No ha investigado el Estado mexicano las ejecuciones en El Charco, denuncian ante el relator de la ONU

Mariana Labastida

Relatos de sobrevivientes, sus nombres, el de los ejecutados extrajudicialmente, detenidos y heridos, imágenes de fotografías de la masacre publicadas en medios, así como la referencia de acciones en otros casos, contiene el informe de la Red Solidaria Década contra la Impunidad sobre la masacre de El Charco ocurrida el 7 de junio de 1998.
La asociación es presidida por el obispo de la diócesis de Saltillo, José Raúl Vera López,  tiene estatus consultivo ante la Organización de los Estados Americanos y buscan erradicar la impunidad y contribuir a un proyecto de sociedad justa.
El domingo, representantes de la Red se reunieron con el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Christof Heyns, en el informe de 21 páginas entregado por escrito exponen que el Estado mexicano no ha impulsado un proceso judicial que determine con claridad las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la comunidad de El Charco.
El Estado mexicano declaró que eran guerrilleros las personas muertas de la masacre y no cumplió con la obligación de investigar y sancionar a los responsables, “por lo cual se consolida un cuadro de impunidad que no garantiza, a futuro, la no repetición de hechos similares”. Y hace referencia a dictámenes de la Corte Interamericana y de la ONU de otros casos similares, acciones que no han sido acatados en México donde “a casi 15 años el Estado mexicano se mantiene indiferente y en silencio”.
En el informe entregado al relator se hace una reseña de lo ocurrido en Guerrero empezando con la guerra sucia, posteriormente la masacre de Aguas Blancas y la conformación y acciones del Ejército Popular Revolucionario (EPR) para contextualizar el período en el que se dio la agresión en El Charco, donde se realizaba una reunión de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos.
En dicha reunión, donde se planteó la conformación de un municipio autónomo mixteco, llegó un grupo armado que al final de la asamblea informó que eran integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, conformado luego de la ruptura con el EPR.
Se relata que al final de la asamblea en la escuela Caritino Maldonado, se quedaron a pasar la noche indígenas nu’saavis, dos estudiantes universitarios, un activista social, 10 integrantes del nuevo Ejército Revolucionario, quienes durmieron en dos de las cuatro aulas de la primaria.
En el relato se hace la referencia de que el comandante de la novena región militar, Luis Humberto López Portillo Leal, que encabezaba el grupo junto con el comandante de la 27 zona militar, Juan Alfredo Oropeza Garnica, fue también señalado en el 2004 por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de ordenar la ejecución sumaria de cinco indígenas zapatistas.
El grupo militar a las 2 de la madrugada del 7 de junio de 1998 llegó a la escuela de la comunidad de El Charco disparando y gritando con megáfonos “pinches indios”, “les vamos a dar en su chilate”, “los vamos a matar”, lo cual despertó a quienes estaban en el interior de las aulas que preguntaron quiénes eran, a lo que respondieron que el Ejército.
En el texto se indica que aunque les dijeron que estaban desarmados, les respondieron que estaban relacionados con gente armada y les lanzaron granadas, y algunos lograron escapar. Cuatro horas después del primer ataque, a las 6 de la mañana con poca luz de día, un grupo de indígenas decidió salir, encabezados por Honorio García Lorenzo, a quien le ordenaron salir con las manos en alto y que se tirara en la cancha, y al hacerlo empezó la agresión sobre los salones, a los cuales tiraron granadas. Los militares dispararon sobre las dos aulas desde diferentes puntos, “todas las familias abandonaron sus hogares y huyeron hacia el monte cuando entendieron que el jefe militar que hablaba por el megáfono amenazaba con acabar con toda la población”, recuerda Erika Zamora una de las sobrevivientes en un texto extraído del libro Violencia en Guerrero, de la periodista de El Sur, Maribel Gutiérrez.
A las 7 de la mañana la estudiante universitaria, Ericka Zamora gritaron que estaban desarmados, que saldrían, y detrás de ella, hacia la cancha, iba el indígena Mario Chávez García, herido, sin embargo, cuando llegaron al lugar les empezaron a disparar y la joven se dio cuenta de que estaba llena de sangre de Chávez García.
De acuerdo con el relato de la sobreviviente que se plasmó en el informe para el relator de la ONU se indica que sólo había tres muertos, Honorio García Lorenzo, que fue el primer indígena en salir, José Rivera Morales y Ricardo Zavala Tapia. En el salón estaban heridos Fernando Félix Guadalupe y Ceferino Damián Marcos, que después aparecieron entre los muertos.
Lo mismo ocurrió con Mauro González Castro, ex comisario de la Comunidad de Ahuacachahua y Apolonio Jiménez García. Los sobrevivientes, Ericka Zamora, Efrén Cortes Chávez, Anastasio Ramírez Simona y Juan García de los Santos, relataron que “los soldados dispararon contra todos los que estaban en la primaria, que se encontraban rendidos y desarmados, tirados boca abajo, que el Ejército les disparó desde el techo de las aulas y desde donde estaban apostados alrededor de la cancha”.
Los que escaparon caminaron hasta la cabecera municipal de Ayutla de los Libres e informaron de la masacre, sin conocer el número de muertos, heridos y detenidos. En El Charco los sobrevivientes se dieron cuenta que todo el perímetro de la escuela estaba rodeado por militares así como personas vestidas de gris.
A las 3 o 4 de la tarde los sobrevivientes detenidos fueron trasladados a las instalaciones del 48 batallón de infantería en Cruz Grande, y después al cuartel de la novena región militar, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público Militar.
El texto señala el reclamo de la entonces alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, quien envió una carta al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en la que indicó que la versión de un enfrentamiento casual, como lo informaron las autoridades del Ejército, no era creíble debido a que Oropeza Garnica era responsable de la zona militar ubicada en el Ticuí, a más de 100 kilómetros de la comunidad de El Charco y demandó una investigación honesta.
Las personas ejecutadas extrajudicialmente fueron 11, 22 personas detenidas, de las cuales cinco han muerto en circunstancias no claras después de la masacre, y cinco personas heridas, una de ellas asesinada después y otro preso en el 2003 acusado de asesinato.
También, se incluyen breves testimonios de lo que vivieron las viudas de algunos de los ejecutados para poder reclamar los cuerpos.