Llega Aguirre a su segundo informe en medio de hechos que son noticia en el país y el mundo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En un panorama caracterizado por el surgimiento de movimientos de autodefensa en contra de la delincuencia organizada, por el incremento de la violencia y la inseguridad, así como por las intensas movilizaciones magisteriales en contra de la reforma educativa, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cumple su segundo año de gobierno.
En este escenario, del que han surgido casi a diario a lo largo de 2013 hechos de relevancia en los medios de comunicación del país y del mundo, aunque con el espaldarazo del presidente Enrique Peña Nieto, hoy el gobernador Aguirre Rivero acudirá al Congreso local a rendir su segundo informe de labores.

Se levantan ciudadanos en la Cañada

Apenas dos meses después del comienzo de su segundo año –el 2 de junio de 2012–, el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán se levantó en armas en contra de la delincuencia que venía asolando la cañada de La Montaña guerrerense.
La reacción civil fue en respuesta a las acciones de la delincuencia organizada, que por esos días alcanzó 18 secuestros, y entre las víctimas estaba una menor de edad, a la que tenían encerrada y amordazada en las instalaciones de la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal.
El movimiento ciudadano alcanzó los municipios de Cualac y Xochihuehuetlán, y tuvo como resultado que dos policías y el alcalde interino fueran heridos. Las 18 personas rescatadas por la policía ciudadana, así como seis presuntos delincuentes detenidos fueron entregados a la Procuraduría General de la República.
Los inconformes también prendieron fuego a la comandancia de la Policía Ministerial, causaron daños a una patrulla de la misma corporación y a unos ocho vehículos que habían sido robados por los delincuentes, pero también recuperados de inmediato.
Mientras tanto, el alcalde interino, Juan Carlos Merino González, fue exhibido desnudo en la plaza pública y castigado físicamente. Cuando estaba a punto de ser linchado, acusado de proteger a los delincuentes, fue rescatado por las autoridades estatales.
Consecuencia de estos hechos, el 6 de junio en una reunión con miembros del Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán, el gobernador Ángel Aguirre acordó la integración de un concejo municipal que sustituiría a las autoridades de ese municipio.
Asimismo, los representantes de Huamuxtitlán le pidieron al gobernador que el presidente municipal interino, Merino González, fuera procesado formalmente.
El gobernador respondió a todo que sí, pero al final ninguno de los acuerdos se hizo realidad, y el frente ciudadano se sigue haciendo cargo de la seguridad.
El ejemplo cundió, y cuatro meses después, a finales del mes de octubre, habitantes del municipio de Olinalá, tomaron las armas y el control del municipio, ante la indiferencia de las autoridades municipales que liberaron a un presunto secuestrador y homicida de un taxista, a quien los pobladores habían detenido y entregado a la policía municipal.
Armados, 240 hombres resguardaron atrincherados día y noche durante casi un mes los accesos del pueblo. Con costales llenos de tierra levantaron barricadas para protegerse de posibles agresiones. Antes, los ciudadanos habían incendiado la casa, un coche y dos motocicletas de presuntos integrantes de la delincuencia organizada que operaban en esa cabecera municipal.
El pueblo se mantuvo atrincherado hasta que se hizo cargo de la seguridad el Ejército mexicano y la Marina.
En ese mismo municipio, el pueblo de Temalacatzingo también asumió su propia autodefensa a partir del mes de febrero de este año.

