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Piden a las autoridades que impidan el desalojo de 50 familias desplazadas de Aguas Blancas

El representante de la Organización Popular de Productores de Costa Grande de Coyuca de Benítez, Luis Olivares Enríquez, pidió a las autoridades municipales que intervengan para que no se permita el desalojo de 50 familias desplazadas de Aguas Blancas, que han sido amenazados y amedrentados por supuestos dueños del terreno donde viven, aún cuando el Tribunal Unitario Agrario (TUA) falló a favor de los habitantes.
En conferencia de prensa en Acapulco, Olivares Enríquez explicó que hace 12 años pagaron a Nino de los Santos Méndez los terrenos de donde los quieren sacar, esto luego de que el propietario revendiera las siete hectáreas que pagaron a 15 mil pesos cada una, costo más alto de lo que valía, dijo.
Los ganaderos que los han amenazado con desalojarlos y amedrentan a las familias, les dijeron que demandarán en el TUA, donde debido a que no se presentaron dictaminaron a favor de los pobladores; ahora les han dicho que dialoguen con el comisariado ejidal y con autoridades municipales, lo cual los desplazados no quieren, lo que piden es que se respete el fallo del tribunal.
Olivares Enríquez dijo que han sido intimidados por militares y policías federales pues “el presidente de la ganadera, hermano de quien dirigió la masacre de Aguas Blancas, José Luis Benítez Carbajal, no quiere un arreglo ni demandar ante el tribunal agrario”.
“Tememos por la integridad física de algunos compañeros”, dijo el representante de la organización de productores y pidió garantías para los que viven en el terreno ubicado entre la carretera federal y la colonia Tierra y Libertad.
En la conferencia, además el joven Said Madera Pineda denunció que fue despedido de un desarrollo habitacional que se hace a un lado del hospital de Coyuca, propiedad del ex director de Obras Públicas, José Antonio Ruiz Pacheco, donde no tienen prestaciones como seguridad social, por lo que exigió que se le liquide conforme a la ley y que las autoridades vean las irregularidades con las que se trabaja, porque sólo uno de los ocho trabajadores que llevan más de dos años laborando está inscrito al IMSS. (Mariana Labastida).

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