Jesús Mendoza Zaragoza

Autoritarismo, política y violencia

Ha sido amplio el rechazo a las acciones violentas que miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) realizaron el miércoles de la semana pasada contra inmuebles públicos. La furia de los cetegistas se  descargó, de manera simbólica, contra los partidos políticos y contra las autoridades haciendo destrozos en sus oficinas ubicadas en Chilpancingo. De hecho, no es aceptable la violencia para resolver ni asuntos particulares ni públicos porque siempre tiene efectos dañinos para todos. La violencia deteriora al ser humano y a la sociedad, de manera invariable, y su espiral destructora debiera ser reconocida y rechazada. Un reconocimiento público de que estas acciones violentas y otras como los bloqueos de carreteras, constituyen un error político y ético que debe ser enmendado, le haría mucho bien a la CETEG y al movimiento que encabeza. Creo que estos hechos violentos le han generado un alto costo social.
Pero esto no significa que el gobierno sea inocente. Porque las acciones violentas del movimiento magisterial han sido una respuesta a otra violencia que constituye la normalidad en un sistema autoritario. Es la violencia institucionalizada que suele hacerse invisible con las artes del dinero y de los medios. Estamos hablando de la reforma educativa y las demás reformas que vienen y vendrán, que se han impulsado a partir del Pacto por México, un pacto político que tiene como protagonistas a los tres partidos políticos de más peso, en el que se han trazado una agenda que, según ellos, conviene al país. Eso dicen ellos. Y las reformas se han venido como cascada para imponer los intereses de estos partidos y desde luego de sus aliados, los dueños del dinero.
Resulta que la reforma educativa se dio, aparentemente, de manera muy tersa, pero muy bien acompañada del golpe mediático contra la profesora Gordillo. Así son los artistas de la política. Fue una reforma que sólo buscó los acomodos políticos necesarios para el proyecto del nuevo gobierno federal, una reforma que siguió, como otras tantas anteriores, la misma lógica del manejo político de la educación. Lo que menos importa en esta reforma, como en las anteriores, es la educación. Se esgrimió el hecho de la recuperación de la rectoría del Estado en la educación pública como la estrella de esta reforma. Pero se hizo a espaldas de la nación. Las consultas para discusión de los temas más importantes de la reforma, no se dieron o se dieron de manera insuficiente. En estos términos, hubo una imposición que dio lugar a inconformidades.
La actual dinámica del sistema educativo no es esperanzadora. Y no lo es por variadas razones. Entre otras, porque a la clase política no le interesa la educación pues está muy ocupada en mantener sus privilegios. El Pacto por México no toca privilegios ni toma en serio el combate contra la pobreza y el hambre. Hay muchas señales de que el sistema político no funciona para el bien del país y, por lo mismo, para contar con un sistema educativo digno y que dignifique a los mexicanos, que sea una herramienta cierta para el desarrollo y para la democracia. Porque lo que tenemos es una simulación de lo que debiera ser la educación urdida por el gobierno y el sindicato.
Una de las argumentaciones oficiales en torno a la reforma, centra su atención en la evaluación magisterial y no en la evaluación de todo el sistema educativo. Es cierto que el factor del magisterio es clave, pero no es el único. Debiera evaluarse el sistema en su globalidad, incluyendo los planes de estudios, el desempeño de las autoridades educativas y del sindicato magisterial, el oficial y los disidentes. Como se puede observar, el resultado de esta reforma ha sido este golpeteo político entre autoridades y maestros disidentes, que no está llevando a ninguna parte. Porque los conflictos no se han centrado en aspectos preponderantemente educativos sino en los laborales, administrativos y operativos.
Y resulta que estos desencuentros tendrían que haberse resuelto mediante la política como herramienta para el diálogo, la discusión, la consulta y los acuerdos. Y parece que la política ha fracasado. La violencia, tanto la institucional y la reivindicativa como la represiva son señales del fracaso de la política que no ha sido capaz de destrabar este conflicto de manera honorable. La simulación del diálogo ha estado minando la posibilidad de transitar por la vía de la política y está colocando escenarios de mayor polarización.
Muchas voces se están sumando a la exigencia de nuevos esfuerzos de diálogo, que nunca puede cancelarse, aún en los peores escenarios. No hay otra salida civilizada. Pero es necesario romper los estrechos círculos que han asfixiado los esfuerzos de diálogo, que no puede seguir prisionero de intereses particulares. Hay que poner a la educación en el centro de la discusión y honrar la nobleza de este tema y de la manera de abordarlo. El interés general del país tiene que vincularse con los intereses de las partes que están en litigio. Tal parece que hasta ahora no ha habido esa visión. En Guerrero ya tenemos agudos problemas de violencia, de pobreza extrema, de violación de los derechos humanos, de exclusión social y otros más, como para desgastar las energías en un conflicto que polariza paulatinamente a la población. No tiene caso abrir otro frente más de violencia ante las violencias que ya sufrimos de manera cotidiana.
Es preciso invocar lo mejor que hay en el ser humano, en las personas, en los contendientes del conflicto. Y lo mejor está en la razón que necesita ser recuperada para no dejar paso a la violencia. De hecho, la violencia se abre paso cuando se renuncia a la razón. Y la razón nos puede llevar de la mano para buscar respuestas justas y dignas para todos. Incluso, para cambiar este sistema político que genera violencia y este modelo económico que sacrifica los derechos más sagrados. Y para un nuevo sistema educativo que garantice la superación de los rezagos que sufrimos.
Maestros y gobernantes, ambos son servidores públicos con distintas tareas pero ambas, nobles. Unos desde el ejercicio del poder y otros desde el ejercicio de la docencia. El servicio público entraña el empeño en el bien público, el que puede generar dinámicas que ayuden a superar el conflicto dando un paso hacia adelante. Hacia adelante significa que las demandas legítimas han de mantenerse, pero dentro de un contexto mayor. Este contexto mayor es el bienestar del pueblo, enfocando sobre todo a quienes viven postrados en el sufrimiento. Este pueblo necesita de los gobernantes y de los maestros, los necesita a los dos, necesita que superen sus discordias y que se alineen en los términos de la justicia y de la equidad. Que ambos se propongan crear mejores condiciones de vida para todos los guerrerenses. No se trata de claudicar en el interés por la justicia y por la legalidad. Se trata de poner en su justo lugar la razón de ser de maestros y gobernantes: al servicio de la comunidad, sobre todo de los más sufrientes.