Movimientos de autodefensa en Costa Chica

El movimiento de autodefensa que por su magnitud evidenció no sólo al gobierno estatal de Ángel Aguirre, sino al federal de Enrique Peña, pues rebasó las fronteras del país, inició el 6 de enero en Ayutla, región de la Costa Chica.
Ese día, unos 800 hombres armados tomaron la cabecera municipal en busca de integrantes del crimen organizado que habían raptado al comisario municipal de Rancho Nuevo, Eusebio Alvarado García, días antes se habían llevado también al de Ahuacachahue.
Ambos fueron rescatados por el movimiento civil, en el que participaron ciudadanos de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala, municipios que a la postre se sumaron a la autodefensa.
El movimiento armado que inició en Ayutla, en menos de un mes detuvo a 54 presuntos delincuentes, quienes el 30 de enero fueron presentados en la comunidad de El Mesón, municipio de Ayutla, en una asamblea popular.
Allí se anunció que se convertiría en tribunal popular y que el 21 de febrero en la comunidad de Buenavista, municipio de Tecoanapa, juzgaría a los presos y que los que resultaran culpables serían sometidos a reeducación en las comunidades en donde pagarían sus delitos, realizando labor comunitaria.
Sin embargo, por la negociación entre el gobernador y la dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación que organizó la autodefensa, los presos fueron entregados a la Procuraduría el 8 y el 19 de febrero. Al final, de todos ellos, tras un arraigo de más de 30 días, solamente 12 fueron puestos a disposición de un juez por los delitos que fueron acusados por el movimiento.
El movimiento de autodefensa, que actualmente pasó a una segunda etapa y se hace llamar policía ciudadana y depende del Sistema de Seguridad Ciudadano, se ha ampliado a por lo menos nueve municipios de la Costa Chica. Ellos son Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villarreal, San Marcos, Copala, Cuautepec, Marquelia, Azoyú y Juan R. Escudero.
También hubo intentos por conformar movimientos similares en municipios de Coyuca de Benítez, municipio de Costa Gtande; así como en Cuetzala, Teloloapan e Iguala de la zona Norte, como consecuencia del hartazgo de los ciudadanos con la inseguridad y la violencia que se vio incrementada en el gobierno de Ángel Aguirre.
Para resolver el movimiento de las autodefensas, el gobernador Aguirre Rivero anunció una iniciativa de decreto para la regularización de las policías comunitarias, y con dedicatoria, también, a los movimientos de autodefensa, en cuyo contenido se establece que éstos no usarán capuchas, no instalarán retenes, no podrán juzgar a los detenidos y que no podrán salir armados de sus respectivos territorios.
Asimismo, Aguirre Rivero creó la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante la cual, se anunció, se canalizarían recursos tanto del gobierno estatal como del gobierno federal para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos donde surgió el movimiento.
Sin embargo, las propuestas que se hicieron a finales del mes de febrero pasado, actualmente sólo se encuentran en proyecto, pues la iniciativa de decreto no ha sido enviada al Congreso, mientras que la comisión solamente se instaló y sesionó en una ocasión, sin que se conozcan hasta ahora las acciones para revertir la inconformidad ciudadana en contra de la delincuencia.

La violencia incontenible

El fracaso del gobierno de Ángel Aguirre en materia de combate a la violencia y a la inseguridad se puede comprobar no sólo por el surgimiento de los movimientos de autodefensa, sino con datos y cifras.
El caso más relevante en el país y en el exterior es la violación sxual de seis turistas españolas en la exclusiva zona Diamante de Acapulco, el 4 de febrero de este año.
El organismo Seguridad, Justicia y Paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal AC, en su ranking de febrero pasado, ubicó a Acapulco en el segundo lugar entre las 50 ciudades más violentas del mundo, por mil 170 homicidios registrados en 2012.
De acuerdo con el organismo, en el año anterior a la toma de posesión como gobernador de Aguirre Rivero (2010), hubo mil 500 homicidios dolosos en Guerrero y en 2012 hubo 2 mil 310, lo que significa un incremento de 54 por ciento en dos años.
Asimismo, en 2010 fueron denunciados 43 secuestros y 75 en 2012, lo que implica un aumento del 74 por ciento.
Además, en 2010 se denunciaron 53 casos de extorsión y 133 en 2012, esto evidencia que hubo un incremento del 151 por ciento.
Otro dato es que en 2010 se registraron mil 918 robos con violencia y 4 mil 135 en 2012, lo que quiere decir que el aumento en la comisión de este delito fue del 116 por ciento.
Además, los datos revelan que Guerrero es la única entidad federativa que tuvo cinco municipios entre los 20 con las mayores tasas de homicidios dolosos del país, ellos son Acapulco (143 por cada 100 mil habitantes), Zihuatanejo (65), Iguala (64), Chilpancingo (44) y Taxco (43).

