Está Tlachinollan en espera de que los líderes cetegistas confirmen su intención de ampararse

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aclaró el viernes que aún espera la confirmación de los dirigentes magisteriales, Gonzalo Juárez Ocampo y Minervino Morán Hernández, para solicitar sus amparos, luego que el gobernador instruyó su aprehensión por los ataques a las sedes de los partidos políticos en Chilpancingo, por maestros inconformes con la aprobación de las reformas en materia educativa.
Precisó que formalmente sólo conoce que se han liberado cuatro órdenes de aprehensión por daños y ataques a las vías de comunicación, pero si el gobernador habló de 39 posibles detenciones, es porque ellos tienen el control y sigilo de las investigaciones.
Asimismo, reconoció que no sabe por qué nuevos delitos serán acusados los dirigentes del magisterio movilizado, durante una entrevista el viernes en la Autopista del Sol, donde se manifestaron estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para reiterar la demanda de justicia por los homicidios de los estudiantes Jorge Alexis y Gabriel Echeverría de Jesús, en un desalojo policiaco a balazos el 12 de diciembre de 2011.
De la manifestación que fue seguida por unos 300 policías antimotines, durante su caminata por la ciudad, hasta el punto conocido como el Parador del Marqués, también merodeada por un helicóptero de la Policía Federal, denunció que se están reeditando los mecanismos de represión de los años de la década de 1960, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero está reviviendo su pasado priista.
Pero adelantó que como abogado de los padres de los jóvenes asesinados y de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, está integrando la documentación y construyendo la argumentación para llevar el caso de las ejecuciones extrajudiciales de estudiantes llegue a la Comisión Interam-ericana de Derechos Humanos.
Estimó que la comisión admitirá el caso, se aportarán las pruebas correspondientes y luego vendrá la recomendación correspondiente al gobierno mexicano.
Sobre el Movimiento Popular Guerrerense en contra de las reformas, el defensor cuestionó que el gobernador, que insistió en que estaba abierto al diálogo, que con una comunicación que nunca fue efectiva, y que sólo utilizó para administrar el conflicto magisterial, sin resolverlo de fondo.
Insistió en que el conflicto magisterial pudo haberse resuelto con la inclusión de las propuestas del movimiento a la reforma y adiciones de la Ley Estatal de Educación, pero “malamente” intervino en el Legislativo, contradiciendo las leyes, para que los diputados aprobarán una propuesta de él, enviada por el ejecutivo federal.
Ratificó que con eso demostró su arrogancia y prepotencia, porque se rechazaron las propuestas del pueblo, y no por supuestas inconsistencias jurídicas, simplemente porque se evitó cuestionar severamente la reforma educativa del PRI.
Recordó que hoy en Acapulco, se va a presentar el caso de los estudiates Jorge Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echeverría de Jesús, al relator de Ejecuciones Sumarias y Extrajudiciales de la ONU, que viene a México para hacer un análisis de la protección del derecho a la vida.
De la protesta en la Autopista del Sol, opinó que deja muy claro la demanda de justicia por el esclarecimiento de la verdad de lo que sucedió el 12 de diciembre, y para insistir en el procesamiento de responsables intelectuales del asesinato de dos estudiantes.
Insistió en que la orden de desalojo de los estudiantes de la autopista el 12 de diciembre vino del gobernador Ángel Aguirre Rivero y del secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, como han denunciado los familiares y estudiantes de Ayotzinapa.
Recordó que la demanda de juicio político al gobernador, que presentaron tras los acontecimientos de violencia, debe seguir su curso, pero ya no se fían del legislativo, que se resolverá el proceso, porque ya demostró su dependencia al gobernador y al presidente de la República.
Por lo tanto, estimó que ante la impunidad, quienes tienen que empujar esta demanda de juicio político es el pueblo, porque los únicos detenidos por el asesinato de estudiantes fueron liberados, y de 60 trabajadores implicados de la PGJE, todos fueron exonerados, y “más de la mitad de ellos ya se incorporaron a sus labores, como si nada hubiera ocurrido”.