Exige la ONU liberar a inculpado en Villas de Salvárcar que fue torturado

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Organización de Naciones Unidas (ONU) demandó al gobierno de Felipe Calderón “la libertad inmediata” de Israel Arzate Meléndez, al confirmar que fue torturado por militares para que se inculpará por la matanza de Villas de Salvácar, en Juárez, Chihuahua, ocurrida en enero de 2010.
A través del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, la ONU emitió la opinión 67/2011 relativa al caso, que turnó para su difusión a los centros de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Juárez de Apoyo a Migrantes y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, defensores del preso.
Arzate Meléndez está acusado de ser uno de los cinco responsables de la masacre de 15 jóvenes y haber lesionado a otros diez en esos hechos, y “no ha gozado de juicio justo”, se advierte en el documento de la ONU.
El Grupo de Trabajo pidió al gobierno mexicano la “libertad inmediata” de Israel Arzate; además, que se investiguen de forma imparcial y exhaustiva las acusaciones de tortura, y se le conceda “una reparación completa y adecuada por los daños y perjuicios sufridos”.
Asimismo, se sumó a los señalamientos de otras agencias de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se derogue el arraigo.
También, que se “suprima la facultad otorgada a las Fuerzas Armadas de participar en la investigación y persecución de hechos delictuosos, y prohíba que practiquen aprehensiones, arrestos y detenciones de civiles, pues no tienen ni deben tener funciones policiales”.
Jacqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de defensa del Centro Prodh, denunció en rueda de prensa “el incumplimiento del Estado mexicano a resoluciones de instancias internacionales reconocidas por México, y no es la primera vez que ante situaciones parecidas pida prórrogas para no ser exhibido; en el caso concreto de Israel Arzate, el Grupo de Trabajo dio cuenta de que fue víctima de violaciones sus derechos humanos, al debido proceso, de detención arbitraria, tortura, y a su integridad”, señaló.
Resaltó que la resolución fue del conocimiento de la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, “que abrió un procedimiento administrativo” y, por supuesto, del gobierno de Chihuahua.
“El gobierno mexicano ya no puede seguir eludiendo la Constitución, los tratados internacionales y la ley”, puntualizó la abogada.