Piden senadores a Semarnat que evalúe si se cancela el permiso a la marina Majahua

Karla Galarce Sosa

Los senadores que integran el grupo parlamentario del PRD establecieron un punto de acuerdo en el que solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como a la Semarnat y a la SCT los expedientes completos sobre los trámites que hizo Grupo Mexicano de Desarrollo ante esas dependencias para la edificación de la Marina Majahua en Puerto Marqués.

En una visita en la Redacción de El Sur, cuatro de los restauranteros afectados por la construcción de la marina indicaron que el Senado estableció el punto de acuerdo el jueves pasado, en el que se pide también que las dependencias federales estudien la viabilidad de cancelar las concesiones otorgadas a Grupo Mexicano de Desarrollo.

Los restauranteros, encabezados por Adrián Deloya Álvarez, reprocharon que el Ayuntamiento incumpla con el compromiso de reducir impuestos y detener multas en los negocios que están en quiebra por la falta de playa.

En una copia del punto de acuerdo que los afectados entregaron se lee que se solicita a los titulares de la Semarnat y de la SCT una visita de inspección a Puerto Marqués para verificar las afectaciones.

El documento, signado por Sofío Ramírez, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas, indica la necesidad de integrar una comisión plural de senadores con el fin de acompañar a los titulares de las dependencias federales.

“Se exhorta a la secretarías a que estudien la viabilidad de cancelar las concesiones otorgadas para la realización del proyecto conocido como marina turística, puerto Majahua”, indica.

Se solicita también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “iniciar una investigación por la probable violación de derechos humanos a los habitantes del poblado de Puerto Marqués, dada la grave afectación a su entorno y forma de vida”.

El último punto de acuerdo establece que se pide a la Semarnat y a la SCT “proporcionen al Senado copia de todos los expedientes, antecedentes y estudios relativos al otorgamiento de permisos y concesiones para la construcción de la marina Majahua”.

Deloya Álvarez advirtió que denunciarán, con asesoría de un despacho especializado en delitos ambientales, los daños que causó la marina al ecosistema de Puerto Marqués.

Dijo que el gobierno estatal restableció, el mes pasado, el apoyo económico que les había suspendido meses antes y cuestionó que GMD siga con la edificación de la marina a pesar de las peticiones hechas por todos los afectados para evitar que el daño continúe.

Declaró que otro de los aspectos que harán valer será las violaciones que hizo GMD al título de concesión expedido por la Semarnat, lo que dará pie a su revocación.

“Hicieron cosas que no estaban en el proyecto, hicieron correcciones y después fueron a modificar cosas que no estaban en el permiso, y no se puede otorgar un permiso cuando ya está construido. Entonces eso fue una irregularidad que puede causar la revocación del título de concesión. Agarraron más terreno del que tenían aprobado y cambiaron muchas veces el proyecto. Antes se hablaba de que iban a ser pilotes para permitir el paso del agua y ahora pusieron unas placas que no permiten el paso del agua y que además contaminan. Nosotros lo vamos sustentar eso en la ley, por eso queremos que los senadores llamen a esos secretarios para que nos den la información, que nos digan cómo se hicieron esos estudios de batimetría, de hidrodinámica”, expuso.

Agregó que “el GMD debió apoyar a los habitantes de Puerto Marqués y hacer una consulta pública. En algunos documentos que existen en la Profepa no hubo consulta pública y eso lo marca la ley. Queremos la cancelación del título de concesión y la demolición de la obra hasta donde sea posible”.

Acompañado por Victorio García Beltrán, propietario del restaurante Linda; Concepción Javier Gutiérrez, dueña del restaurante Paikos; y Javier del Valle, propietario del restaurante La Costeñita; Adrián Deloya reprochó que la delegada de la Profepa en Guerrero, Marisela Ruiz Massieu y el presidente municipal Luis Walton Aburto aún no recorran el área afectada.

Reclamó que a pesar del establecimiento de mesas de trabajo por autoridades municipales que servirían para reducir los costos de multas y requerimientos a los negocios que están prácticamente en la quiebra, éstas sigan mermando sus bolsillos y lamentó que tal ofrecimiento por parte del presidente municipal sólo haya “sido de boca”.

“El presidente municipal nos lo dijo en la reunión, en diez días me vuelvo a reunir con ustedes para saber qué vamos haciendo, pero ya llevamos dos meses y nos hemos reunido para decirle cuáles son los problemas que tenemos”, dijo.

Sobre las reuniones que han tenido con el titular de la Profepa, Mario Moreno Merino reclamó que aunque la autoridad federal se comprometió a resolver la entrega de apoyos por parte de la federación, sin embargo éstos no se han concretado.