El movimiento magisterial, un conflicto sin desenlace

Durante su segundo año, el gobierno de Aguirre Rivero también se vio atrapado por el conflicto magisterial y de las normales públicas del estado, que se manifiestan en contra de la reforma educativa del gobierno federal.
El movimiento, el 10 de abril, se convirtió en lo que ahora es Movimiento Popular Guerrerense (MPG), a partir de cuando rebasó las expectativas, pues en menos de 10 días demostró su capacidad de convocatoria, al realizar dos de las manifestaciones más numerosas que se hayan visto en la historia reciente de Guerrero.
Las causas que motivaron que de ser un movimiento gremial pasara a ser popular, fue la reversa que metió el gobernador a la minuta firmada con la dirigencia del movimiento magisterial y de los normalistas, el 24 de marzo en Casa Guerrero. Así como el desalojo ocurrido el 5 de abril.
El principal punto de la minuta firmada por el gobernador era su compromiso de enviar al Congreso local la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Educación del Estado, cuyo contenido había sido discutido y consensuado por el gobernador e integrantes de la comisión negociadora del movimiento magisterial y normalista.
Sin embargo, las reformas y adiciones propuestas por la comisión negociadora fueron hechas a un lado y el 2 de abril los diputados aprobaron una ley con un contenido diferente.
La inconformidad creció y las acciones de protesta se intensificaron, el 5 de abril, cuando más de 3 mil maestros, estudiantes y padres de familia bloqueaban la Autopista del Sol y la carretera federal, al sur de la ciudad, fueron desalojados por mil 500 policías federales, con un resultado de unos 50 manifestantes golpeados; uno de ellos de gravedad y tuvo que se internado en la clínica del ISSSTE.
Asimismo hubo tres detenidos, dos de ellos liberados horas después, y otro, Mario Durán Torres, a los cuatro días tras pagar una fianza de 65 mil pesos.
Mientras tanto, la Policía Federal informó que de su lado hubo 14 elementos golpeados con proyectiles de piedras, palos y tubos.
Luego del desalojo, el domingo 7 de abril, diversas agrupaciones sociales, entre ellas la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), se sumaron al movimiento magisterial y normalista, que a partir de entonces pasó a ser el MPG y la dirigencia convocó a una primera mega marcha para el 10 de abril, en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

La de ese día fue una de las marcha más numerosas, con la participación de más de 50 mil personas –120 mil, según los organizadores. A partir de entonces distintos sectores sociales comenzaron a demandar la desaparición de poderes.
El movimiento creció todavía más, pues a los ocho días –el 18 de abril–, un contingente de unas 80 mil personas inundó el bulevar Vicente Guerrero, paso obligado para la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco. Mientras en el Congreso local, diputados de la fracción parlamentaria del PRD, hacían esfuerzos para convencer a los diputados del resto de las fracciones de que aprobaran una nueva propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Educación del Estado, que había consensuado con la dirigencia del MPG.
Pero fue hasta el 23 de abril cuando se volvió a subir a la tribuna de la plenaria un dictamen que, nuevamente, no era el que fue consensuado entre la dirigencia magisterial y los diputados perredistas, sino uno avalado por el PRI y que fue hecho llegar con el senador Sofío Ramírez Hernández, mismo que fue aprobado.
El engaño al movimiento, que nuevamente fue avalado por el gobernador, provocó la furia sobre todo del sector magisterial del MPG y el 24 de abril un contingente arremetió contra las instalaciones de las dirigencias estatales del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI. Los mayores destrozos fueron ocasionados a la sede del Comité Directivo Estatal del PRI, en donde, incluso, fueron incendiadas algunas de las áreas.
Ese día también provocaron daños a las oficinas de gestoría del senador perredista Sofío Ramírez Hernández y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
El gobernador Ángel Aguirre Rivero calificó la protesta como “actos vandálicos” y sentenció que: “El camino del diálogo se ha agotado, y no nos queda otra alternativa más que la aplicación irrestricta de la ley”.
Dijo, asimismo, que había instruido a la Procuraduría de Justicia para una rápida aplicación de la ley a dos de los principales dirigentes, Gonzalo Juárez Ocampo y Minervino Morán Hernández. Mientras que la procuradora de Justicia, Martha Elba Garzón Bernal, informó que son 39 los dirigentes que tienen averiguaciones previas.
En las marchas y protestas, los: “va a caer, va a caer, Aguirre va a caer” y los “eha, eha, eha, Aguirre se tambalea”, son cada vez mas frecuentes, mientras que el conflicto sigue entrampado y las protestas se anuncian cada vez más fuertes para esta semana.

