando la Procuraduría quiso rectificar la investigación, ya todos los indicios y los elementos de prueba que pudieron servir de base para dar con los verdaderos responsables se habían diluido de la escena del crimen.
“Desde ahí la investigación estuvo mal y esta investigación se encaminaba a la impunidad, a la liberación de los ministeriales responsables”.
La liberación, dijo, estuvo precedida por una investigación que de manera premeditada la PGJE la hizo deficiente, una averiguación previa débil para que los responsables pudieran obtener su libertad.
Agregó que por parte del gobierno federal existen también pruebas contundentes de que al menos 22 policías federales dispararon sus armas en la autopista contra los estudiantes que se manifestaban, pero que hasta el momento no hay ningún agente procesado.
Pidió al gobierno federal y a la Procuraduría General de la República (PGR) que abran una investigación, para que se procese y sancione a los policías responsables de la represión y muerte de los estudiantes normalistas.
“Hoy (los policías federales) impunemente recorren las calles de Chilpancingo y del estado, reprimiendo las manifestaciones públicas cuando tienen un historial, cuando son una corporación cuyas manos están manchadas de sangre, que ha cometido ilícitos en el estado de Guerrero y que tiene un pasado que los acusa de haber hecho un uso excesivo de la fuerza”.
Insistió que como organismo de Defensa de Derechos Humanos ya tienen la autorización de los estudiantes de la Normal y de los padres de los alumnos asesinados, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente si se admite el caso y se verifican las violaciones a los derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.
La razón de acudir a instancias internacionales, dijo, es porque en Guerrero y el país todos los mecanismos de justicia se han agotado.
En el estado, dijo, que la impunidad se ha fortalecido, se ha enseñoriado y que otra masacre más pretende quedar en la impunidad.
Comentó que a un año y medio del asesinato, en el caso hay un juicio político que está a punto de exonerar al ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública local, Ramón Almonte Borja y que hay un gobernador y un secretario de Gobierno en funciones a quienes no les ha tocado con el pétalo de una rosa, no hay investigaciones contra su persona.
En contraparte, hay ocho estudiantes que fueron privados de su libertad, hay torturados y la investigación está sin avances sustanciales.
Sobre si la liberación de los ministeriales es un mensaje para que la Normal centre su atención en la exigencia de justicia por el asesinato de sus compañeros y distraer el apoyo al Movimiento Popular Guerrerense, el representante de Tlachinollan dijo que esas son señales funestas del gobierno de Guerreo donde su prepotencia es palpable.
“Son señales funestas de que en Guerrero el poder, la arrogancia y la prepotencia del gobierno es palpable, donde las autoridades pueden matar, pueden reprimir y en Guerrero no pasa nada, es una señal que nos están mandando al movimiento social y a las organizaciones sociales, de que así nos manifestemos y hagan uso excesivo de la fuerza y ejecuten extrajudicialmente a las personas que luchan por sus derechos no va haber justicia”.
“Señales de que hay intención de reprimir a los movimientos sociales, un mensaje para los que osen desafiar, osen cuestionar a la autoridad”, finalizó.