La impunidad de las autoridades estatales, principal queja ante el relator de la ONU

Mariana Labastida

El relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns se reunió con representes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y víctimas de la violencia en el estado; también se entrevistó con autoridades del gobierno del estado.
Los representes de las organizaciones dijeron que en la reunión expusieron la impunidad con la que las autoridades han actuado en lo ocurrido en el periodo de la guerra sucia en Guerrero entre 1970 y 1980; así como en la masacre de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez el 28 de junio de 1995; de El Charco, el 7 de junio del 1998; el asesinato de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el desalojo de la Autopista del Sol el 12 de diciembre del 2011; la situación de los desplazados de La Laguna en la sierra de Coyuca de Catalán, desapariciones forzadas y asesinatos.
Durante más de tres horas el relator de la ONU escuchó en privado las denuncias de falta de investigaciones claras y complicidad de las autoridades; después recibió a las autoridades del gobierno del estado, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Guillermo Jiménez, y la procuradora General del Estado de Guerrero, Martha Elva Garzón.
La reunión con las organizaciones sociales, que duró más de tres horas y se realizó en el salón del hotel Emporio de la Costera en Acapulco, se dividió en dos partes, la primera lo relacionado a la guerra sucia y la segunda el contexto actual de la violencia, en la primera hora se programó el encuentro para la exposición de casos de la guerra sucia y la masacre de El Charco, después se le cedió otra hora para el caso de los normalistas asesinados de Ayotzinapa, y la última hora el resto de las organizaciones expusieron sus casos.
Los integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en México (Afadem) fueron los primeros en exponer la situación en la que se encuentra. La vicepresidenta de la agrupación, Tita Radilla Martínez hizo la relatoría de lo ocurrido en la década de los 70, indicó que se tienen más de 600 casos documentados de detenciones y desapariciones durante el periodo de la guerra sucia, donde también hubo tortura y violación de los derechos humanos.
Radilla Martínez dijo al salir de la reunión que espera que las instancias de gobierno actúen, “nosotros le recalcamos que nos interesa la búsqueda, la investigación, para saber que ocurrió con los familiares, con los desaparecidos”.
La víctima de la Guerra Sucia enfatizó que a pesar de existir recomendaciones el Estado mexicano las ha minimizado, “hace como que hace pero sin hacer las cosas, se compromete pero finalmente no las cumple tal como debe de ser”, como es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de desaparición de Rosendo Radilla, demostrando “una falta de voluntad política” para cumplir la sentencia, manifestó Tita Radilla.
Radilla Martínez indicó que son 39 años buscando a su padre, tratando de seguir sus pasos pero “desafortunadamente no ocurre nada” por ello espera y desea que la visita del relator de la ONU derive en recomendaciones que sean atendidas y se le dé respuesta a las demandas que llevan años haciendo.
Para tocar el tema de la masacre de El Charco, se les pidió a todos los representantes de las organizaciones que estaban en el salón que salieran, adentro sólo se quedó el sobreviviente Efrén Cortés Chávez, y representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que entregaron por escrito la relatoría del caso.
Al concluir el encuentro, la secretaria de la Red Solidaria Década, María Magdalena López Paulino dijo que enfatizaron la omisión e impunidad en la que se ha mantenido el Estado mexicano en relación a la masacre de El Charco, en Ayutla, donde fueron ejecutados extrajudicialmente diez indígenas un’saavi y un estudiante.
Entregaron el informe que realizaron el año pasado de los hechos, otro de las violaciones cometidas por el Ejército contra indígenas, y copias de las necropsias en las cuales cinco se determina que fueron ejecuciones, manifestó la luchadora social. También se incluyó en el informe entregado el asesinato posterior de cinco de los sobrevivientes en circunstancias poco claras, que no se han investigado.
López Paulino recordó que en el 2009, los sobrevivientes, que fueron hechos prisioneros en El Charco, turturados, y procesados por rebelión y portacón de armas, Efrén Cortés y Ericka Zamora se reunieron con una relatora que emitió una recomendación por la omisión de las autoridades ante el caso, por lo que consideró importante que nuevamente se expusiera, luego de que el presidente de la Red, el obispo Raúl Vera entregó el año pasado una petición de admisión del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se castigue los crímenes de lesa humanidad que se cometieron.
“Se nos hace muy importante que el relator en su informe subraye el estado de impunidad que guarda la masacre de El Charco”, dijo Magdalena López quien enfatizó que el caso es paradigmático debido a que a diferencia de otras ejecuciones como el caso Aguas Blancas, aquí el Ejército es el agresor.
En el tema de ejecuciones se presentaron los 26 asesinatos de habitantes de La Laguna, presentados en conjunto por los integrantes de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
De esta última organización, Alejandro Ramos Gallegos dijo que se presentaron los 26 casos, resaltando los asesinatos de Juventina Villa, de su hijo y su esposo Rubén Santana Alonso, de La Laguna y Hacienda de Dolores, así como tres desaparecidos, hechos que provocaron el desplazamiento de toda una comunidad debido a las agresiones a los habitantes, mismos que se trasladaron a Puerto Las Ollas y algunos viven actualmente en comunidades de Ayutla.
“Esperamos que los hechos que suceden en el estado de Guerrero se conozcan internacionalmente, que México vive en un estado de inseguridad y de violencia y que muchos de ellos han actuado corporaciones policiacas y militares, la situación de vulnerabilidad al que están expuestas las personas y la situación de desplazados internos sin condiciones para vivir es importante que se conozca internacionalmente, porque solamente así se puede que haya justicia en México”, expuso Ramos Gallegos.
El tercer grupo que fue escuchado por Christof Heyns fue de integrantes del comité de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, los padres de los dos jóvenes asesinados en el desalojo de la Autopista del Sol el 12 de diciembre del 2011, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, y a sus abogados, integrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
De manera breve al terminar la reunión con el relator, el padre de Jorge Alexis, Jorge Herrera Juárez, declaró que la petición que hicieron fue de justicia, que relataron todo lo que ha pasado en el año cuatro meses desde que asesinaron a su hijo,  la inconformidad y molestia luego de que dejaron en libertad el lunes a los policías acusados.
“Lo que me molesta es que el gobernador hizo lo mismo que hizo en Aguas Blancas, fabricar culpables y dejarlos libres, no cumplió con las recomendaciones de la CNDH, él es el principal asesino de nuestros hijos, él y Humberto Salgado Gómez (secretario de Gobierno)”, reprochó Herrera Juárez quien espera que se escuche su voz y que al ser la ONU una instancia internacional puedan tener justicia, porque “aquí hay pura impunidad, con este gobierno que tenemos pura cochinada”.
Por su parte, el abogado del
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que expusieron al relator desde las demandas que llevaron a los estudiantes de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, el uso excesivo de la fuerza pública, el injustificado uso de las armas letales utilizadas, y “sobre todo la preocupación de la liberación de los policías ministeriales”.
Rosales Sierra dijo que se enfatizó en el hecho de que se hizo una investigación deficiente del asesinato