La Policía Comunitaria, otro frente de batalla

La participación de la Coor-dinadora Regional de Autori-dades Comunitarias (CRAC) y su Policía Comunitaria en el MPG, volvió a estropear las relaciones entre la organización indígena y el gobernador Ángel Aguirre.
El pronunciamiento de apoyo y la participación de la CRAC en el ahora llamado MPG, se dio en el justo momento en que las autoridades de la agrupación habían comenzado a reunirse con el gobernador, en el contexto de la coyuntura por el surgimiento de los grupos de autodefensa en Costa Chica, que ahora se denomina Sistema de Seguridad Ciudadano.
La noche del 9 de abril, en Casa Acapulco, Aguirre Rivero todavía hizo un último intento por impedir que la CRAC apoyara al movimiento magisterial que, para entonces, había comenzado a hablar de la desaparición de poderes, como consecuencia del desalojo de policías federales el 5 de abril en contra de maestros y estudiantes normalistas que bloqueaban la Autopista del Sol y la carretera federal al sur de la ciudad.
Esa noche el gobernador se reunió con los consejeros de las casas de justicia de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; Espino Blanco, de Malinaltepec; El Paraíso, de Ayutla y de San Luis Acatlán, a quienes les pidió que se mantuvieran al margen del movimiento magisterial, a cambio les ofreció que el 20 de abril se reuniría con ellos en San Luis Acatlán para colocar la primera piedra de lo que serían las casas de justicia de San Luis, Espino Blanco y Zitlaltepec.
Pero era demasiado tarde, horas antes los coordinadores de las cuatro casas (incluida la del Paraíso) habían acordado dar su respaldo al MPG y asistir al día siguiente a la maga marcha en Chilpancingo.
Una de las causas de su decisión fue la detención, la noche del 7 de abril, del segundo comandante de la Policía Comunitaria de El Troncón, municipio de Tixtla, Nahúm Santos Bartolo, horas antes de que junto con otros comandantes se habría reunido con dirigentes del MPG, motivo por el cual, el 8 de abril, 40 comunitarios respaldados por maestros, estudiantes y padres de familia irrumpieron en Chilpancingo, uniformados y armados, para exigir la libertad de su compañero preso. El comandante Nahúm fue liberado ese mismo día.
Tras la decisión de la CRAC de respaldar al MPG, entonces el gobernador determinó, la misma noche del 9 de abril, no asistir a la toma de protesta de 15 nuevos grupos de la Policía Comunitaria al día siguiente en Ayutla, como lo habían acordado con la organización indígena. Aunque sí prometió que se reuniría con la CRAC el 20 de abril en San Luis Acatlán, para colocar la primera piedra de las tres casas de justicia y dar respuesta a un pliego petitorio pendiente con la organización.
Pero al día siguiente, el 10 de abril, durante el mitin después de la megamarcha, el coordinador de la CRAC de la casa de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, se fue con todo contra el gobernador Aguirre Rivero, y le advirtió que si no da respuesta a las demandas del magisterio, la CRAC va a tener que accionar.
En el mitin del zócalo de esta capital, Villar Castillo dio incluso un ultimátum al gobernador, para que se siente a dialogar con los maestros, pues de lo contrario anunció la puesta en marcha de una estrategia de lucha de la CRAC que consiste en un “plan A”, “B” y “C”. El primero es la gestoría y el diálogo, el segundo la desaparición de poderes y el tercero la reconstrucción del gobierno, según explicó.
Ese día, Villar Castillo informó en el mitin que por la noche la CRAC había pedido al gobernador que se reuniera con la dirigencia del movimiento, pero más tarde, en asamblea, la dirigencia del MPG resolvió no reunirse con Aguirre Rivero, porque ya no lo consideraba como un interlocutor válido.
Así, la CRAC, había fracasado en su intento de obligar las relaciones entre el gobernador y el MPG, del cual ya formaba parte, y con ello se iba agotando el “plan A”.
Pero Villar Castillo, en declaraciones a la prensa el 11 de abril, dijo que de cualquier forma la CRAC mantendrá su plan de acción y que sólo en caso de que el Congreso local no aprobara la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Estatal de Educación, pasaría al “plan B”.
Sin embargo, dijo que no existían plazos para pasar de un plan a otro, y que las acciones de la CRAC serían conforme al avance o estancamiento de la solución a las demandas del magisterio y normalistas, que piden la aprobación de las reformas y adiciones a la Ley Estatal de Educación, conforme la consensuaron primero con el gobernador y después con la fracción de diputados del PRD.
Ese mismo 11 de abril, en declaraciones al programa Atando Cabos, de Radio Fórmula, que conduce Denisse Maerker, el gobernador informó que se había reunido a las 9 de la mañana con Eliseo Villar Castillo, a quien le preguntó porqué cambió su discurso, toda vez que en la reunión que tuvieron en la noche del 9 de abril le expresó que no coincidía en que los policías comunitarios salieran de sus comunidades armados, y en respuesta el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán le dijo que la Policía Comunitaria cumplió “con no ir armados”.
El gobernador también dijo que Eliseo Villar le dijo que su discurso, en el mitin tras la marcha, en el que dio un “ultimátum” al gobierno del estado para reunirse al siguiente día con los maestros o la Policía Comunitaria aplicaría el plan B y C, fue porque “había recibido la presión de algunos miembros de su organización y que a eso había obedecido el cambio de discurso”.
Agregó que le reprochó a Villar Castillo la actitud “beligerante” de la CRAC y que (la organización) “no nació para eso, los quiere llevar (Villar Castillo) al despeñadero, los quiere llevar a una situación en donde van a echar por la borda todo lo que han trabajado tantos años, más allá de que tú seas maestro y más allá que tú seas miembro de la CETEG”, le habría dicho a Villar Castillo.
Ese mismo 11 de abril, en un comunicado, la CRAC ratificó oficialmente su adhesión al MPG, “por la defensa de los derechos laborales de los maestros y por hacer valer el derecho humano de nuestro pueblo a la educación gratuita”.
El pronunciamiento dice: “Con coraje observamos la urgencia y descaro de los representantes del mal gobierno y de los empresarios por aplicar las llamadas reformas estructurales”.
Incluso, en ese mismo comunicado, las cuatro casas de justicia ubicadas en los municipios de San Luis Acatlán, Metlatónoc, Malinaltepec y Ayutla, convocaron a los sectores sociales a unificarse a la lucha del MPG, “que nadie se quede sin luchar. Esta lucha ya no es sólo de los maestros. Ahora nos toca luchar a todos, magisterio, padres de familia, estudiantes, campesinos, amas de casa, organizaciones sociales y políticas. Los padres de familia deben acompañar a los maestros en esta lucha. Exigimos que el Congreso local apruebe la iniciativa de ley presentada por el magisterio, conjuntamente con el gobernador “, demandó.
Asimismo, el 13 de abril Villar Castillo respondió al gobernador, le dijo que la CRAC no está confundida sobre el tema educativo ni se irá al despeñadero, “porque estamos bien organizados”.
Reiteró que continuarán apoyando al MPG en contra de la reforma educativa y que por eso la CRAC no se irá al despeñadero, “en ningún momento pasará eso, porque estamos bien organizados, no crea que es una lucha desorganizada, estamos en nuestra razón, al despeñadero va a llegar el gobierno, no nosotros”, manifestó Eliseo Villar.
A pesar de esta confrontación a través de los medios de comunicación, se mantenía pendiente el compromiso del gobernador Aguirre Rivero de reunirse con los miembros de la CRAC y su Policía Comunitaria, el sábado 20 de abril en San Luis Acatlán.
En esa reunión, el gobernador colocaría la primera piedra de la Casa de Justicia de la CRAC, ubicada en ese lugar, y anunciaría la construcción de las casas de justicia de Zitlaltepec y Espino Blanco. Además daría respuesta al pliego petitorio que dejó pendiente con la anterior coordinación, que contiene las demandas de recursos para el funcionamiento de la Policía Comunitaria, armamento, uniformes y despensas.
Sin embargo, el 19 de abril, Villar Castillo informó que la CRAC había decidido cancelar su reunión con el gobernador y a pesar de que aseguró que las relaciones no están rotas y que la reunión se realizará después, admitió que la cancelación del encuentro obedeció “al trabajo que tenemos con el Movimiento Popular”.
Asimismo, Villar Castillo dijo que estaban en espera de lo que resolviera el Congreso local con respecto a las reformas y adiciones a la Ley Estatal de Educación que proponen la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y los estudiantes de las nueve normales públicas, para que la agrupación decida si pone en marcha su plan B en contra del gobernador, como lo anunció en el mitin del 10 de abril.
Villar Castillo aceptó que la reunión con el gobernador era importante, por los apoyos que entregaría a la organización, “pero la asamblea decidió mejor seguir con los trabajos que viene realizando”.
El 13 de abril, durante su intervención en la toma de protesta de los policías comunitarios de Acatempa, Zacatzonapa, El Troncón y Tecozintla, municipio de Tixtla, Villar Castillo quiso recomponer su postura hacia el gobernador Aguirre, pero cuando comenzaba a agradecerle la entrega de despensas y material de construcción recibió una andanada de rechiflas y expresiones de “fuera, fuera, fuera”.