de los dos estudiantes, que la Procuraduría permitió que fueran manipulados los indicios y pruebas que podrían determinar a los responsables materiales, y no permitir que se tuviera un expediente sólido para un juicio, debido a que incluso se obviaron las primeras 24 horas después del hecho en las que se tendría que haber puesto a disposición a los policías que participaron con todo y armas.
Sin embargo, que en lugar de buscar a los asesinos de los estudiantes, las autoridades se dedicaron a culpar a los normalistas de lo ocurrido, “se enfatizó en la investigación deficiente e irregular, en el juicio político esta sin avances sustanciales y lo que se aprecia es una posible exoneración, que ya regresaron a laborar el 70 por ciento de los 60 trabajadores destituidos”.
Vidulfo Rosales agregó que se “vislumbra una impunidad total en el caso Ayotzinapa”, por lo que consideró importante colocar en la escena internacional lo que pasó, que los mecanismos de las Naciones Unidas tengan conocimiento de la situación y esperan que la preocupación que el relator les manifestó por el hecho, quede plasmada en su informe con las recomendaciones que haga del mismo.
Entre las organizaciones que expusieron en la última hora de la reunión, los del  Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) presentaron una relatoria de nueve casos de desaparecidos y ejecutados en diferentes regiones del estado, en el documento que también entregaron por escrito respaldado con testimonios en video se plasmaron casos donde los familiares estuvieron de acuerdo, “sabemos que hay más pero no podemos asumir casos donde los familiares no participen”, dijo el coordinador de la organización, Javier Monroy Hernández.
En declaraciones posteriores al rencuentro con Chistok Heyns, Monroy Hernández enfatizó que “el asesinato extrajudicial en México existe y se reproduce cotidianamente, no se investiga y las autoridades de manera directa o indirecta participan para que no trascienda y es la base de la gran impunidad”, agregó que el reclamo es que haya investigaciones, que  conozca la verdad de los hechos, “que no quede impune”.
El coordinador de Tadeco dijo que esperan que de la reunión se deriven recomendaciones al gobierno mexicano en cuanto a la exigencia de la investigación y “no se vayan por las ramas recomendando reparación del daño, que haya justicia y se acabe con la impunidad”, exigió. También lamentó que debido a la premura del tiempo no se haya podido dar una interacción con el relator que sólo se dedicó a escuchar lo que le exponían, “no se logró una mayor interlocución”, lamentó Javier Monroy.
Por la organización ciudadana Acapulco por la Paz, el padre Jesús Mendoza Zaragoza explicó que expusieron lo relacionado con la inoperancia del Estado,  que no se han detenido políticos en el periodo de la lucha contra el narcotráfico cuando existe una complicidad con el crimen organizado, “esperamos que haga una recomendación al Estado mexicano en otros factores que no se han tocado como es las complicidades de las autoridades y la corrupción”.
Agregó que expusieron como no se ha buscado un diagnóstico integral de la problemática de la estrategia oficial del combate al crimen y se han ido por los aspectos mediatos y visibles de la situación.

Intercambio con funcionarios del gobierno de Aguirre

Luego de terminar la reunión con las organizaciones sociales, el relator de la ONU se reunió hora y media con las autoridades estatales, al salir el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, de manera breve comentó que fue una reunión fructífera que les permitió intercambiar experiencias, que les preguntaron e hicieron comentarios “muy generales” de diferentes temas, a los que de manera institucional proporcionaron todo lo que han hecho al respecto de cada uno de los asuntos.
Hoy, el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Christof Heyns se reunirá con integrantes de la Comisión de la Verdad, con autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República (PGR), el jueves informará el conferencia de prensa en el Distrito Federal de la visita que hizo a Chihuahua, Distrito Federal y finalmente Guerrero.