El pletio Aguirre-Beltrones

Otro de los episodios significativos en su segundo año de gobierno fue el encontronazo que tuvo con  el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, los días 20, 21 y 22 de febrero.
La polémica comenzó cuando Beltrones declaró que los gobernadores de los estados en donde han aparecido grupos de autodefensa, deberían “replantear” el funcionamiento de sus gobiernos.
El gobernador Aguirre calificó la declaración como expresión de la “vocación represora” de Beltrones, y dijo: “Recuerden nada más dónde se formó”.
A ello el diputado priista respondió que “primero me voy a enterar si estaba sobrio, para saber en qué condiciones pudo emitir una declaración tan irresponsable”.
En seguida, Aguirre Rivero contestó que en lugar de verter críticas sobre algunos estados o gobernadores, Beltrones “debería preocuparse por generar mejores condiciones y mayores recursos para entidades como Guerrero”.
En medio de este escenario adverso, pero con el espaldarazo del presidente Peña Nieto, Aguirre se aprestaba para acudir este lunes al Congreso local a dar un mensaje político por su segundo informe de gobierno.
El 25 de abril, en Acapulco, en la inauguración de la 76  Convención Nacional Bancaria,  el presidente Peña Nieto rechazó “cualquier acto de violencia”, en alusión a los destrozos causdos por cetegistas a las sedes de cuatro partidos en Chilpancingo y dijo que “las protestas (de los maestros) no tiene justificación alguna”. El Ejecutivo federal dijo que el gobierno de la Re-pública estará en colaboración con el gobierno de Aguirre para que tenga vigencia el “Estado de derecho” en Guerrero, lo que se interpretó como un apoyo a la detención de los dirigentes de la CETEG.